La Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), presidida por Guillermo Pérez Crespo, rechazó el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei y advirtió que su contenido es incompatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes.

La entidad fijó su posición en un documento elaborado junto al Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y la Justicia Social, que integran las dos CTA, sindicatos y organizaciones académicas, profesionales y de derechos humanos.

“Nada, absolutamente nada de los contenidos de este proyecto de tratamiento legislativo es admisible y compatible con ninguno de los Tratados, Convenios Internacionales de la OIT y la Constitución Nacional Argentina”, sostuvo en el comunicado difundido este lunes.

El pronunciamiento se conoce a pocas semanas de que la iniciativa sea tratada en el Senado, con fecha prevista para el 11 de febrero. Al respecto, adelantaron que no avalará ningún aspecto del proyecto y reclamó su rechazo total en el Congreso.

En el documento cuestionan que la propuesta oficial sea presentada como una modernización del sistema laboral y advirtieron que su aprobación “implicaría un retroceso histórico en materia de derechos del trabajo y de la seguridad social”.

“El proyecto no admite más que su rechazo total”, aseveró el Foro, que anticipó acciones de resistencia en todo el país; gestiones ante gobernadores y legisladores nacionales, y denuncias en todas las instancias nacionales e internacionales, y se declaró en “estado de alerta permanente”.

Según el Foro, la reforma regula “de forma prácticamente prohibitiva el ejercicio del derecho de huelga” y reduce a “límites extremos” la presencia y la acción sindical, al tiempo que debilita la negociación colectiva por actividad mediante el fomento de sindicatos de empresa. También advirtió que la eliminación de los sistemas de indemnizaciones y sanciones frente a incumplimientos laborales derivará en “incrementar los niveles de precarización existente”.

Romina Stampone, secretaria general de la AAL, afirmó que “ante el tenor del proyecto no queda otra respuesta que su rechazo” y planteó la necesidad de “llamar al diálogo con los actores sociales para pensar una reforma laboral que afiance el derecho protectorio de las personas que trabajan”. Aclaró que la iniciativa oficial “viola la Constitución y los compromisos internacionales asumidos por el país”.

Entre los diez puntos enumerados, rechazaron que las leyes laborales sean responsables de la creación o destrucción de empleo y calificó como falsa la existencia de una “industria del juicio laboral”.

También, cuestionaron la creación de un Fondo de Asistencia Laboral con reducción de contribuciones patronales, al advertir que afectaría el financiamiento del sistema previsional, y alertó sobre cambios en el esquema judicial que debilitarían la justicia especializada del trabajo.

A su vez, plantearon que lo que se expresa a través de su normativa “es la demolición, liquidación, extinción y cancelación de los contenidos más esenciales de ese conjunto intangible de normas y valores que son universales, irrenunciables, rectores de las relaciones individuales y colectivas del trabajo, lo que afectará de manera trágica a la totalidad de la clase trabajadora de Argentina”, a “un nivel jamás alcanzado por ningún otro proyecto y en ningún otro estadio de su desarrollo”.