El diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC-ARI) destacó que la Cámara Criminal y Correccional Federal porteña instó al titular del Juzgado Federal N° 8, Marcelo Martínez De Giorgi, a que no se demore en el avance de la causa $LIBRA, y que haga lo necesario para producir las pruebas que permitan esclarecer la situación de las personas investigadas.

Además, se pronunció sobre el congelamiento de fondos y bienes de los imputados, y le encomendó al juez federal que eleve el monto de embargo que se había fijado inicialmente en $36.875.000.

“La decisión va en la dirección correcta. Eso sí, acelerar no es cerrar la causa ni consagrar impunidad”, resaltó Ferraro y planteó que “es urgente que el fiscal investigue en serio y que el juez dicte, de una vez, las medidas que corresponden y que esperan desde hace casi un año”.

Así, enumeró que se cite a declarar a los involucrados; que se informe si se realizaron los cruces de llamadas y cuáles fueron sus resultados, en particular los del 14 de febrero de 2025; que se avance en la pesquisa del contrato de $LIBRA, así como en la identificación de quién lo proveyó al Presidente; que se profundice el análisis de la ruta del dinero, donde ya se confirmaron transferencias entre los protagonistas e intermediarios sospechosos, y que, con ese dinero, el propio informe del Ministerio Público (Sistema Federal de Investigación de Activos Ilícitos) señala que pudieron haberse pagado dádivas a funcionarios públicos.

El diputado recordó que la justicia cuenta con el informe final que elaboró la Comisión Investigadora “con conclusiones, pruebas e hipótesis ratificadas por investigaciones periodísticas y por especialistas. Con toda esa información, quedó demostrado que no se trató de un hecho aislado ni que el Presidente haya sido ‘sorprendido’ por los acontecimientos. Todo se sabía, y la Justicia no puede desentenderse de estos vínculos previos y de los preparativos”.

“Con toda esta información pública, con los encuentros comprobados y las relaciones acreditadas entre los organizadores de $LIBRA y funcionarios del Estado argentino, llegó la hora de que la Justicia haga las citaciones, profundice la investigación, esclarezca la eventual participación institucional del Estado y determine los cruces de llamadas y las comunicaciones con el Presidente y su círculo más cercano”, cerró su posteo.