El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad fue distinguido como el más laborioso del año de la Cámara alta, en el marco de la 33° edición del Premio Parlamentario, que surge de la tradicional encuesta que realiza anualmente la revista Parlamentario para reconocer a los legisladores nacionales más laboriosos.

En diálogo con este medio, el senador repasó el trabajo legislativo del año saliente en la en la Cámara alta y dejó en claro que “desde el Senado trabajé con una agenda clara: defender la educación pública de calidad, la ciencia y la tecnología; fortalecer el federalismo y a los municipios”.

En otro tramo de le entrevista, Abad puntualizó que la banca que asumió “es la banca de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina que quiere crecer”.

- En base a la encuesta que Parlamentario realiza todos los años, usted resultó ser elegido como el senador más laborioso del 2025. ¿Qué le representa esa distinción?

- Una premiación y un reconocimiento siempre son estimulantes. Reafirman que el trabajo y la dedicación permanentes están bien orientadas. En esta oportunidad, lo recibo con mucha gratitud y con un profundo sentido de responsabilidad. Este reconocimiento no es un logro personal, es el resultado de un trabajo colectivo, sostenido y serio que llevamos adelante desde el Senado de la Nación y que incluye las voces de ciudadanos e instituciones con los que dialogué, aprendí e intenté amplificar sus demandas, necesidades y proyectos.

La banca que asumí es la “banca” de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina que quiere crecer.

- Usted ya había recibido el Premio Parlamentario como diputado provincial y ahora lo obtiene como senador nacional…

- Creo que haber recibido el Premio Parlamentario -primero como diputado provincial y ahora como senador nacional- reafirma una manera de entender la política: con estudio, compromiso, vocación democrática y respeto por las instituciones. Pienso que en un país que necesita recuperar confianza, estos gestos reafirman la importancia de lo que denomino superávit institucional, una condición inseparable del superávit fiscal si es que queremos progresar.

- ¿Cuál es el balance legislativo de año 2025?

- Fue un año muy intenso. Desde el Senado trabajé con una agenda clara: defender la educación pública de calidad, la ciencia y la tecnología; fortalecer el federalismo y a los municipios; promover condiciones para el desarrollo productivo y cuidar a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Por eso, impulsé proyectos vinculados al financiamiento universitario, la inversión en ciencia y tecnología, la seguridad, las economías regionales, al desarrollo de las industrias como la pesquera y el turismo que exportan, atraen inversiones y consumos y generan empleo genuino y también presenté proyectos para fortalecer la calidad institucional. Al mismo tiempo, ejercimos un rol responsable de control, acompañando lo que consideramos positivo y marcando límites cuando se afectaban derechos, el federalismo o la previsibilidad.

- El Gobierno del presidente Milei logró finalmente aprobar el Presupuesto 2026. ¿Cuál es su mirada de eso?

- Siempre es mejor que un país tenga Presupuesto. Es una herramienta básica de orden, planificación y previsibilidad. En mi visión, el equilibrio fiscal no puede ser un fin en sí mismo, sino que debe ser un medio para favorecer el crecimiento. Sabemos que la Argentina necesita ordenar sus cuentas, pero también invertir en aquello que genera desarrollo. La experiencia internacional es aleccionadora. Sin inversión en educación, ciencia y tecnología no hay crecimiento sostenible. El desafío es lograr equilibrio macroeconómico con desarrollo y cohesión social. Sin eso, cualquier orden es frágil.

- El Gobierno logró también la sanción de la ley de Inocencia Fiscal para incentivar el uso de los dólares fuera del sistema.

- Argentina necesita que los recursos vuelvan a la economía real, pero eso no se logra solo con una ley. Se logra construyendo confianza, estabilidad y reglas claras. Nuestra posición fue clara: acompañar toda iniciativa que apunte a la normalización económica, pero sin premiar conductas irregulares ni debilitar los controles del Estado. La confianza no se decreta; se construye con instituciones sólidas. Por ello, presentamos propuestas concretas para que la normativa tenga progresividad, esto es que no obligue a tributar de la misma forma a un comercio de barrio que a una empresa multinacional. La disciplina fiscal se debe apoyar en criterios racionales y en esfuerzos equitativos.

