La iniciativa legislativa presentada en la Cámara alta se fundamenta en “la preocupación” por el alcance de las nuevas funciones asignadas a los organismos de inteligencia y su impacto en el marco institucional del país.
La senadora de la provincia de Buenos Aires Mónica Macha, integrnate del bloque de la alianza que gobierna la provincia, presentó un proyecto de declaración ante la Legislatura bonaerense para manifestar su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reforma la Ley de Inteligencia Nacional y modifica las facultades de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
La iniciativa legislativa se fundamenta en la preocupación por el alcance de las nuevas funciones asignadas a los organismos de inteligencia y su impacto en el marco institucional del país.
La reforma impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional dispone la creación de la Agencia Nacional de Contrainteligencia y establece que todas sus actividades tengan carácter encubierto por razones de seguridad estratégica.
Asimismo, el decreto centraliza en la SIDE el control de los presupuestos del área y la gestión de los gastos reservados, al tiempo que disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar para transferir sus recursos al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo el argumento de eliminar superposiciones operativas.
En su presentación, la senadora Macha advirtió que estos cambios podrían afectar la transparencia democrática y los principios republicanos, señalando que la normativa permite a los organismos de inteligencia solicitar apoyo técnico o logístico a las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas de manera discrecional.
Según el texto del proyecto presentado, la legisladora considera que el fortalecimiento de la democracia requiere mantener una separación estricta entre las áreas de inteligencia, seguridad interior y defensa nacional.
Finalmente, el proyecto de repudio exhorta al Congreso de la Nación a aplicar los mecanismos de control previstos en la Ley 26.122 para evaluar la constitucionalidad del decreto.
La propuesta busca que el Senado bonaerense fije una postura oficial respecto a la necesidad de que las políticas de inteligencia se ajusten a los estándares vigentes de legalidad y control civil, en el marco de las garantías establecidas por los tratados internacionales de derechos humanos.