La senadora kirchnerista pidió que se investiguen los presuntos delitos de defraudación contra la administración pública y encubrimiento. Incluye a la esposa del ministro de Desregulación.
La senadora nacional Juliana Di Tullio (Justicialista) presentó este miércoles una denuncia penal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y su esposa, María Josefina Rouillet, por una presunta contratación irregular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto hacia la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por Rouillet, en concepto de cursos de inglés a los funcionarios de Cancillería por un monto de más de $114 millones.
“La denuncia identifica con nombre y apellido a los principales responsables de la maniobra que habría beneficiado a la asociación dirigida por la esposa del ministro de Desregulación”, apuntó la legisladora kirchnerista.
En ese sentido, a Sturzenegger lo denunció por presunto tráfico de influencias. La denuncia sostiene que “no se puede descartar su mediación ante las autoridades de Cancillería para obtener la adjudicación directa que benefició a la entidad dirigida por su cónyuge”.
En cuanto a Rouillet, aparece denunciada como “coautora” del delito de defraudación a la administración pública, por dirigir la entidad beneficiaria del contrato.
La presentación de Di Tullio también alcanza a Pablo Quirno, sobre quien pide que se lo investigue por “la presunta comisión del delito de encubrimiento por omisión de denuncia”. Según el escrito, “el canciller optó por justificar públicamente la contratación a través de sus redes sociales en lugar de denunciar las irregularidades”.
Finalmente, aparece denunciada también como “coautora” del delito de defraudación, en su carácter de subsecretaria de Coordinación y Administración del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Cristina Dellepiane, ya que fue quien adjudicó la contratación directa a través de la Disposición 21/2026.
La senadora bonaerense también solicitó que se investigue como "partícipes necesarios" a los titulares de las áreas técnicas que permitieron la viabilidad del contrato: el director de Desarrollo de Recursos Humanos (Cancillería), el director de Compras y Contrataciones (Cancillería), el director de Asuntos Jurídicos (Cancillería), el director de Planificación de Políticas de Transparencia (Oficina Anticorrupción) y el director Nacional de Ética Pública (Oficina Anticorrupción).
"Se habrían alejado de un ‘fin lícito’ para garantizar un beneficio para un tercero vinculado con un ministro del Poder Ejecutivo Nacional", remarcó Di Tullio en la denuncia, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional N°1, a cargo de María Servini de Cubría.