Es sabido que los años electorales suelen presentar una merma en el trabajo parlamentario en las diferentes Cámaras. Sin embargo, el 2025 fue uno de los ciclos más complejos para la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: proceso electoral, la atomización de los bloques que componen la Casa y la falta de acuerdos políticos hicieron que el desarrollo de los debates en el recinto fuese más complicado que nunca.

Bajo la conducción de la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, el Parlamento porteño vivió uno de sus años con menor actividad parlamentaria en el recinto: solo se efectuaron cuatro sesiones especiales -dos de las cuales corresponden a la presentación del jefe de Gabinete, quien asiste para dar detalles de la gestión de Jorge Macri y responder consultas de los legisladores- y cinco sesiones ordinarias, la cuál incluye la sesión inicial en la que el alcalde porteño expuso sus planes para ese ciclo.

Lo cierto es que más allá de la merma en los encuentros en el recinto, la Legislatura mantuvo una gran actividad en comisiones, donde los diputados debatieron activamente numerosos proyectos y lograron saldar deudas históricas para el distrito capitalino.

Tan es así que el año cerró con una sesión maratónica que fue sumamente cuestionada: tuvo que retrasarse en cinco oportunidades debido a la falta de acuerdos entre las diferentes bancadas y algunos de los proyectos más importantes de la jornada terminaron aprobándose por la madrugada, casi entre gallos y medianoche. Sin embargo, y pese a esto, se trató de un día clave para la Casa debido a la importancia de los textos que los legisladores pusieron en debate.

De esta manera y con una fuerte resistencia opositora, la Ciudad aprobó el Presupuesto 2026, en el cual se contemplaron cambios en el impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), pone el foco en la obra pública y la reducción de la carga tributaria para prestadores de servicios no profesionales.

La medida contó con el aval de los bloques Vamos por Más (VxM), La Libertad Avanza (LLA), Consenso Federal (CF), Coalición Cívica (CC ARI), Unión Cívica Radical - Evolución (UCR-Ev), Confianza Pública (CP), Volver al Futuro (VF) y Republicanos Unidos (RU); y el rechazo de Unión por la Patria (UP) y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT).

El texto en cuestión estimó un presupuesto de 17,3 billones de pesos, el cuál tomó como referencia las pautas macroeconómicas y el cuadro macro fiscal que establece el presupuesto nacional: en ese sentido, se calculó un crecimiento del 5%, un nivel de precios del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para fines del próximo año. De acuerdo a las proyecciones del Gobierno porteño en la Ley de Leyes, la misma tendría un resultado financiero superavitario de seis mil millones de pesos.

Además, en esa misma jornada se saldó una deuda histórica de la Ciudad con la aprobación de la creación del Servicio Penitenciario porteño y su correspondiente Régimen Jurídico. La norma fue aprobada con 55 votos positivos y solo tres rechazos, todos correspondientes a los diputados del intervalo que del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT).

Según los textos del proyecto, el objetivo es garantizar un modelo de custodia segura, impulsando políticas modernas de tratamiento, reintegración social y reducción de la reincidencia, profesionalizando al personal, tanto en la mejora de las condiciones laborales como en el establecimiento de controles internos y externos. Además, la iniciativa contempló la creación de la Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social, un organismo civil, desconcentrado, especializado y auxiliar del Poder Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia de la Ciudad, que se organizará bajo los principios de legalidad, seguridad y tratamiento, debido proceso, respeto por los derechos humanos, ética pública, transparencia y rendición de cuentas.

Ese día la Casa puso en debate más de 400 iniciativas entre proyectos de ley, declaración y resolución, entre los cuales logró avanzar con otro reclamo constante por parte de los vecinos: aprobó un plan masivo de castraciones. De manera tal que, por primera vez en su historia, la Ciudad tendrá un sistema masivo, gratuito y sistemático de castraciones, una plataforma única para animales perdidos y un programa de apoyo económico a rescatistas.

El texto estableció que el Gobierno de la Ciudad deberá realizar entre 200.000 y 300.000 castraciones por año, alcanzando una cobertura mínima del 20% de la población total de perros y gatos. Este porcentaje es el estándar técnico que permite estabilizar la curva de nacimientos y avanzar hacia el objetivo de una Ciudad con cero perros callejeros, el más ambicioso de la región.

Además, la normativa creó una plataforma digital oficial del Gobierno de la Ciudad que centralizar toda la información sobre: perros y gatos perdidos; animales encontrados y en tránsito; postulaciones de adopción responsable; donaciones para organizaciones rescatistas; y derivación a denuncias por maltrato animal. Hasta hoy, este trabajo recaía en voluntarios a través de las redes sociales, sin un sistema unificado.

A lo largo de todo el año parlamentario, el bienestar animal fue uno de los temas que más debate generó. De manera tal que los diputados porteños acordaron una serie de modificaciones al Código Contravencional y de Faltas de la Ciudad, endureciendo las sanciones y creando un sistema más estricto de control para los casos de maltrato animal.

