El oficialismo encadenó en dos días una serie de aprobaciones que no había conseguido en todo 2024, ni tampoco otra gestión: la media sanción de la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur–Unión Europea. El Gobierno apuesta a convertirlos en ley antes del 1° de marzo, mientras prepara una reforma política que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento partidario y nuevas reglas para la Boleta Única.
Fue, por lejos, la mejor semana del Gobierno en el Congreso. Si se tiene en cuenta que el año pasado el oficialismo libertario se la pasó penando legislativamente hablando, sufriendo una tras otra la aprobación de leyes contra la voluntad de Milei, y que durante todo el período ordinario solo consiguió aprobar -en una sola cámara- el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario, no resulta para nada exagerada una visión tan positiva de lo sucedido el miércoles y jueves pasado.
Si consideramos que La Libertad Avanza se limitaba a festejar cuando salvaba los vetos, cobra mayor importancia haber aprobado leyes de tamaña envergadura como las de la última semana.
Ni siquiera suena exagerado tildar de “históricas” ambas jornadas. Porque lo fueron, sin que eso represente un juicio de valor. Es realismo puro. Tengamos en cuenta que la reforma de la Ley Penal Juvenil es un objetivo que muchos gobiernos se propusieron desde el 83 a la fecha, pero nunca nadie pareció tan cerca de conseguirlo como el actual.
Muchas veces el tema avanzó en comisión, incluso durante gestiones kirchneristas. De hecho, pocos recuerdan que el tema llegó a tener media sanción en 2009 en el Senado, durante el gobierno de Cristina Kirchner. El 8 de julio de ese año se aprobó en general y por unanimidad, con 43 votos afirmativos, un nuevo Régimen Penal Juvenil, que establecía la edad de imputabilidad en 14 años. La aprobación en particular se demoraría 4 meses, hasta que el 25 de noviembre de ese mismo año fue desempolvada para dársele en el recinto el tratamiento que faltaba. Sin embargo nunca fue tratada en la Cámara baja y perdió estado parlamentario. El propio kirchnerismo la frenó.
El jueves pasado, se aprobó en Diputados este proyecto con una mayoría holgada y se propone hacerlo ley antes de fin de mes. Si lo consigue, modificará una norma que data de 1980, producto de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), que durante los gobiernos del Proceso suplía al clausurado Congreso.
Ese mismo jueves se aprobó -con más de los dos tercios- el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un convenio que ya de por sí es histórico puesto que el inicio de las negociaciones formales data de 1999.
Ni qué decir de la media sanción de la reforma laboral con la que se alzó La Libertad Avanza en la madrugada de ese mismo jueves en el Senado. Puede alardear el Gobierno con que ha logrado lo que no consiguieron sus antecesores, y no estará faltando a la verdad. Durante el primer gobierno de Carlos Menem hubo flexibilizaciones laborales a través de algunas leyes puntuales, pero no una única y gran reforma como la que se propone esta gestión. Durante los gobiernos kirchneristas se aprobaron reformas que fueron de signo opuesto a las de los años 90. La Alianza implementó una reforma laboral en el año 2000, recordada como la “ley Banelco”, y que Néstor Kirchner derogó en 2003. Raúl Alfonsín impulsó su propia reforma, conocida como la “ley Mucci”, en 1983, que tuvo media sanción en Diputados y fracasó en el Senado, donde perdió por un voto.
Los libertarios pueden regodearse por estos días de haber conseguido entonces lo que no logró el líder radical: imponerse en el Senado. Un ámbito donde ya hemos dicho que por primera vez desde el 83 el peronismo perdió gravitancia plena: con 28 miembros de un interbloque en ebullición, representan el número más bajo del peronismo en el Senado desde la recuperación democrática.
La Libertad Avanza consiguió aprobar la media sanción de la reforma laboral con 42 votos, una mayoría holgada que no corrió riesgos en la votación en particular, donde solo en el último título (el de las derogaciones, Estatuto del Periodista incluido) bajó de 40 votos (38).
