En medio del debate político y sindical por la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo, el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, rechazó las acusaciones de la oposición y aseguró que el proyecto no contempla ninguna quita de indemnizaciones, al tiempo que defendió la iniciativa como una herramienta clave para motorizar el empleo formal.

“El objetivo central es generar puestos de trabajo genuinos en un contexto de estabilidad económica y crecimiento”, sostuvo el funcionario, quien afirmó que la propuesta apunta a corregir distorsiones históricas del sistema laboral sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores.

Desde el Gobierno remarcan que la reforma se inscribe en una estrategia más amplia para recuperar el empleo asalariado y reducir los niveles de informalidad. En ese sentido, Cordero explicó que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dio una instrucción clara al equipo técnico: preservar los derechos esenciales mientras se introducen cambios que den previsibilidad al mundo del trabajo.

Uno de los puntos que el Ejecutivo busca aclarar es el impacto sobre el salario y las condiciones laborales. Según Cordero, la iniciativa no propone una reducción del salario real, sino que intenta disminuir los llamados “costos indirectos” que hoy desalientan la contratación de personal. “Hay riesgos que generan desconfianza en el empleador y terminan afectando la creación de empleo”, señaló.

En declaraciones radiales, el secretario también salió a responder uno de los cuestionamientos más repetidos por los sectores críticos: el supuesto recorte de beneficios laborales. En particular, negó modificaciones en el régimen de vacaciones y explicó que el único cambio previsto es la posibilidad de que empleador y trabajador acuerden su fraccionamiento, sin intervención estatal ni sanciones automáticas. “Las vacaciones siguen siendo exactamente las mismas”, afirmó.

Desde la cartera laboral sostienen que este enfoque busca darle mayor autonomía al trabajador para organizar su tiempo personal y laboral. Incluso, el proyecto contempla que quienes lo deseen puedan trabajar más horas para incrementar sus ingresos, siempre dentro de los límites establecidos por las normas de salud y seguridad.

Otro capítulo relevante de la reforma es la regulación del trabajo autónomo, una modalidad cada vez más extendida entre los jóvenes. Según Cordero, el objetivo es brindar un marco legal claro que evite que estos vínculos sean reinterpretados judicialmente como relaciones de dependencia, lo que —argumentó— termina desalentando su formalización. “Queremos que esos trabajos estén registrados y protegidos”, señalaron desde el área.

Uno de los ejes más sensibles del proyecto es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, una herramienta diseñada especialmente para acompañar a las pequeñas y medianas empresas en los procesos de desvinculación. El fondo se financiaría con una detracción del 3% de las contribuciones patronales y permitiría a las pymes afrontar indemnizaciones o acuerdos sin comprometer su capital de trabajo.

Según explicó el secretario, este esquema no reduce el monto indemnizatorio, sino que busca ordenar el sistema, bajar la litigiosidad y evitar que los conflictos laborales deriven en procesos judiciales largos y costosos. “La idea es dar certezas, no achicar derechos”, insistió.

En el plano político, Cordero afirmó que mantiene conversaciones permanentes con representantes gremiales y se mostró confiado en el tratamiento parlamentario del proyecto. El debate se concentra actualmente en el Senado, donde el oficialismo apuesta a construir consensos para avanzar con una reforma que considera imprescindible.

“El país necesita adaptarse a las nuevas realidades del mundo del trabajo”, concluyó el funcionario, al advertir que sin cambios estructurales será difícil salir del estancamiento en el empleo asalariado y acompañar las transformaciones del mercado laboral.