También se incorporaron medidas fundamentales para quienes ejercen crueldad hacia los animales: multas más severas, de hasta 8 millones de pesos; más días de trabajo comunitario e incluso arresto para quienes hostiguen, abandonen o mantengan animales en condiciones inadecuadas. Además, se establecieron nuevas contravenciones, como el abandono de animales en vehículos y la cría ilegal; la creación del Registro de Maltratadores de Animales para los condenados por abandono, menoscabo o cría de animales. Estarán inhabilitados para convivir o trabajar con animales.

En otro orden de cuestiones y por unanimidad de la Casa, se creó un Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, a fin de regularizar las deudas de los emprendedores. El programa en cuestión está destinado a los contribuyentes o responsables de los tributos cuya aplicación, percepción y/o fiscalización está a cargo de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), de manera tal que podrán regularizar las obligaciones vencidas al 31 de diciembre de 2024, inclusive.

Más allá de esto, uno de los debates que cruzó a la Legislatura de la Ciudad y el país en general, tuvo que ver con el fuerte reclamo salarial que llevaron adelante los trabajadores del Hospital de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan". Esto provocó una serie de discusiones entre los legisladores, tanto en las comisiones como el las redes sociales, y derivó en la aprobación de un texto de declaración por parte de la Casa en el que apoyó el pedido de los residentes.

Otro tema que también generó numerosas discusiones entre los diputados de las diversas bancadas tuvo que ver la gratuidad del acceso a la red de subterráneos para jubilados y pensionados. Esto generó fuertes resistencias dentro de la Casa, de manera tal que cuando el texto llegó al recinto, La Libertad Avanza (LLA) se abstuvo de votar.

No obstante, la iniciativa fue sancionada y podrán acceder al beneficio aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos mensuales no superen el valor de dos y medio haberes mínimos jubilatorios fijados por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS). Es el equivalente a $772.500 sin contar el bono. Para obtener este beneficio, las personas alcanzadas por la presente ley deberán requerir un pase gratuito. El mismo podrá gestionarse en todas las estaciones cabecera de subterráneos y en todas las sedes comunales, en los días y horarios que disponga la autoridad de aplicación.

Un rechazo constante

El año parlamentario inició con un fuerte revés para Vamos por Más (VxM) y que marcaría las dificultades que tendría el oficialismo para lograr avanzar con proyectos esenciales para el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Es que, en el marco de la primera sesión ordinaria, volvió a fracasar el intento de que la Ciudad avance con una serie de beneficios fiscales referentes a los tributos de Ingresos Brutos y Sellos, y por otra parte propone la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La iniciativa fue reservada y se acordó que se continuaría analizando en profundidad en el seno de la Comisión de Presupuesto. El texto planteaba una serie de modificaciones al Código Fiscal a fin de establecer beneficios fiscales para los pequeños contribuyentes inscriptos en el “Régimen Simplificado” del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, siempre que sean personas humanas y su actividad económica principal consista en la prestación de servicios.

En ese contexto, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Paola Michielotto (VxM), afirmó que “es un proyecto fundamental para la vida de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires” y consideró que “estas iniciativas representan medidas de alivio fiscal y un alivio para miles de personas que atraviesan una situación difícil”.

Sin embargo, el rechazo del resto del resto de las bancadas no se hizo esperar. Por su parte, el diputado de Unión por la Patria (UP) Matías Barroetaveña indicó que “la falta de reacción política es evidente, frente a un Ejecutivo que tiene esta situación y su respuesta es esta, entonces es momento que la Legislatura se ponga sobre sus hombros lo que les pasa a los porteños y ver de qué forma afectarlos menos. Tardamos seis meses en volvernos a juntar acá, ahora tampoco nos pusimos de acuerdo. Está clara la falta de acción”.

A su turno Mercedes Trimarchi del FIT explicó que “este nuevo régimen impositivo se promete bajar algunos impuestos, lo presentan como un gran alivio fiscal que favorece a todos los vecinos, pero la verdad es que no. La inmensa mayoría de nuestros trabajadores tienen salarios de pobreza, las maestras tienen tres turnos, las enfermeras también” y remarcó que “no se le da respuestas a las familias de la Ciudad que no pueden pagar un alquiler”.

Además, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Marina Kienast destacó que “siempre vamos a estar a favor de bajar los impuestos, pero ¿hace cuánto tenemos una oportunidad concreta y no lo hacemos? Bajar los impuestos no es una moda, es una decisión política y hace tiempo que no están dispuestos a hacerlo” y propuso una serie de cambios en el Régimen Simplificado.

“La Ciudad tiene margen fiscal suficiente para aliviar la carga tributaria sin caer en déficit. No vinimos a hacer lo políticamente correcto. No gobernamos por encuestas. Tenemos convicciones, tenemos rumbo y lo vamos a cumplir. Se lo debemos a los porteños que nos eligieron”, siguió.

Finalmente, desde Confianza Pública (CP) Sebastián Nagata aseveró que “este paquete de medidas fue anunciado en plena campaña electoral, presentado como un alivio fiscal para los vecinos. Nosotros planteamos nuestra duda sobre si era un alivio real o solo era una campaña, pero está claro, a todas luces, que es insuficiente”.