Hubo dos proyectos de resolución, uno de Provincias Unidas y otro de Unión por la Patria. La resolución 4/26 firmada por Monteoliva disolvió definitivamente la fuerza creada en 2024 para reforzar la lucha contra el narcotráfico en Rosario.
La semana pasada, el Gobierno nacional comunicó la disolución total del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO), el cual fue creado en la gestión de Patricia Bullrich con la idea de reforzar la lucha contra el crimen organizado en Santa Fe. A través de la Resolución 4/2026 publicada del Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, informó la decisión.
En rigor de esta medida del gobierno de Javier Milei, los diputados santafesinos de Provincias Unidas, Esteban Paulón y Pablo Farías, presentaron un proyecto de resolución en el que solicitan al Ministerio y al ARCA los detalles de la disolución. Además, exigen conocer cómo garantizará el Estado argentino el cumplimiento del Programa Global de Contenedores; y qué informes técnicos en causas vinculadas a narcotráfico y delitos conexos realizó el organismo fiscal.
“La derogación anticipada del dispositivo, sin una evaluación pública, objetiva y fundada de su desempeño conforme a parámetros previamente establecidos, configura una decisión de carácter eminentemente discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional, cuya motivación resulta insuficiente a la luz de los propios considerandos invocados en la Resolución 4/2026”, cuestionaron los integrantes de Provincias Unidas.
También señalaron que resulta “preocupante” que “los supuestos resultados positivos alcanzados por el esquema de coordinación aparecen paradójicamente utilizados como justificación para su disolución”.
En el final, afirmaron que “no quedan en claro entonces las motivaciones que son tenidas en cuenta para tamaña decisión puesto que la lógica, y en base a lo esgrimido por el propio Ministerio de Seguridad, indicaría que es una política pública a profundizar ya sea para continuar con los resultados positivos o mejorarlos pero nunca eliminar algo que funciona bien -y menos aún en áreas tan sensibles como son el narcotráfico, la narcocriminalidad y la vida de los rosarinos”.
En la misma línea, la diputada camporista Florencia Carignano presentó un proyecto de resolución con el mismo espíritu y apuntó que “la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico constituyen responsabilidades indelegables del Estado Nacional y que cualquier modificación de los dispositivos federales en territorio provincial debe fundarse en criterios objetivos, evaluaciones de impacto y garantías de continuidad operativa, a fin de evitar retrocesos que pongan en riesgo la integridad de la población”.