En representación de Unión por la Patria, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz defendió el dictamen que elaboró esa bancada, recordando que la ley vigente, la 22.278, tiene 45 años de vigencia. “No hace falta que expliquemos la inconstitucionalidad de esa norma”, dijo, calificando a la misma como “vetusta, regresiva, tan tremenda en la mirada del Estado sobre los niños, niñas y adolescentes, que son el sujeto que queremos reconocer”.

La emprendió contra el proyecto enviado en 2024 por la entonces ministra Patricia Bullrich, calificándolo como “mamarracho jurídico” y le atribuyó el precepto expresado por la hoy senadora de “delito de adulto, pena de adulto”. Habló de la “inconstitucionalidad” de esa frase, y trajo a colación la Observación N° 24 sobre los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, que leyó a continuación: “Los niños se diferencian de los adultos por su desarrollo tanto físico como psicológico. En virtud de esas diferencias, se les reconoce una menor culpabilidad, y se les aplica un sistema distinto, con un enfoque diferenciado e individualizado. Se ha demostrado que el contacto con  la justicia penal perjudica a los niños al limitar sus posibilidades de convertirse en adultos responsables”.

“Miren, no es una frase hecha en una observación de una convención. Es simplemente saber que no podemos legislar sin tener en cuenta al sujeto al que queremos abordar en la búsqueda de una solución”. Insistió en que a los niños, niñas y adolescentes “se les reconoce una menor culpabilidad” y se les aplica una pena diferenciada. “No es una frase hecha”, enfatizó, remarcando que “es saber que cuando legislamos sin tener en cuenta al sujeto al que queremos abordar en busca de una solución, la pena máxima es sin duda la última expresión que debería reflejar el sistema político en general”.

Para Tolosa Paz, “todo el sistema político debería trabjar para que esto esté solo para casos excepcionales”. Y la emprendió contra el Gobierno al señalar que “quienes promueven una Argentina donde van desarmando el sistema de protección de los derechos del niño; quienes promueven una Argentina donde van desarmando las estructuras de la educación pública, la salud pública, del Garrahan y de los servicios locales, traen hoy aquí en discusión (el precepto) ‘cárcel o bala’, y construcción de cárceles de niños, pegados con los adultos, para darle una respuesta a un problema que tiene sin duda un sector de nuestra sociedad, que son los niños, niñas y adolescentes pobres sumergidos en la extrema vulnerabilidad, que no han tenido ninguna posibilidad de encontrarse con un rostro del Estado que debería haberle garantizado una maternidad donde nacer; una protección en la infancia; un plato de comida; un médico pediátrico en un centro de salud, para luego en todo caso de haber cumplimentado todos esos estándares constitucionales, podríamos ofrecerle, si cometió un delito, una respuesta justa, constitucional, garante de sus derechos, de su defensa, y sin duda la pena de la restricción de su libertad como último ratio. Esa Argentina es posible; esa Argentina late en el corazón de quienes creemos en la Constitución y venimos acá independientemente del dolor de los casos tremendos que tenemos que soportar”.

Se refirió a continuación al dictamen que venía a defender. Resaltó la participación de invitados que asistieron los dos años anteriores a los debates del tema en Diputados, en cuyos testimonios dijo entender que está parte del argumento de “porqué construimos este dictamen”.

“Tenemos un dictamen propio que fija una posición clara: los adolescentes serán punibles entre los 16 y 18 años, y en la concurrencia de delitos graves la pena máxima será de 10 años -expresó-. Nos hacemos cargo de lo que escribimos, eso cumple el principio de una pena proporcional, diferencial, con un sistema que lo va a juzgar, defender, y le va a dar una salida en base a la Constitución. Pero además de encargarnos de los jóvenes punibles, de los 31 especialistas que pasaron. Pena progresiva; proporcionalidad en la pena; lugares especializados, no durlock en cárcel de adultos. Queremos como último ratio la pena de libertad en lugares que tenemos que reconstruir en muchas provincias, o tenemos que volver a hacer en otras”.

Tolosa Paz destacó que muchas provincias han avanzado en dar respuesta a estos problemas, mucho antes de que se presentara esta ley. Y recomendó ir a ver la Ley de Procedimiento que llevan adelante en Córdoba, o la ley vigente en CABA. “Fijemos la edad y a partir de esa edad trabajemos”, recomendó, pidiendo poner el mismo esfuerzo en la no punibilidad: “Los escucho, tienen que explicar porqué arrancaron con 13 años; ahora están en 14, cuenten qué van a hacer con los no punibles”.

La diputada de UP sostuvo que el dictamen de su bancada contempla a los no punibles y recordó que Kim Gómez (la niña asesinada por menores el año pasado en La Plata) y su padre “todavía están esperando que tengamos un cuerpo normativo que aborde el drama de un no punible cometiendo un homicidio agravado. Están esperando la respuesta seria, la seriedad que ustedes no tienen”.

Dirigiéndose al oficialismo, lanzó que “no tiene la solución al problema; esta no lo es. Esto no se soluciona con marketing político, cambiando la edad, como si fuera un juego de póker. Se soluciona conociendo primero la realidad argentina, las normas procesales de cada provincia, entre otras cosas”. E insistió en que “la no punibilidad tendrá que tener una respuesta también, incluso cuando comete un delito”.

A continuación, enumeró las respuesta que pretende dar el dictamen que defendía: “Primero, sistema de protección integral; segundo, Ley de Salud Mental, internación obligatoria, porque el consumo problemático es uno de los factores más importantes para que un pibe esté delinquiendo en una edad en la que tendría que estar estudiando y en familia. Tercero, en los casos gravísimos, tipificados en el Código Penal, con penas que son mayores de 15 años, también decimos normas procesales vigentes en la provincia, tiempo limitado, supervisión de la restricción, porque no solo queremos cuidar la vida de los terceros, dar respuesta a las víctimas, sino fundamentalmente también cuidar la vida y la integridad de ese adolescente. Por eso decimos que no es cierto que la ley de ustedes vaya a traer ninguna realidad”.

Concluyó advirtiéndoles a sus pares que “cuando se vayan esta noche a dormir, sepan que acaban de traer un pésimo proyecto, no van a resolver el problema y, fundamentalmente, la Argentina después de 45 años necesita un sistema juvenil penal que aborde el conflicto adolescente con una mirada diferente, con la justicia restaurativa, con el reconocimiento de la responsabilidad de los actos, con la voz de las víctimas, pero fundamentalmente con un Estado que no mire para otro lado”.