El Poder Ejecutivo Nacional extendió hasta diciembre de 2027 la emergencia del sector energético y redefinió el esquema de importación de GNL: el Estado dejará de comprar directamente y convocará a un operador privado para abastecer los próximos dos inviernos, mientras continúan demoradas las obras clave de transporte desde Vaca Muerta.
El Gobierno nacional oficializó la prórroga de la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, centrada en los segmentos de transporte y distribución de gas natural. La decisión, publicada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 49/2026, apunta a garantizar el abastecimiento durante los próximos dos inviernos, en un contexto donde la infraestructura disponible sigue siendo insuficiente para trasladar el gas producido en Vaca Muerta hacia los principales centros de consumo del país.
El texto, firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, reconoce que las obras de ampliación de los gasoductos troncales “recién entrarían en operación en el período invernal del año 2027”. Esa demora obliga a la Argentina a mantener su dependencia del Gas Natural Licuado (GNL) importado para cubrir los picos de demanda residencial y sostener la generación eléctrica durante los meses más fríos.
En paralelo, el decreto introduce un cambio de fondo en la operatoria del comercio exterior de gas: el Estado busca retirarse del rol de importador directo -hoy ejercido por la estatal ENARSA- y transferir esa función al sector privado. Para eso, instruyó a la Secretaría de Energía a lanzar un concurso competitivo destinado a seleccionar a un comercializador que asuma la importación y el proceso de regasificación utilizando la terminal de Escobar, actualmente la única en funcionamiento.
El Ejecutivo argumentó que la intervención estatal en años anteriores “ha sido incapaz de dar una solución eficiente y ha implicado erogaciones de mucha envergadura”, por lo que la apertura al sector privado se presenta como una vía para reducir costos y mejorar la previsibilidad del sistema.
Sin embargo, el propio Gobierno reconoce que la existencia de una única terminal de ingreso configura un “monopolio natural”. Para evitar abusos de posición dominante, el DNU establece un “precio máximo” para la venta del gas importado durante los inviernos de 2026 y 2027, calculado en función de un marcador internacional más los costos logísticos asociados.
En los considerandos, el Poder Ejecutivo detalla la fragilidad estructural del sistema gasífero. Advierte sobre el persistente cuello de botella que impide transportar mayores volúmenes de gas desde la Cuenca Neuquina hacia Buenos Aires y el Litoral; y subraya que, sin el aporte de barcos metaneros, “la demanda necesaria para abastecer a los usuarios residenciales y garantizar el funcionamiento de las centrales térmicas quedaría insatisfecha en los días más fríos”.
Como mecanismo de contingencia, el DNU prevé un “plan B”: si la licitación para designar a un operador privado fracasa, ENARSA retomará de manera inmediata la responsabilidad de importar GNL para asegurar el suministro invernal.