La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas manifestó en el Senado su apoyo al proyecto oficial y reclamó avanzar sin retrocesos. La entidad sostuvo que la iniciativa moderniza el empleo y reduce costos que afectan a las PyMES.
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresó ante el Senado su respaldo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, al considerar que representa una herramienta clave para actualizar las relaciones de trabajo, promover el empleo formal y mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.
Una delegación encabezada por el vicepresidente de CADAM, Armando Farina, junto a asesores legales, mantuvo una reunión con los equipos técnicos que trabajan en la redacción del proyecto, donde presentaron aportes y observaciones sobre los principales ejes de la iniciativa.
La entidad destacó especialmente la implementación del banco de horas como mecanismo de flexibilidad acordado entre las partes, la posibilidad de convenios adaptados a la realidad de las PyMES, la habilitación de billeteras virtuales para el pago de haberes y el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresariales, solicitando que esta condición se extienda también a las organizaciones sindicales.
Los representantes mayoristas plantearon además la necesidad de eliminar aportes solidarios y contribuciones que, según señalaron, encarecen de manera innecesaria el costo laboral, como el aporte por COVID-19 a la obra social Osecac —independientemente de la afiliación del trabajador— y el seguro de retiro La Estrella.
En relación con el artículo 128, que establece la voluntariedad de los aportes a cámaras empresarias y generó controversias con CAME y CAC, Farina fue categórico al afirmar que “las paritarias se han transformado en una mesa de amigos”, señalando un conflicto de intereses dado que ambas entidades participan de la negociación y son beneficiarias directas de esos fondos.
El caso más citado fue el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A, cuyos recursos se redistribuyen mayoritariamente entre la CAC y la CAME. Según CADAM, esto implica que con cada aumento salarial estas entidades incrementan su recaudación mientras intervienen en la negociación que determina esos incrementos.
CADAM respaldó el Decreto 149/2025, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que estableció la voluntariedad de estos aportes. Sin embargo, una medida cautelar promovida por INACAP dejó sin efecto la norma, mientras el instituto reconoció recaudar más de $30.000 millones anuales sin detallar su destino entre capacitación, sostenimiento institucional o gastos políticos.
Diversas entidades empresarias vienen manifestando sus quejas ante el Congreso por estos mecanismos, entre ellas la Confederación Federal PyME, la Unión de Kiosqueros, la Federación Económica de Mendoza y cámaras sectoriales que denuncian “costos ocultos” en más de 1500 convenios colectivos. También sectores industriales como AFAC y CAMIMA apoyaron la eliminación de aportes compulsivos para capacitación.
“Desde CADAM reafirmamos que la libertad de asociación, la transparencia y la representatividad genuina son pilares indispensables”, sostuvo Farina, quien agregó que la reforma laboral “termina con mecanismos compulsivos que encarecen el empleo y desalientan la inversión, especialmente en las PyMES, principal motor del trabajo formal en la Argentina”.