Está claro que este gobierno tiene una tendencia a autogenerarse perjuicios. Tan es así que hay quienes sostienen que, dada esa característica curiosa, necesitaría una oposición más firme, cuestión de que no se sienta tan seguro y se cuide más. Puede ser.

Venía tranquilo Javier Milei, casi haciendo la plancha. Podría decirse que desde las elecciones del 26 de octubre, que ganó con tal contundencia que ordenó el mapa político y económico; sobre todo el Congreso, donde la oposición lo tuvo a maltraer todo el año.

Contribuyó -bueno es decirlo- que mantuviera durante mucho tiempo la modalidad adoptada en campaña de no confrontar, de guardar el modelo irascible al menos por un tiempo. Le rindió… mientras duró.

Apenas si se salió de eje cuando en el debate del Presupuesto la oposición le volteó de un plumazo un capítulo completo, cosa que hubiese evitado de no haberse empecinado en mantener sin variaciones un texto que estaba cantado que la oposición no le iba a votar (otro error autoinfligido). Pero después de una serie de berrinches, el Presidente entró en razones y recuperó la calma.

Esta semana se dio de bruces otra vez contra un obstáculo. Sucedió con la renuncia de Marco Lavagna, un economista serio que venía en el cargo desde que Alberto Fernández lo designó, lo cual le permitía a este gobierno dar una señal de continuidad y “política de Estado”, de esas que un gobierno como este necesita para atraer inversiones, objetivo que debiera ser su norte. El exdiputado massista nunca dio señales de renunciamiento a sus orígenes, pero tampoco se mostró en tareas dirigenciales del FR, ni tampoco con Sergio Massa.

Su salida no fue escandalosa, pero no tardó en quedar expuesto que el funcionario se iba por la decisión oficial de no cambiar el sistema de medición de la inflación, contrariando la planificación que el INDEC había desarrollado y el gobierno avalado. Se sabía que, con la llegada de 2026, el nuevo sistema se pondría en práctica. Pero llegando el momento de difundir los datos de enero, el ala dura de la economía mileísta se mostró remisa a cumplir lo pactado -siendo que ya venía demorando esa decisión desde hacía rato- y al hijo del exministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner no le quedó otro camino que la puerta de salida. El gobierno admitió que el eje del conflicto era que el Presidente -que prometió hace ya un tiempo que la inflación de agosto arrancará con cero- no quiere saber nada con cambiar el sistema actual de medición. Al menos hasta llegar a cero.

Fiel a su estilo, desde el gobierno transmitieron el discurso de que el nuevo sistema es imperfecto y por ende no se podía usar, pero además sugirieron que súbitamente Lavagna había querido complacer a “su jefe político” Sergio Massa, molesto aquel por el supuesto embate judicial que percibiría en su contra.

Como sea, el ahora extitular del INDEC se fue sin estridencias, y según deslizaron desde su entorno no hará críticas públicas en tanto y en cuanto no deba defenderse. En tren de corresponder esa disposición, el ministro Toto Caputo aclaró que Marco Lavagna “se fue de manera amigable”. Lo hizo durante un raíd mediático de esos que se encomiendan cuando hay algo que no está nada bien. Y como suele suceder en esas circunstancias, lejos estuvo de aplacar la crisis.

Fue en ese marco que el ministro de Economía tuvo su frase “fallida”, cuando confesó muy suelto de cuerpo que nunca compró ropa en Argentina porque le parecen “un robo” los precios locales. Caputo sostuvo que, durante años, la industria textil estuvo excesivamente protegida, lo que hizo que los argentinos pagaran dos o hasta diez veces más, que en otros países por ropa y calzado. Su defensa de la apertura de importaciones generó un fuerte rechazo del sector textil, que atribuyó los precios altos a impuestos, alquileres elevados y costos financieros.

Difícil pensar que la previsible polémica no haya estado prevista para poner en un segundo plano los cuestionamientos a la decisión oficial de deshacerse del nuevo sistema de medición -ya avalado por el FMI- y mantener el viejo y actual sistema color sepia que entre otras cosas contempla el costo del teléfono de línea. Un IPC que mide con reglas del pasado en base a una sociedad que ya no existe.

