En Laboulaye, el gobernador Martín Llaryora inauguró el período legislativo 2026 con un discurso centrado en la defensa de su gestión, el anuncio de más alivio fiscal para 2027 y la elevación de la jubilación mínima a $800 mil, en un contexto de tensión con la oposición y con eje en la seguridad, la obra pública y la protección del sistema previsional.
El gobernador Martín Llaryora abrió este domingo las sesiones ordinarias de la Legislatura cordobesa desde Laboulaye, acompañado por la vicegobernadora Myrian Prunotto, todo el gabinete provincial y las principales figuras de la oposición —Luis Juez, Gabriel Bornoroni, Rodrigo de Loredo y Gonzalo Roca—, en un gesto político que enmarcó un discurso cargado de definiciones en materia económica, fiscal, previsional y de seguridad. Desde el inicio buscó diferenciar su modelo del nacional al subrayar la presencia del Estado en salud, educación, infraestructura y políticas sociales, señalando que el ajuste impulsado por la Nación afectó con mayor dureza a provincias y municipios, que debieron sostener programas esenciales.
En un tono crítico hacia la oposición, Llaryora renovó sus cuestionamientos por el bloqueo del Tribunal de Cuentas a la compra de drones destinados a Seguridad. “No hagamos papelones”, expresó, y acusó a ese organismo de actuar por motivaciones electorales, “jugando con la seguridad de la gente”. Aun así, reafirmó que la Provincia avanzará en la incorporación de tecnología en la lucha contra el narcotráfico, anunciando una inversión récord de más de 40 mil millones de pesos para ampliar centros de monitoreo, sumar lectores de patentes, controles de velocidad, tótems de seguridad y sistemas basados en inteligencia artificial, además de adquirir 500 vehículos para distintas fuerzas.
Llaryora reiteró que Córdoba impulsará un proyecto de ley Antibúnker o Antiaguantaderos destinado a desalojar inmuebles tomados ilegalmente y utilizados por organizaciones narco, con el objetivo de frenar su consolidación territorial. En el mismo sentido, destacó el funcionamiento de siete fiscalías antinarcotráfico y el aumento del 27% en los procedimientos en los últimos meses, junto con el fortalecimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y la apertura de cinco nuevas sedes operativas en el interior provincial.
En materia previsional, realizó uno de los anuncios más fuertes de la jornada: la jubilación mínima provincial se elevará a $800 mil, consolidándose entre las más altas del país. El gobernador también anticipó que antes de fin de año se incorporará a más beneficiarios al 82% móvil y defendió con énfasis la autonomía de la Caja de Jubilaciones, remarcando que “mientras estemos nosotros, la Caja no se transfiere: se defiende y a nuestros abuelos se los cuida”. Recordó además que más de 50 mil jubilados recuperaron el 82% tras la Ley de Equidad Jubilatoria y que otros 10 mil dejaron de realizar aportes extraordinarios.
En su repaso económico, Llaryora aseguró que las decisiones de ajuste, reducción del gasto político y ordenamiento del Estado permitieron sostener el superávit y, como consecuencia, alivianar la presión tributaria. En esa línea, afirmó que este año retornarán 900 mil millones de pesos a los bolsillos de los cordobeses entre rebajas y actualizaciones por debajo de la inflación. Señaló que el 40% de los propietarios pagará 25% menos de impuesto inmobiliario y que el 11% abonará lo mismo que en 2025, mientras continúa la reducción de Ingresos Brutos para pequeños comercios y las exenciones productivas. Anticipó además que en 2027 la Provincia impulsará nuevas rebajas impositivas, apostando a dinamizar la economía local y contribuir a una recuperación nacional.
El mandatario también dedicó un tramo de su discurso a las políticas habitacionales: durante 2026 se implementará el Programa Córdoba Hogar, que permitirá que 5.000 familias accedan a su vivienda propia, mientras que otras 10.000 podrán obtener un lote mediante el Programa Mi Lugar. Aseguró que estas iniciativas no solo mejoran la calidad de vida, sino que impulsan empleo genuino en toda la provincia.
En materia institucional y territorial, destacó los avances del Plan de Territorialidad Judicial-Policial, con 27 distritos definidos en Córdoba Capital y Gran Córdoba, de los cuales 12 ya están operativos, y anunció una ley que otorgará inamovilidad a los jueces de paz para fortalecer su independencia. También confirmó el envío de la Ley de Protección Integral de las Víctimas del Delito, que propondrá denominar “Ley Joaquín” en homenaje al joven Sperani y en reconocimiento a su familia y a otras que transformaron el dolor en una causa colectiva.
Sobre el cierre, Llaryora defendió su gestión con un mensaje que buscó mostrar coherencia y continuidad: afirmó que los resultados de Córdoba “no son fruto de la casualidad”, sino de decisiones adoptadas “por responsabilidad, no por ideología”. En un año preelectoral, y ante la presencia plena de la oposición, sostuvo que “no es momento para tibios” y convocó a todos los sectores a acompañar las políticas centrales de la Provincia para sostener el desarrollo y la igualdad territorial.