El tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil concitó este jueves un áspero intercambio en la Cámara de Diputados. A lo largo del debate se sumaron críticas que incluyeron la falta de prevención, la ausencia de financiamiento, los vacíos sobre los no punibles y el riesgo de criminalizar a jóvenes vulnerables, mientras que el oficialismo y aliados insistieron en que la reforma es necesaria para abordar delitos graves y dotar al Estado de herramientas que hoy no tiene.

Primera oradora del debate, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado consideró que el nuevo Régimen Penal Juvenil va a ser "un gran paso para Argentina". "Esta Cámara tuvo muchas intenciones desde el año 2000 de modificar algo que, a todas luces, es tremendamente injusto, que es la manera con el Estado trata a nuestros jóvenes en conflicto con la ley penal", sostuvo.

En ese sentido, la legisladora bullrichista, integrante del bloque de La Libertad Avanza, señaló que "la ley actual es ineficiente, no previene, no resocializa al menor y tampoco repara, ni da sustento a las víctimas". Además, detalló los principales puntos del proyecto que se trató en un plenario de comisiones y que ella encabezó como presidenta de Legislación Penal.

Al defender el dictamen de su espacio, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz calificó como “mamarracho jurídico” al proyecto del oficialismo. En cambio, dijo que ellos tienen “un dictamen propio que fija una posición clara: los adolescentes serán punibles entre los 16 y 18 años, y en la concurrencia de delitos graves la pena máxima será de 10 años -expresó-. Nos hacemos cargo de lo que escribimos, eso cumple el principio de una pena proporcional, diferencial, con un sistema que lo va a juzgar, defender, y le va a dar una salida en base a la Constitución. Pero además de encargarnos de los jóvenes punibles, de los 31 especialistas que pasaron. Pena progresiva; proporcionalidad en la pena; lugares especializados, no durlock en cárcel de adultos. Queremos como último ratio la pena de libertad en lugares que tenemos que reconstruir en muchas provincias, o tenemos que volver a hacer en otras”.

Dirigiéndose al oficialismo, lanzó que “no tiene la solución al problema; esta no lo es. Esto no se soluciona con marketing político, cambiando la edad, como si fuera un juego de póker. Se soluciona conociendo primero la realidad argentina, las normas procesales de cada provincia, entre otras cosas”. E insistió en que “la no punibilidad tendrá que tener una respuesta también, incluso cuando comete un delito”.

A su turno, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó que no se "hay un montón de aportes" de la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría que "lamentablemente no fueron tenidos en cuenta". "La opinión ha sido muy potente alrededor de que tengamos en este tema todos los cuidados que teníamos que tener, lamentablemente fueron desoídos", agregó.

Para el santafesino, en esta iniciativa hay "un vacío de política pública alrededor de los niños y adolescentes no punibles", al tiempo que "no dice una palabra sobre la cuestión preventiva". "Y hay un abordaje desde el punto de vista presupuestario ínfimo, que no incluye a las provincias", observó.

En su intervención, Ramiro Gutiérrez (UP-Buenos Aires) aclaró que “nuestro proyecto tiene 16 medidas cautelares para que un juez pueda intervenir desde el momento que se ha cometido un delito”. Asimismo aseguró que ese dictamen “prevé la privatización de la libertad para los 8 casos graves en los que estamos de acuerdo todos: la violación, la violación seguida de muerte, el homicidio, los actos de tortura”.

Y sobre el final dijo que “la respuesta debe estar en un régimen penal juvenil fondeado en un Código Penal”, por lo que le pidió a su par Rodríguez Machado la posibilidad de revisar a lo largo de esa jornada incorporar en el Código Penal una pequeña modificación al artículo 34, que establezca que no son punibles todas aquellas personas que no hayan cumplido los 14 años de edad. “Si usted toma esa modificación que yo le estoy pidiendo esta ley, esta ley va a tener destino. Sino, va a terminar judicializada, a tiro de que cualquier magistrado entienda que la única forma de establecer una ley de comprensión de la criminalidad del acto debe estar fijado en el Código Penal y no en una ley complementaria”.

Más adelante, las diputadas del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Romina del Plá cuestionaron duramente la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad y advirtieron que "es para la persecución penal de los pibes".

En esa línea, Bregman aseguró que esta ley es "para darle más facultades a los policías para que hostiguen a los pibes en los barrios". "No somos nosotros los que relacionamos delito con pobreza, pero siempre la criminalización efectiva se aplica sobre los sectores populares y los hijos de la clase trabajadora", alertó y añadió: "El Gobierno de 'no hay plata' tiene plata para la persecución penal de los pibes".