Con todo, dicen que las diferencias entre una y otra medición no eran sustanciales, razón por la cual hasta amigos entrañables del gobierno como Juan Carlos De Pablo recomendaron difundir mensualmente los resultados de ambos sistemas, al menos por un tiempo. Pero no le dieron bolilla.

Las acciones argentinas en Wall Street vivieron un martes y un jueves “negro”, que los observadores atribuyeron a una multiplicidad de factores, entre ellos la crisis en el INDEC que pone en tela de juicio la credibilidad estadística. También influyeron señales ambiguas del gobierno sobre la deuda y activos: Caputo confirmó que no planea volver al mercado internacional de deuda en el corto plazo, en tanto que el presidente Milei habló de venta de activos estatales para cancelar pasivos, sin dar demasiados detalles. Para los inversores, esto muestra una falta de hoja de ruta clara, como así también despertó incertidumbre en torno a la estrategia financiera de mediano plazo.

El gobierno consideró recuperar la agenda cuando el jueves se anunció el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, lo que causó un efecto favorable en los activos argentinos: los ADRs y el S&P Merval saltaron con fuerza.

Así y todo, entre la oposición y no pocos economistas hubo manifestaciones contrarias al convenio con la gestión Trump. El exembajador argentino en Washington Jorge Argüello enumeró una serie de beneficios, pero también objeciones económicas “relevantes”, tales como la advertencia de sectores industriales sobre la reducción de aranceles a maquinaria, autopartes, químicos y bienes de capital provenientes de EE.UU., que podrían aumentar la presión competitiva sobre las manufacturas locales que enfrentan costos logísticos, impositivos y financieros más elevados. Además, alertó sobre la posibilidad de que los beneficios se concentren en exportaciones primarias ​-recursos naturales, energía o agroalimentos​- si no se implementan políticas activas que promuevan diversificación productiva, innovación tecnológica y mayor valor agregado en la oferta exportadora argentina​.

Más objeciones fueron apareciendo conforme se avanzaba en la redacción del texto que deberá refrendar el Congreso argentino. El politólogo Andrés Malamud observó con ironía que el acuerdo dice 3 veces “Argentina y EE.UU. deberán…”; 113 veces “Argentina deberá…”. Y solo 7 veces “Estados Unidos deberá…”. Una desproporción que fue justificada con un argumento obvio: la diferencia de peso específico existente entre ambos países.

Lo cierto es que este acuerdo está basado en la relación entre los presidentes de ambos países, lo que implica que la habitual alternancia en el país del norte podría liquidarlo en cuanto los demócratas vuelvan al poder. Podría suceder en dos años.

Es que mientras el acuerdo deberá contar -como dijimos- con la aprobación del Congreso argentino, en Estados Unidos las medidas se implementarán vía executive orders firmadas por Donald Trump. Sucede que el acuerdo fue diseñado y activado por la administración estadounidense como un acuerdo ejecutivo, utilizando facultades del Poder Ejecutivo y órdenes ejecutivas, lo cual evita allí la necesidad de aprobación legislativa.

Esta simbiosis cada vez más notoria entre ambas gestiones tuvo esta semana una nueva muestra, con la creación por parte del gobierno de Milei de la “Oficina de Respuesta Oficial”, un dispositivo de comunicación oficial con el objetivo declarado de responder de manera inmediata a informaciones que el Ejecutivo considera falsas, inexactas u operaciones mediáticas. Se trata de un remedo del “Rapid Response 47”, una cuenta oficial impulsada por la Casa Blanca recientemente para controlar la narrativa pública. Utilizada, por ejemplo, para contestar coberturas periodísticas adversas en tiempo real.

La medida despertó fuertes críticas en el ecosistema mediático y réplicas en redes sociales del aparato comunicacional libertario, como así también legisladores de La Libertad Avanza. Como la ex Pro Sabrina Ajmechet, quien dio sobradas muestras de su identificación mileísta al defender en el mismo día a su ahora compañera de bloque Lilia Lemoine por sus críticas contra Ian Moche, el joven influencer cuyo autismo Lemoine puso en duda, y a la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, que celebró como “un nuevo canal”, negando que represente “una estructura estatal”.

Como sea, se trata de una “oficina” que está bajo la órbita comunicacional de la Dirección General de Comunicación Digital de la Presidencia, que dirige Juan Pablo Carreira, y supervisa el jefe de Gabinete. FIN.