Diputados de distintos bloques presentaron un proyecto que propone un programa de desendeudamiento familiar a través de créditos directos de ANSES, destinados a cancelar deudas con tarjetas de crédito y fintech mediante tasas de mercado y cuotas ajustadas a la capacidad de pago.
Mes tras mes, la morosidad por deudas con tarjetas de crédito sigue creciendo y golpea con más fuerza a los hogares argentinos. En medio de ese deterioro, un grupo de diputados opositores trabaja en una alternativa legislativa que comenzaría a debatirse desde el 1° de marzo, cuando se abran las sesiones ordinarias del Congreso. Se trata del “Programa de desendeudamiento de las familias argentinas”, una iniciativa que busca ofrecer alivio financiero a los sectores más comprometidos.
El proyecto propone la creación de una línea de crédito directa de ANSES destinada a jubilados, trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios de planes sociales. El objetivo es que estas personas puedan cancelar sus deudas con tarjetas de crédito y otros operadores no financieros, reemplazándolas por préstamos con condiciones “menos desfavorables”.
Los créditos contemplan un monto máximo de $1.500.000 y se otorgarían a tasas de mercado, calculadas en base a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales. A la vez, se fija un límite para evitar nuevos ahogos financieros: la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos del solicitante, con plazos a definir según su capacidad de pago.
El mecanismo de aplicación busca eliminar intermediaciones. El trabajador, jubilado o monotributista tramitaría el crédito ante ANSES —a través de una plataforma digital— e informaría cuál es la tarjeta o fintech a la que adeuda. Luego, ANSES cancelaría directamente esa deuda y comenzaría a cobrarle al beneficiario en cuotas. “Se sustituye una deuda con tasas muy altas, que ahoga financieramente a las familias, por otra pagable y respetuosa de las condiciones reales del mercado”, explican los autores.
La iniciativa también pone el foco en la sustentabilidad fiscal. Según sus impulsores, ANSES prestaría a tasas de mercado “por encima del costo de fondeo del sistema financiero”, por lo que la operatoria sería “una inversión rentable” para el organismo. Al mismo tiempo, permitiría que millones de familias salgan de esquemas crediticios considerados impagables.
El proyecto fue presentado por los diputados Guillermo Michel, Emir Félix, Juan Pablo Luque, Ernesto Alí, Victoria Tolosa Paz, Carlos Cisneros y Marianela Marclay (Unión por la Patria); Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot (Encuentro Federal); y Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba).
Según el texto, el universo potencial de beneficiarios abarca alrededor de 15 millones de personas, incluyendo jubilados y pensionados (hasta seis jubilaciones mínimas), titulares de AUH y asignación por embarazo, trabajadores registrados (hasta seis salarios mínimos), personal de casas particulares y monotributistas de las categorías A a D.
Los fundamentos del proyecto describen un contexto social en el que los ingresos deprimidos y los gastos fijos en alza empujaron a millones de hogares al endeudamiento para cubrir necesidades básicas como alimentos y servicios. Ese proceso derivó en un fuerte crecimiento de deudas con tarjetas y especialmente con los Operadores No Financieros de Crédito (OPNFC) —fintech, cooperativas, mutuales y cadenas comerciales— que ofrecen préstamos con tasas muy superiores a las del sistema bancario.
El anexo del proyecto detalla que la cartera de crédito fintech pasó de $724 mil millones (en valores ajustados entre julio de 2024 y julio de 2025) a $2,58 billones en julio de 2025. En paralelo, las tasas de interés de estos operadores se ubican en torno al 130% TNA, mientras que las tarjetas de crédito rondan el 92%, en un escenario de inflación anual del 30%.
Este encarecimiento aceleró el deterioro de la calidad crediticia: la irregularidad en los préstamos personales otorgados por OPNFC llegó al 20% en noviembre de 2025, muy por encima del sistema financiero regulado, que también alcanzó un pico histórico cercano al 8% para créditos a hogares. “El esquema actual no es sostenible ni para los deudores ni para los prestadores”, concluye el documento.