Mientras que Del Plá consideró que "lo único que van a conseguir bajando la edad a 14 años es que las bandas de narcos vayan a buscar como soldaditos a los pibes de 10, 11 y 12". "Esta ley no resuelve ningún problema y es tirar a las niñeces a la hoguera, en lugar de protegerlas, que es lo que deberíamos hacer", subrayó.

El libertario Santiago Santurio remarcó que “estamos debatiendo delitos graves” y explicó: “Un menor en el cual mata a una persona con dolo y, también lo hace en circunstancias que, cuando salga porque no tiene ningún tipo de pena, vuelve a hacerlo”.

“A los que les gusta el Estado presente, parece que acá quieren Estado ausente que haga la vista gorda porque la punición no es la solución. Piensan y dicen que no es la solución para los menores de edad, pero la verdad es que la mayoría piensa que tampoco es para mayores de edad”, apuntó contra el kirchnerismo y cerró: “Esta es una función prioritaria del Estado, dar respuesta a la delincuencia con estos delitos graves. Este Régimen Penal Juvenil no es la solución definitiva, pero es una respuesta fundamental que es reclamada hace tiempo y va a ser beneficioso tanto para los que cometen delitos, como para todas las víctimas”.

En línea con la postura de la oposición dura que considera que esta Ley tiene un sesgo punitorio, la diputada nacional Agustina Propato de Unión por la Patria lo catalogó de “irrazonable cargado de anuncios rimbombantes, pero irresponsables”. Se refirió a la lectura del despacho y cargó que la Ley Penal Juvenil “es tremendamente inaceptable y es contraria a los estándares internacionales”.

Por otro lado, reiteró su pedido de crear una comisión bicameral de seguimiento del Régimen Penal Juvenil, y agregó que esta iniciativa “no agrega nada, solamente un titular que se lleva Patricia Bullrich”. Remarcó, además, que los padres de jóvenes procesados por delito “piden que el Estado se haga cargo de las trayectorias delictivas”. “Patricia se te cae el slogan que ‘el delito no tiene edad’”, concluyó.

Miguel Pichetto dejó en claro que apoya la baja en la edad de imputabilidad en 14 años, pero descree que el Gobierno nacional vaya a girar los fondos presupuestarios establecidos en la redacción del proyecto. “El metro cuadrado de construcción para encierro está cerca de 7.000 dólares”, explicó, y agregó: “Esta ley requiere una cláusula especial para que en las provincias entre a regir cuando estén dadas las condiciones y construidos los establecimientos para menores”.

Muy crítica del proyecto oficial, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) se preguntó si esto soluciona el problema de la inseguridad, o da respuesta a todos esos niños que están cerca de cometer un delito. “¿Esto previene? No, no previene. Esto no soluciona la inseguridad, porque sabemos que el número del delito juvenil es ínfimo. Creemos que esto tiene que ver con buscar un título rimbomante, porque es más fácil decir que estamos haciendo algo que hacerlo de verdad”, sostuvo la diputada cordobesa.

“Porque hacerlo de verdad implica un compromiso enorme del Estado -continuó-. Una voluntad política real de fundamentalmente poner los recursos necesarios y las políticas públicas necesarias para combatir la pobreza, la deserción escolar, la marginalidad, la violencia el narcotráfico”.

En su alocución el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, resaltó que “estamos dando un debate necesario que la política viene postergando hace décadas. Un debate de una ley que tiene cerca de 50 años para una violencia desbordada”.

“Hay más de 90 proyectos presentados para hacer esta reforma. Incluso ‘Coqui’ (Jorge) Capitanich presentó hace 20 años un proyecto que planteaba bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. El exministro de Seguridad, Sergio Berni, también planteó la baja de edad. No es un problema de los partidos, sino de ver la realidad”, le enrostró al kirchnerismo.

Ritondo aclaró que “con esta ley no significa que mañana vamos a terminar con la delincuencia. No va a alcanzar con cambiar el número en el Código Penal, no lo va a resolver. No solo se trata con bajar la edad porque vi cómo organizaciones narcos reclutaban jóvenes”. En ese sentido, criticó: “Los que hoy plantean soluciones también tuvieron sus mayorías en Diputados, gobernadores, no dieron ninguna discusión porque no la quisieron plantear porque tienen una mirada ideológica distinta”.

