El año pasado, las reelecciones indefinidas volvieron a la agenda política de la provincia de Buenos Aires. El resurgimiento e impulso de esta discusión por parte del gobierno bonaerense fue producto de, al menos, tres factores: primero, la necesidad de blindar bastiones y potenciales candidatos para el 2027; segundo, la fuerza legislativa que obtuvo el oficialismo en las elecciones de septiembre da lugar a reformas que en otro contexto no podría realizar el oficialismo provincial; y, tercero, aprovechando el éxito del tratamiento del Presupuesto y la Ley Fiscal e Impositiva 2026, el gobierno provincial busca cerrar las internas dentro del peronismo con miras a la elección presidencial.

En 2016, la Ley 14836 estableció un freno a la reelección indefinida para cargos provinciales y municipales, limitándolo a solo dos mandatos consecutivos para evitar la concentración excesiva de poder. En 2021 fue reformada -o “toqueteada”- para que los intendentes que no cumplieron con sus cuatro años de mandato puedan intentar una re-reelección. Como, por ejemplo, un intendente que pide licencia para ser diputado provincial o ministro. Así, las restricciones del 2016 fueron flexibilizadas y allanaron el camino para una futura restauración total de las reelecciones indefinidas.

Las reelecciones indefinidas no son una novedad ni de producto argentino, es una práctica común en el mundo para darle apariencia de legalidad a democracias de fachada o erosionar gradualmente al orden democrático. Aunque intenten convencer de que “es una modernización”, como en El Salvador, que “impedir la reelección es proscriptivo”, como sostiene Carlos Bianco, o que “no se debe permitir que un grupo de improvisados se haga cargo del municipio” como declaró el intendente de Necochea. Todos los pretextos presentados no son más que un intento de encubrir la manipulación: parte de una ingeniería electoral diseñada solo para perpetuarse en el poder y dejar fuera de juego a cualquier opositor. Sea en El Salvador, Venezuela, en alguna provincia o sindicato, la lógica es la misma: acaparar todo el poder y moldear las leyes para desmantelar el orden democrático vigente.

Si bien el kirchnerismo impulsó la iniciativa, dentro del mismo no hay una postura única. Kicillof busca restablecer la reelección indefinida para intendentes, mientras que el sector de Luis Vivona plantea reinstaurarla solo para cargos legislativos. El interés por cambiar las reglas de juego no termina ahí: la UCR también observa el debate, por el riesgo de que varios intendentes no puedan competir en 2027. E incluso, en menor cantidad, en el Pro y en La Libertad Avanza también siguen de cerca la discusión; aunque no lo manifiesten por el costo que representaría dentro de sus partidos. Mientras Kicillof quiere complacer a los intendentes, otros quieren salvar su continuidad y otros mantener el poder de partidos en declive. La dirigencia política, y no solo el kirchnerismo, volvió a encerrarse en su propio juego de poder, blindándolo incluso a costa de sus propias bases e ignorando la advertencia de 2023: un electorado defraudado buscó un camino radicalmente distinto.

Mientras tanto, la dirigencia sigue sin atender con urgencia las carencias de una sociedad cada vez más empobrecida y vulnerable. Como señaló la legisladora Sofía Vannelli: “en lugar de discutir los problemas reales de los bonaerenses, estamos debatiendo las re-re-re de legisladores. No entendieron nada. Votar a favor solo nos pone más lejos de la gente”. La política necesita desde hace años de una renovación para traer y mejorar políticas públicas, reducir los abusos de poder, y que el gobernante responda a las demandas sociales. Sin una renovación -y con sucesivos “toqueteos” a las reglas electorales- a mediano y largo plazo, se terminará por desmantelar el sistema de pesos y contrapesos dentro del Estado; se dinamitará la confianza en las elecciones, y, por ende, la confianza en el régimen democrático; se quitará la alternancia al sistema político; y se fomentará la despolitización de la política.

Impedir las re-reelecciones no es atentar contra la voluntad popular, sí lo es sostener a los mismos gobernantes enquistados en el Estado, como nobles aferrados a sus feudos. Sin una alternancia en el poder, pilar del sistema republicano, la política deja de ser una herramienta de cambio para la sociedad y esta queda marginada de las decisiones del más fuerte.

Guillermo Fernández es politólogo de la UBA, especialista en política legislativa