Tras dos años de tropiezos y aprendizajes en el Congreso, La Libertad Avanza enfrenta el nuevo tramo del período extraordinario con mayor volumen propio y mejor oficio parlamentario. Aun sin mayorías, el Gobierno afina acuerdos con gobernadores y acelera los cálculos para asegurar la aprobación de la reforma laboral en febrero.
Si los dos primeros años del oficialismo en el Congreso fueron de aprendizaje, tendrá la oportunidad de demostrarlo en la segunda mitad del mandato del Gobierno libertario, con el plus de contar con muchos más legisladores propios. Más del doble de diputados y el triple de senadores, aunque en ninguno de los casos eso represente una mayoría. Pero son números que se adecuan mejor a un oficialismo.
Con todo, la cantidad de legisladores propios con que cuenta La Libertad Avanza deja claro que tendrá que trabajar duro para cada ley, no solo para garantizar el quórum para abrir las sesiones, sino también -obviamente- para aprobar cada norma. Y, de yapa, evitar que en el camino a la aprobación en particular se pierdan artículos o cambien detalles importantes de cada ley.
La garantía de contar con el aprendizaje adquirido en estos dos primeros años de gestión se vislumbró con la aprobación de las dos leyes que impulsó en la primera tanda de extraordinarias. A diferencia de lo que sucedió sobre todo con el primer debate de la Ley de Bases, se ve que el oficialismo sabe que debe llegar al recinto con la garantía de tener los votos para cada ley. No hay nada peor para un Gobierno que llegar al recinto a ciegas. Mejor dicho, sí hay algo peor: perder las votaciones.
Algo que sufrió a repetición a lo largo del año pasado, cuando el oficialismo estableció un nuevo récord: fue el primer partido de gobierno que a lo largo de un período extraordinario no pudo aprobar ni una ley que haya impulsado. Y, por el contrario, todo lo que salió votado en ambas cámaras fue a instancias de la oposición.
Debió conformarse el gobierno libertario con mantener vetos -no todos- y frenar algunas leyes. La más significativa: la reforma de la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia, que tuvo media sanción y fuertes chances de salir como ley, pero gracias al resultado del 26 de octubre quedó archivada.
Ahora cuenta con más fuerza legislativa, pero también con mejor expertise, a partir de la pericia adquirida y haber sumado a sus filas legisladores experimentados -en buena medida a instancias del Pro-. Eso les sirvió para cambiar sobre la marcha, por ejemplo cuando en diciembre pasado el oficialismo pareció engolosinarse y quiso cerrar el año con algunas medias sanciones originalmente no previstas. Puntualmente la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares. Ante la posibilidad de tener un traspié, se decidió postergar el debate en el recinto para el mes de febrero.
Fundamentalmente por el proyecto de Modernización Laboral, que obviamente era el que despertaba mayores resistencias. Fue clave para eso el traspié en el recinto con el Capítulo XI del Presupuesto 2026, que obligó a reconfigurar todos los planes.
El baño de realidad que se ha dado el oficialismo incluye la decisión de postergar debates que pudieran ser azarosos. Es el caso de la reforma del Código Penal, que estaba claro que no saldría en extraordinarias, razón por la cual se optó por dejar el tema para el período ordinario.
Está claro que la gran batalla que viene es la de las leyes laborales, que el Gobierno se propone dar para el 10 de febrero. El texto ya tiene dictamen, pero no se descarta que haya alguna modificación extra que se acuerde previamente para hacer en el recinto.
Algunos actores interpretaron el impasse hasta ese mes como la posibilidad de seguir discutiendo cambios. Es el caso de los gremios. En diálogo con la conducción del bloque libertario en el Senado, uno de ellos planteó la posibilidad de presentar sus propuestas de cara al debate, pero recibió una respuesta contundente desde el entorno de Patricia Bullrich: “El debate en comisiones ya se dio y no va a reabrirse. Los invitados ya pasaron por el plenario, incluso la CGT, que no propuso nada, así que el tiempo para sugerencias concluyó”, escucharon los sindicalistas, según pudo reconstruir parlamentario.com.
Lo cual no quita que no puedan escuchar sugerencias, sobre todo de organizaciones como CAME y la CAC, pero eso se da en el marco de las reuniones informales que a pesar del receso estival se siguen realizando. Mas solo habrá modificaciones obligadas por la necesidad de evitar algún traspié en el debate en particular.
Y la idea es que en febrero la reforma laboral concluya su recorrido legislativo, igual que sucedió con el Presupuesto en diciembre pasado. De ahí que el poroteo se haga febrilmente tanto en el Senado, como en Diputados.
El diálogo con los gobernadores
Para eso es clave el trabajo que lleva adelante el ministro del Interior Diego Santilli, que este viernes sumó el apoyo del gobernador rionegrino Alberto Weretilneck. En este caso, un apoyo formal nada más, pues este mandatario se quedó sin representación legislativa, al concluir el mandato del diputado Agustín Domingo y la senadora Mónica Silva. Las elecciones de octubre dejaron a Juntos Somos Río Negro sin nada en el Congreso nacional.
Más productivos en términos numéricos han sido los entendimientos alcanzados por Santilli con los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego; Chaco, Leandro Zdero; Salta, Gustavo Sáenz; Mendoza, Alfredo Cornejo; Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y Neuquén, Rolando Figueroa. Entre todos ellos suman una docena de diputados y cinco senadores.
Las perspectivas en cada cámara
Y ahí viene el poroteo. En la Cámara alta, el número clave es 37 y el oficialismo arranca con los 21 votos que aseguran el interbloque armado entre LLA, Francisco Paoltroni y Luis Juez. Mientras que el rechazo tiene firmes 28 votos. Algunos de los 28 peronistas podrían estar apoyando algunas cosas, como sucedió con el Presupuesto, pero no es el caso puntual de la Modernización Laboral (sí sucederá con Glaciares).
El Gobierno tiene que garantizarse la presencia y votos de 16 de los 23 senadores restantes. Ya citamos 5 senadores que responden a gobernadores que apoyan (los dos radicales mendocinos, otra radical del Chaco y las senadoras de Salta y Neuquén). Faltan 11.
La Libertad Avanza contará con los 3 senadores del Pro y la tucumana Beatriz Ávila, en tanto que los 7 votos restantes saldrán de entre los 7 radicales que quedan (varios ahí son votos seguros, como el de Carolina Losada); los 2 de Provincias Unidas; la chubutense Edith Terenzi; 2 santacruceños y los dos misioneros del Frente Renovador.
Mientras que en Diputados el oficialismo arranca con los 95 votos de La Libertad Avanza; los 12 del Pro y los 2 del MID, como seguros. Son 109 diputados, les falta una veintena. Producto del apoyo de los citados gobernadores, LLA cuenta con los 2 sanjuaninos de Producción y Trabajo; los 2 radicales chaqueños; 3 salteños 2 radicales mendocinos; 2 entrerrianos y una neuquina.
Le faltarían 8 diputados que debe buscar el Gobierno entre los 3 tucumanos de Independencia; 18 de Provincias Unidas; 4 del bloque UCR; 4 misioneros; 2 de la Coalición Cívica; 2 de País Federal; Karina Banfi; y tal vez 2 catamarqueños y 2 de Encuentro Federal.
Solo 8 de los 38 diputados que acabamos de citar: a priori, no parecería una faena tan empinada, lo que hace que el oficialismo encare con optimismo la segunda parte del período extraordinario.