“Bloquear este debate, no responsabilidad a un menor que tiene consciencia que está cometiendo un delito no es un acto de humanidad, sino de abandono”, lanzó y agregó: “Nunca pensé escuchar a un legislador decir que ‘la delincuencia dignifica’”. Así, el jefe del bloque Pro explicó que “esto da una herramienta clave, respuestas sensatas”, y aclaró: “Es prudente, realismo institucional y científico dejar la edad en 14, no hay consenso científico sobre la comprensión criminal plena a los 12 años y también por la capacidad real del Estado”.

La presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, dijo que “Santa Fe reclama obviamente un régimen penal juvenil. A muchos jóvenes el narcotráfico los capta para ser soldaditos de redes penales. Todos aquellos que dijeron que esta ley no salva a los pibes y los condena al menos desde la mirada que tenemos los santafesinos les quiero decir que probablemente sea un resguardo para que los narcos no los vayan a agarrar”. Así las cosas, consideró que “ese es un punto favorable, creo, de la ley, porque la imputabilidad hace que a muchos chicos, por ser punibles, los narcos no los agarren y los salvemos”.

“Pero no se resuelve el tema que nos toca atravesar con represión; obviamente hay que tener inversión social, pero esa inversión tiene que darse en conjunto, no la puede poner el Estado provincial”, cerró la legisladora.

A su turno, el diputado santacruceño Juan Carlos Molina (UP) preguntó: “¿Qué pasa como sociedad que estamos discutiendo bajar la edad para meter a los pibes en una cárcel y no mejorar la educación, los salarios de médicos, no tener centros deportivos, etc.?”.

“Si la neurociencia dice que un pibe de 14 años tiene conciencia de un crimen, ese mismo pibe tendría que tener conciencia para votar o conducir”, planteó y detalló que en las regiones donde se bajó la edad de imputabilidad ha aumentado sensiblemente los niveles de violencia, lo dice la UNICEF que de kirchnerista no tiene nada. Los países con mínimas de 12 años tienen las tasas de homicidios más alto”.

Molina alertó que “esta ley no solo va a meter presos a pibes de 14 años, sino que aquellos que utilizan a esos chicos van a empezar a usar a pibes de 12 años. Estamos criminalizando la niñez y tenemos que estudiar a fondo esto. Los pobres van a ir en cana”.

“Castigar y perseguir a un menor no protege a la sociedad: la embrutece.

Porque una sociedad que enseña que el problema se resuelve eliminando al más débil está enseñando algo mucho más grave que la violencia: está enseñando que la responsabilidad siempre es del otro”, sostuvo Eduardo Valdés. Agregó el diputado de UP que “los niños son, en su mayoría, los pobres; y pobres son, en su mayoría, los niños. Y entre todos los rehenes del sistema, ellos son los que peor la pasan. La sociedad los exprime, los vigila, los castiga, a veces los mata: casi nunca los escucha, jamás los comprende”.

Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, se dirigió a un legislador de Unión por la Patria: “Vos te negás a modificar una ley… los que dicen que defienden los derechos humanos, se niegan a cambiar una ley de 1980”. Celebró la aprobación de la Ley Penal Juvenil y afirmó que son “respuestas para darle a esos jóvenes que delinquen”.

La intervención del santafesino se vio interrumpida varias veces por los gritos que venían del flanco opositor, y fue allí cuando lanzó: “Un joven que delinque hoy creció durante los gobiernos kirchneristas ¿qué hicieron ustedes para cometa delitos? No hicieron nada”. “Esta ley viene a devolver la justicia y reconocer una realidad para poder cambiarla porque la norma ejemplifica y cumple un rol en los jóvenes que venían creyendo que da lo mismo portarse bien que portarse mal”, concluyó.

Cerró el debate el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, quien dio cuenta de noticias policiales registradas en su provincias los últimos 15 días, y señaló que “a esos delincuentes los tenemos que perseguir, porque cometieron penas de adultos y deben cumplir penas de adultos”.

“El Estado tiene que estar presente, le tenemos que dar a los jueces la potestad de saber que cuando se comete un delito, atrás va a venir el Estado a proteger a las víctimas y  a evitar que los delincuentes reincidan”, señaló.

Bornoroni habló de hasta 120 reincidencias de parte de los jóvenes. “Estamos terminando en este mundo del revés. El kirchnerismo decía que hay que proteger a los delincuentes, nosotros queremos proteger a ambos”.