Especialista en temas de seguridad, el diputado de UP Ramiro Gutiérrez defendió este jueves su pertenencia al Frente Renovador dentro del peronismo, recordando que “hemos propuesto hace mucho tiempo un Código Penal que no ha perdido estado parlamentario, y que en su artículo 13 establecía que la edad de comprensión del menor de los actos, son los 14”.

“Vengo a sostener esa idea; creo que una persona que ha tomado la decisión de lastimar, dañar o matar a los 14 años comprende que eso está mal y debe tener consecuencias. Eso en el lenguaje en el que yo he sido formado se llama delito y el delito debe tener consecuencias. El problema hay que resolverlo y resolverlo es la creación de un Régimen Penal Juvenil, que hoy es una gran omisión porque provenimos de una ley del proyecto militar que no ha dado ninguna respuesta a la sociedad”, continuó.

Gutiérrez aclaró que ese proyecto difiere del que presentó el Poder Ejecutivo. Reconoció los esfuerzos hecho por la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado durante un año, admitió que se debatió, con la asistencia de invitados. “Pero también voy a marcar un vicio estructural -dijo-. Mi voto diferencial no es bajar la edad de imputabilidad, es la construcción de un régimen integral, que tenga contempladas todas las posibilidades. Esto siempre termina en el despacho de un juez, que debe tener las herramientas para poder responder. ¿Qué puede hacer desde el momento en que alguien lastimó a otro?”.

Ramiro Gutiérrez aclaró que “nuestro proyecto tiene 16 medidas cautelares para que un juez pueda intervenir desde el momento que se ha cometido un delito”, y puso ejemplos: “¿Qué pasa cuando un padre puede responder y tiene bienes; qué pasa cuando un joven tomó el auto de sus padres, atropelló y dejó cuadripléjica a otra persona? ¿No vamos a inmovilizar esos bienes, no vamos a hacer justicia, no vamos a hacer prevención decomisando esos bienes y permitiendo que luego se utilicen para evitar que el delito se vuelva a cometer? Bueno, nuestro proyecto lo prevé”.

Se preguntó también “qué va a pasar con la figura del arrepentido”. Señaló que “muchos hablan de que los jóvenes son utilizados por el delito, bueno, ¿qué herramienta le estamos dando al fiscal para poder apartar de la responsabilidad penal a un joven que ha sido usado por esa organización criminal, pero que pone al servicio de la justicia y del esclarecimiento de ese delito. Nuestro proyecto lo propone, por eso es una mirada diferenciada”.

Agregó Gutiérrez que “nuestro proyecto prevé la privatización de la libertad para los 8 casos graves en los que estamos de acuerdo todos: la violación, la violación seguida de muerte, el homicidio, los actos de tortura”. “También nuestro proyecto prevé la solución restaurataria, terapéutica, laborativa y siempre volvemos al despacho del juez. ¿Qué va a pasar cuando se encuentre ante un joven que viene de un problema inmanejable? Es adicto, ¿qué va a hacer ese juez si no tiene un programa, un centro, un psiquiatra? Tenemos que darle una herramienta. Esto no se arregla con 180 días de instrumentación”.

Según Gutiérrez, detrás de esta ley, o en paralelo, “debió venir una segunda ley, para que el Estado no fracase con todos los programas y el fondeo necesario para intervenir antes de que tengamos que llevar a un joven en presencia de un juez y antes de que tengamos una víctima sufriente por lo que pasó. La segunda ley no está en esta casa. No estamos debatiendo los programas para evitar que un joven termine en tribunales”.

Sostuvo que “la respuesta debe estar en un régimen penal juvenil fondeado en un Código Penal”, por lo que le pidió a su par Rodríguez Machado la posibilidad de revisar a lo largo de esa jornada incorporar en el Código Penal una pequeña modificación al artículo 34, que establezca que no son punibles todas aquellas personas que no hayan cumplido los 14 años de edad. “Si usted toma esa modificación que yo le estoy pidiendo esta ley, esta ley va a tener destino. Sino, va a terminar judicializada, a tiro de que cualquier magistrado entienda que la única forma de establecer una ley de comprensión de la criminalidad del acto debe estar fijado en el Código Penal y no en una ley complementaria”.