El Instituto Argentino de Derecho para la Minería sostiene que la adecuación de la Ley de Glaciares no implica un retroceso ambiental, sino una oportunidad para dotar al régimen de mayor precisión jurídica, mejorar su aplicación y consolidar un federalismo ambiental más eficaz, con participación activa de las provincias.
El Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) salió a respaldar el proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares (26.639), en debate en el Congreso, y remarcó que la iniciativa no debe interpretarse como un retroceso ambiental. Por el contrario, afirman que la actualización representa una oportunidad para reforzar la protección de los glaciares y de las geoformas periglaciares sobre bases jurídicas más claras y compatibles con el federalismo que establece la Constitución.
Desde la entidad explican que, tras más de una década de vigencia, la ley exhibe definiciones imprecisas que derivaron en interpretaciones contradictorias, conflictos de competencias y un marco de incertidumbre jurídica que afecta tanto a las inversiones productivas como a las autoridades provinciales encargadas de aplicar la norma. En ese contexto, sostienen que un derecho ambiental efectivo requiere reglas precisas, operativas y previsibles. “La claridad normativa no disminuye la protección, la fortalece”, remarcan.
El IADEM subraya que la Constitución ofrece un encuadre claro para el debate: mientras el artículo 41 faculta al Congreso a dictar presupuestos mínimos de protección ambiental, el artículo 124 reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Esa combinación —señalan— obliga a articular las competencias de manera armónica, evitando tanto excesos centralistas como interpretaciones provinciales que desconozcan la normativa nacional.
En esa línea, valoran que el proyecto en discusión incorpore un rol más activo de las provincias en la gestión y protección de los glaciares. Lejos de debilitar los presupuestos mínimos, aseguran que esta participación los potencia, porque permite integrar conocimiento técnico y territorial indispensable para aplicar la ley con mayor eficacia. Al mismo tiempo, aclaran que esa presencia provincial no implica discrecionalidad ni margen para decisiones al margen del ordenamiento federal.
Para el instituto, la adecuación legislativa es indispensable para superar las ambigüedades del régimen vigente, brindar certidumbre jurídica y fortalecer la tutela efectiva de los glaciares como reservas estratégicas de agua. El objetivo —afirman— no es contraponer ambiente y desarrollo ni Nación y provincias, sino lograr una regulación coherente con el reparto constitucional de competencias y con los principios del derecho ambiental argentino.
El IADEM recuerda además que la propia Corte Suprema ha destacado la necesidad de avanzar en un federalismo de concertación para abordar este tipo de regulaciones. “La protección ambiental no se debilita con normas claras y consensuadas: se fortalece”, sintetizan.