La transición venezolana se redefine lejos de Caracas: acuerdos de poder, liderazgos legitimadores y negociaciones externas delinean un escenario donde la reconstrucción democrática dependerá tanto del orden interno como de las fuerzas que hoy influyen desde Washington.
La visita de María Corina Machado a Donald Trump no fue un gesto protocolar ni una postal diplomática: fue una señal contundente de que el futuro de Venezuela se discute hoy fuera de sus fronteras. En un contexto de colapso institucional y reconfiguración del poder tras la salida de Nicolás Maduro, Washington se ha convertido en el epicentro de las decisiones estratégicas sobre la transición venezolana. Como ocurrió en otros momentos clave de la historia latinoamericana, el poder real se desplaza allí donde se concentran los intereses estratégicos globales.
El acuerdo alcanzado entre Donald Trump y Delcy Rodríguez responde a una lógica clásica de realpolitik, similar a la que marcó otros procesos de salida negociada en la región. Rodríguez se habría comprometido a ejecutar un gobierno de transición bajo lineamientos definidos por Estados Unidos —orden institucional, estabilidad económica y alineamiento geopolítico— a cambio de garantías personales e impunidad. No es un esquema novedoso: Chile transitó el final del pinochetismo con enclaves de poder intactos; Colombia firmó la paz priorizando la estabilidad sobre la sanción plena; y en Brasil, la transición pos-Bolsonaro se apoyó más en acuerdos políticos que en rupturas estructurales.
En ese marco, el compromiso asumido por Trump con María Corina Machado se asemeja al rol que cumplieron figuras legitimadoras en otros procesos latinoamericanos. Machado aparece como la líder destinada a encarnar la fase democrática posterior, una vez ordenado el poder real. Algo similar ocurrió con Patricio Aylwin en Chile o con Violeta Chamorro en Nicaragua: liderazgos civiles con alto respaldo moral que accedieron al poder luego de pactos previos entre las élites políticas y los factores de fuerza.
La transición pactada venezolana, sin embargo, enfrenta un desafío mayor. A diferencia de otros casos regionales, el deterioro económico y social es profundo y la desconfianza ciudadana es extrema. Los acuerdos de impunidad pueden ofrecer gobernabilidad inmediata, pero también reproducen lógicas que ya fracasaron en países como Guatemala o Honduras, donde las transiciones incompletas derivaron en democracias frágiles, capturadas por intereses corporativos y redes de poder informal.
Venezuela vuelve así a convertirse en un laboratorio político para América Latina. Para la Argentina y la región, el mensaje es claro: la política internacional no se rige por principios abstractos, sino por equilibrios de poder. La legitimidad moral, como demuestra Machado, es indispensable; pero la experiencia regional enseña que sin control del proceso transicional y sin garantías institucionales, esa legitimidad corre el riesgo de quedar subordinada a acuerdos definidos fuera del país. Hoy, como en otros momentos de nuestra historia, el destino de una nación latinoamericana se juega lejos de sus plazas, y muy cerca de los centros del poder global.
Andrés Vallone es consultor y ex diputado nacional