- En febrero se debatirá la reforma laboral. ¿Cree que contará con el apoyo de los gobernadores que hoy acompañan al oficialismo?

- Las reformas laborales requieren diálogo social y político. No se trata de imponer modelos, sino de modernizar el sistema laboral, cuidando derechos y promoviendo el empleo formal. Muchos gobernadores entienden que el sistema necesita cambios, pero también saben que sin consenso y sin diálogo las reformas fracasan. El Congreso es un ámbito de construcción democrática y tenemos el desafío de generar una legislación laboral del siglo XXI. Valoro que la Argentina esté dispuesta a actualizar su legislación para de una vez por todas, poder debatir en torno a cuáles son las vías adecuadas para incentivar el desarrollo productivo en una economía internacional cada vez más competitiva.

- La nueva Ley de Glaciares es otro de los temas polémicos a tratar...

- Los glaciares son reservas estratégicas de agua y patrimonio ambiental. Cualquier modificación normativa debe basarse en evidencia científica, consenso federal y responsabilidad intergeneracional. Desarrollo y cuidado del ambiente no son incompatibles, pero requieren reglas claras y una mirada de largo plazo.

- ¿Está el Gobierno nacional en condiciones de profundizar su agenda de reformas en el Congreso?

- Las reformas profundas solo son posibles con diálogo político y respeto institucional. El Congreso no es una escribanía, pero tampoco debe ser un espacio de bloqueo permanente. Temas como ficha limpia, reformas tributarias, penales o de modernización del Estado son debates necesarios. Pero deben encararse con consensos amplios y con una visión estratégica del país que queremos construir.

- El presidente Milei calificó de “falsas” las críticas sobre la eliminación de pisos mínimos de inversión educativa y científica.

- Los datos son claros. Cuando se eliminan garantías mínimas de inversión, el riesgo es que educación y ciencia queden descuidadas. Argentina no va a salir adelante sin inversión sostenida en educación, ciencia y tecnología. No es un gasto: es la base del desarrollo, de la movilidad social y de la competitividad del país. Esta es una plataforma que siempre vamos a defender.

- ¿Cuál es su mirada en torno a la delicada situación de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por tropas norteamericanas?

- Lo primero que hay que decir con claridad es que no hay autodeterminación posible cuando un pueblo vive bajo una dictadura. La autodeterminación no es una consigna vacía ni un principio abstracto; requiere condiciones mínimas de libertad, elecciones libres, respeto por la oposición y garantías institucionales. Nada de eso existe hoy en Venezuela.

El régimen chavista ha anulado sistemáticamente la voluntad popular mediante fraudes electorales, persecución política, presos por razones ideológicas y graves violaciones a los derechos humanos. En ese contexto, pretender que el pueblo venezolano puede decidir libremente su destino es desconocer la realidad que vive millones de personas. Además, esta situación expone un fracaso de la comunidad internacional y de los organismos multilaterales, que han sido incapaces de generar una respuesta eficaz frente a una dictadura que vulnera derechos básicos de manera persistente. La inacción también es una forma de responsabilidad.

Defender la autodeterminación no es mirar para otro lado cuando hay represión; al contrario, es trabajar activamente para que Venezuela recupere el Estado de derecho, la democracia y la posibilidad real de que su pueblo elija sin miedo. Ese debe ser el compromiso de todos los países que creen en la libertad, los derechos humanos y la vigencia plena del derecho internacional. Creo que no debemos avalar intromisiones directas o indirectas -como sucedió en Venezuela en los últimos años- de ningún tipo y al mismo tiempo, exigir que el pueblo venezolano recupere su poder de decisión, anulado por la dictadura reinante.