En ciertos barrios la infancia concluye cuando empieza el trabajo; en otros, cuando el hambre —ese pedagogo inflexible— enseña que toda ternura es un lujo. Hay también una infancia que termina por decreto: no por el calendario del cuerpo sino por el calendario del Estado.

En la Argentina de hoy, donde miles de adolescentes abandonan la escuela, donde la exclusión se hereda como un apellido, y donde la desigualdad no es una anomalía sino una arquitectura, el Estado llega tarde con la política social y temprano con el Código Penal. En un país atravesado por ajuste, caída del empleo, deterioro educativo y retracción de lo público, el Gobierno propone un gesto simple —una cifra— como si la seguridad fuera una cuestión aritmética: 14 en lugar de 16.

Los diputados votaron con la serenidad de quien ordena números en una planilla. En el recinto, las palabras sonaron como si se tratara de un impuesto o de un trámite. Sin embargo, en algún barrio de la periferia —donde los chicos aprenden antes a esquivar balas que a conjugar verbos— esa cifra adquirió un peso metafísico, como si el destino, por una vez, tuviera rostro administrativo.

Catorce años.

Es la edad en que todavía se duerme con la luz encendida.

La edad en que el cuerpo crece con una velocidad que la conciencia no alcanza.

La edad en que la rabia suele ser más vasta que el lenguaje. La edad en que el orgullo es más grande que la experiencia

Desde ahora, también es la edad en que el Estado puede sentarse frente a un adolescente y decirle, con la cortesía de los formularios: usted responde penalmente.

Se invoca que la Convención sobre los Derechos del Niño, con olvido del  principio de no regresividad, permite fijar ese umbral, si, pero siempre que la prisión sea el último recurso y la finalidad sea reeducar y no vengar.

Pero las leyes no se comprenden solo por sus artículos: se comprenden por el clima moral que las rodea. Y el clima de estos tiempos es áspero.

El Estado se ha vuelto austero con la escuela, con el trabajo, con la asistencia social. Recorta con la motosierra y opera sin anestesia. Pero cuando llega la hora de castigar, no titubea. Allí no hay gradualismo. Allí hay decisión.

En los barrios donde el asfalto se termina sin aviso y las promesas oficiales llegan siempre con demora, los adolescentes crecen en una intemperie que rara vez figura en las estadísticas. Aprenden pronto que el futuro es una palabra demasiado grande para su geografía. Y cuando alguno cruza la frontera de la ley, la respuesta aparece puntual, reglamentada, exacta.

Es curioso: el Estado que no alcanzó a abrazarlos cuando eran vulnerables llega con precisión para declararlos culpables.

Hay en “En la colonia penitenciaria” de Kafka una máquina que escribe la sentencia sobre la piel del condenado. No era cruel por violencia, sino por convicción. Funcionaba con serenidad técnica. Grababa con paciencia hasta que la culpa se volvía indeleble.; hasta que el castigo se volvía una forma de caligrafía.

Nuestra máquina es menos visible y, por eso mismo, más eficaz. No deja cicatrices en la carne; deja expedientes, antecedentes, trayectorias truncas. Estigmatiza.

Opera con una fe antigua: la fe de que la severidad equivale a justicia.

Se dirá —y acaso se repita con convicción— que nadie pretende llenar cárceles de adolescentes. Que el régimen será especial, diferenciado, socioeducativo. Que la prisión será excepcional. Ojalá.

¿Y por qué el Estado no interviene antes para cuidar?

¿Por qué esperar la conducta delictiva?

Preguntas sin respuestas

Pero la historia, que es una biblioteca de malas previsiones, enseña que el derecho penal, cuando se expande, rara vez retrocede con facilidad.

El problema no es solo el número catorce. El problema es lo que ese número revela.

* Revela una sociedad que, entre la incertidumbre y el miedo, busca respuestas rápidas.

* Revela un poder político que prefiere exhibir autoridad antes que explicar complejidades.

* Revela un Estado que renuncia a la paciencia de prevenir y elige la prisa de sancionar.

La seguridad es un derecho; nadie lo niega. Las víctimas existen y merecen que sus derechos no sean vulnerados. Para ello se necesita prevención porque  la justicia no se construye adelantando el umbral del castigo sin preguntarse por el origen del comportamiento desviado.

Un adolescente que delinque no surge del vacío: surge de una trama social ya desgarrada. El derecho penal puede intervenir sobre hechos pasados; la política social puede prevenir hechos futuros. Un juez penal no puede, siquiera el más justo o el más sabio, recomponer el tejido que lo precede.

Reducir la edad de imputabilidad ofrece una sensación de orden, como ofrecen orden los mapas: simplificando lo real. Tranquiliza a quienes creen que la dureza es siempre una solución. Pero el orden auténtico —si existe— no nace del temor. Nace de la inclusión social.

Cuando un país decide que a los catorce años la infancia es jurídicamente suficiente para la culpa penal, está diciendo algo más profundo sobre sí mismo: que ha perdido la constancia de incluir y ha ganado la costumbre de castigar. Y esa costumbre, como todo hábito, termina por parecer natural.

Las sociedades no se definen por la edad a la que comienzan a castigar. Se definen por la edad hasta la que son capaces de proteger.

En esa diferencia —tan leve como dos años, tan profunda como una historia— se juega algo más que una reforma penal.

Se juega la idea misma de futuro.

Si el castigo es la primera respuesta, entonces la máquina “kafkiana” ya estaba en marcha mucho antes de que fijáramos el número.