Entre las iniciativas presentadas se destaca la de la senadora Edith Terenzi que propone penas de tres a diez años con multas economías que actualmente superarían los diez millones de pesos. La UCR reclamó por el Plan del Manejo del Fuego.
Luego de que se reactivaran los focos de incendios forestales en la Patagonia, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical emitió un comunicado dirigido al Poder Ejecutivo de la Nación para pedir por la inclusión en el temario de sesiones extraordinarias del proyecto de ley que propone tipificar el ecocidio y las formas especiales de criminalidad ambiental para su incorporación al Código Penal de la Nación.
Además, el partidario centenario que tiene como titular al santafesino Leonel Chiarella, impulsó una campaña solidaria de recolección de fondos destinada a la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut que comenzó la semana pasada en redes sociales y que lleva recaudado “más 7 millones de pesos”.
En línea con los reclamos de la oposición, señalaron en el comunicado que “la subejecución del Plan del Manejo del Fuego está en un 25% del presupuesto y representa aproximadamente 20.000 millones de pesos que dejaron de usarse para fortalecer al sistema nacional y a las jurisdicciones provinciales”. Por ello, exigieron informes sobre los alcances de la política ambiental y la ampliación de las partidas destinadas al Fondo Nacional de Manejo del Fuego. forestales.
En los últimos días ingresaron a Mesa de Entradas del Congreso de la Nación un proyecto de modificación del artículo 186 del Código Penal de la Nación para elevar las penas a quienes causen daños ecológicos. El texto lleva la firma de Sergio Capozzi, Gisela Scaglia, Alejandra Torres, María Inés Zigaran y José Núñez de Provincias Unidas; y del diputado formoseño Atilio Basualdo que integra La Libertad Avanza.
No obstante, en la Cámara alta, la senadora chubutense Edith Terenzi presentó un proyecto de ley para “tipificar el ecocidio y las formas especiales de criminalidad ambiental para su incorporación de modo sistémico al Código Penal de la Nación”. Además, lo define como “el daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y sus reglamentaciones nacionales y provinciales, de manera que comprometa los derechos de las generaciones actuales y futuras”.
La legisladora alineada al gobernador Ignacio Torres propone penas que van de los tres a los diez años con multas que equivalen a 30 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. En la actualidad, serían poco más de 10 millones de pesos para quienes sean considerados culpables por la destrucción del medio ambiente de forma intencionada.
“La creciente degradación de los ecosistemas a escala global, regional y nacional exige una respuesta clara, contundente y eficaz del derecho penal, como última ratio de protección de los bienes jurídicos fundamentales, como el presente”, consideró la senadora chubutense con origen en el radicalismo.
Para terminar, sostuvo que “la necesidad de incorporar esta figura penal se basa en la gravedad del daño ambiental que determinadas actividades humanas provocan sobre los ecosistemas”, y concluyó: “Frente al colapso ecológico global y a la inacción de muchos actores estatales y privados, el reconocimiento del ecocidio como delito autónomo se vuelve no solo urgente, sino imprescindible”.