En el primer año del gobierno de la Alianza, frente a una economía en recesión, trascendió una frase de Chacho Álvarez que decía “si no podemos darles pan, por lo menos démosle presos”, haciendo referencia a calmar las ansiedades populares con muestras de lucha contra la corrupción. Después del “INDECgate”, parafraseando al ex vice, se podría decir que “si no podemos bajar la inflación, por lo menos démosle batallas culturales” (y de paso cuestionemos al nuevo índice).

Después de los dolores de cabeza que tuvo el Gobierno con el discurso en Davos el año pasado -que generaron costos inclusive en su propio electorado- se volcaron a dar debates valóricos en el plano del modelo económico, que es donde más hándicap tiene la administración libertaria. La semana anterior fueron contra el costo de los tubos de Paolo Rocca. Esta que pasó, el chivo expiatorio fue la industria textil local. Es lógico: si se toman medidas que hacen crujir a distintos sectores de la sociedad -concreta o simbólicamente- algún relato le tiene que dar sentido al rumbo elegido.

Como estamos en época estival, con vacaciones gasoleras en la costa y récord de turistas argentinos en Brasil, con el dólar planchado, una inflación no domada pero que molesta menos, un Central que a este ritmo proyecta sumar unos 14.000 palos verdes en el año, el permanente blindaje americano que incluye el acuerdo comercial y un riesgo país que oscila, pero no está mal, la mayoría de la sociedad no le pasará factura al Gobierno por las sospechas sobre el cálculo del índice de precios y las polémicas que genera, al menos en el corto plazo. En la segunda parte del año quizá la película sea otra.

Lo realmente importante se empezará a ver esta semana en el Senado con la reforma laboral. Ese es el primer gran test político del año, ya que, si no se aprueba, por h o por b, el principal perjudicado será el oficialismo. Lo demás son detalles. Si no pasa nada raro; alguna reforma laboral habrá, aunque se le caigan algunos artículos por el camino. Si no sale, los mercados leerán que será difícil imponer las reformas estructurales tan declamadas, bajándole el precio al resultado electoral positivo del 26-O.

Como dijimos aquí en diciembre, este proyecto de ley es una nueva “ley ómnibus” que contiene muchas otras cosas, además de lo laboral, como un capítulo fiscal. Al respecto, esta semana se conoció un dato que complica la discusión. Entre noviembre de 2025 y enero 2026 las provincias dejaron de percibir un 3% de las transferencias nacionales. Solo en enero perdieron casi un 7% interanual, además de un deterioro leve comparado con diciembre. Esto agrava la baja que vienen sufriendo las arcas de los gobernadores en los últimos meses (post agosto). El Gobierno nacional le dice a los mandamás que ajusten sus cuentas, pero nadie quiere comprarse conflictos sociales con empleados, docentes, personal médico y policías, entre otros, además de estar muy escasos de obras públicas para reanimar las economías locales. Solo un dato para ver cómo está la economía de calle: en diciembre 2025 hubo un 93% más de cheques rechazados comparado con diciembre 2024.

Quórum para una reforma laboral hay, la cuestión es para lo demás. El oficialismo decidió bajar el tratamiento en diciembre aduciendo los problemas que había tenido la aprobación del Presupuesto en Diputados. Pero ¿lo bajaron por eso, o además había otros ruidos que no podían subsanar en el corto plazo? ¿Podrá LLA ocultar los retoques al proyecto para destaparlos en pleno recinto? ¿Quién podría asegurarles a los socios dialoguistas que no tendrán una sorpresa desagradable? Recuerden a Vicente “cháchara” Saadi: en política se trabaja al contado. Nadie querrá aprobar un artículo ambiguo que lo pueda perjudicar, como dejar en manos del Ejecutivo la aplicación de cláusulas que reducen impuestos (entre gitanos no nos leemos las cartas).

El Gobierno de a ratos opera bien. Por ejemplo, se desarticuló la reunión de gobernadores con el CFI, o evitó que Llaryora y Pullaro se entrevistaran con la alicaída CGT. La negociación en curso parece que se rompe, pero en realidad se dobla. Por eso, las bravuconadas respecto a “es esto o nada, porque si no, no nos sirve”, hay que leerlas en el marco de una lógica guerra de nervios en la previa al punto del penal. Los libertarios les dicen a los gobernadores “no se preocupen, loco, todo va a estar bien, ninguna bala parará este tren”, como cantarían Los Abuelos de la Nada.

El Javo no solo tiene la ayuda del “amigo americano” (esperemos que no sea como Ripley), sino también del nunca bien ponderado PJ de la provincia de Buenos Aires. Parece que finalmente el cristinismo acepta que Axel sea el presidente, con todo lo bueno y malo que eso significa. Hoy Kicillof perdería claramente frente al león. De modo que, si querés ser figura, andá y que Dios te ayude. Mostrá que podés conducir. El acuerdo propuesto muestra que “los pibes para la revolución” son astutos, que el peronismo bonaerense no tiene ninguna capacidad logística para organizar una elección entre afiliados, y que nada nuevo habrá bajo el sol. ¿Es esta la oposición que prefieren los libertarios? Quizá quieren dividir para reinar. El que se anima cada vez más a repudiar a Cristina es el salteño Sáenz. ¿Encabezará una tercera posición en 2027? ¿Lo ayudará LLA?

Como ya dijimos aquí hace tres semanas, el pato Donald vuelve a dar fe de ser kirchnerista, como cuando propuso un límite a la tasa de interés que cobran las tarjetas de crédito, entre otras medidas intervencionistas. Ahora promueve la importación de carne argentina “con el fin de suministrar carne picada para los consumidores estadounidenses” (léase: para hamburguesas más baratas). Le faltó decir que, de esa manera, iba a “defender la mesa de los americanos” (aunque no se la agarró contra los ganaderos de su país, seamos justos).

Toto se compra la ropa en el exterior porque en la Argentina “es un robo”. Como “José Mercado compra todo importado”, cantaba Charly hace 45 años.