Para garantizar su aprobación definitiva extiende un día el período ordinario, con el fin de salvar una traba reglamentaria, y apurará el tratamiento en la Cámara baja esta misma semana, por si hay modificaciones que no descarta. Fue muy cuidadoso el oficialismo en la Cámara alta calculando que nada se cayera en la votación en particular, pero en Diputados no es seguro que pueda evitar modificaciones. Particularmente en el tema de las licencias médicas. Es el artículo 44, referido a “los accidentes y enfermedades inculpables”, que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo incluyendo medidas polémicas, como aquella que establece que “si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración”, que no estaba en la versión original y fuentes libertarias consultadas atribuyen ahora a aliados que introdujeron esos párrafos, en el marco de las múltiples correcciones que el Gobierno aceptó introducir en el proyecto.
La modernización laboral se votó con un amplio margen.
Si esas modificaciones suceden, le queda al oficialismo una semana más para aprobar la ley en el Senado antes del 28 de febrero.
La idea es que el Presidente tenga reformas contundentes para exhibir en la apertura de sesiones ordinarias, el domingo 1° de marzo a partir de las 21. Esa noche Milei no solo va a vanagloriarse de sus “logros”, sino también anticipará objetivos inmediatos que le propondrá a su audiencia legislativa.
Pues aprovechando el ímpetu ganado a partir del resultado electoral de octubre, y la quietud de una oposición que lejos está de recomponerse de semejante shock, acelerará en el Congreso con una serie de normas que incluyen una reforma drástica del Código Penal, que ya había propuesto en el primer llamado a extraordinarias en diciembre pasado, y que seguramente demandará todo el año.
Pero en lo inmediato, la Mesa Política de la Casa Rosada tiene en mente poner en marcha una reforma política que comprenderá la eliminación de las PASO, una modificación del financiamiento político y un detalle clave para la Boleta Única en Papel.
La eliminación definitiva de las elecciones primarias es el objetivo de máxima, aunque LLA se encontrará con resistencias de sus aliados más cercanos. Al menos en teoría, porque el Pro también insistió en la reforma laboral incluir a las billeteras virtuales en el pago de salarios, pero a la hora de votar el título correspondiente se limitó a expresar su disidencia de manera verbal. Si bien en su momento el propio Mauricio Macri mandó a impulsar un proyecto para eliminarlas, luego de ver las consecuencias que le causó esa elección primaria en 2019, el Pro ha expresado su rechazo a eliminarlas ahora. Postura que comparte con el resto de lo que fue Juntos por el Cambio. La Libertad Avanza es en cambio un partido donde la lapicera la tiene Karina Milei y no se aceptan disidencias: el verticalismo es irrenunciable. Habrá que ver si la apuesta de máxima termina transformándose en una nueva suspensión para 2027, en cuyo caso habrá que ver en qué queda la promesa de Macri de que “el Pro tendrá su propio candidato en 2027”.
En aras también del orden fiscal, el Gobierno quiere insistir con la eliminación del aporte extraordinario que el Estado Nacional debe hacer a los partidos políticos para las campañas, y paralelamente querría modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos para establecer normas más estrictas para determinar la caducidad de los partidos. Elevando por ejemplo del 2% al 3% el piso de votos que una fuerza debería alcanzar en dos elecciones consecutivas para no perder su personería. Además, para constituir un partido de alcance nacional, se exigiría contar con reconocimiento en 10 distritos -en lugar de los 5 actuales- y reunir alrededor de 35.000 afiliados.
Por último, incorporarían en la BUP un casillero que habilite a votar lista completa, tal cual establecía el proyecto original que en su momento impulsó Juntos por el Cambio. Dicha norma fue modificada en el Senado, ya en esta presidencia, a instancias de los partidos provinciales que exigieron eliminar ese casillero. Fue la concesión que permitió destrabar la situación entonces, pero la senadora rionegrina que encabezó aquella movida ya no está y La Libertad Avanza ya tiene bloques más nutridos.
Un crecimiento legislativo que ya le ha dado sobrados frutos en diciembre y ahora, engalanando una semana que había comenzado torcida, con un número de inflación que opaca la promesa presidencial de bajarla a cero en agosto. Pero que tuvo su compensación en materia económica con un Banco Central que sigue comprando dólares para compensar reclamos y tranquilizar espíritus, y que a pesar de lo que se esperaba sucediera en ese caso, tiene una moneda norteamericana que, créase o no, no solo sigue tranquila, sino que no dejó de bajar esta última semana.