El bloque de La Libertad Avanza pidió la expulsión de la diputada kirchnerista, por haber desconectado micrófonos y equipos técnicos durante la última sesión del 19 de febrero. El oficialismo presentó un proyecto para suspenderla de manera preventiva, habilitar una denuncia penal y excluirla de la Cámara baja por “desorden de conducta”.
El bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) solicitó este viernes la expulsión de la diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano, a quien acusan de protagonizar “actos de sabotaje ilegales y contrarios al espíritu democrático” durante la sesión del 19 de febrero de 2026.
Según el texto firmado por el bloque oficialista, las cámaras del recinto registraron a Carignano “desconectando micrófonos y otros dispositivos” con la presunta intención de dificultar el normal funcionamiento de la Cámara de Diputados de la Nación. Para LLA, se trata de un comportamiento que “no puede ser permitido” y que revela que “el kirchnerismo no está interesado en el debate parlamentario, sino en imponer sus ideas mediante la violencia”.
El espacio que responde al oficialismo informó a través de un comunicado que presentó un proyecto que faculta a la Presidencia de la Cámara a realizar una denuncia penal por la posible comisión de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Además, solicitaron la suspensión preventiva de Carignano y su expulsión definitiva del cuerpo legislativo.
En el comunicado, La Libertad Avanza convocó a las demás bancadas a acompañar la iniciativa, al afirmar que “la violencia y los actos desestabilizadores no pueden ser permitidos en la Cámara de Diputados de la Nación”.
El proyecto para sancionarla
El pedido expreso para sancionar a la diputada Carignano fue formalizado este mismo viernes a través de un proyecto de resolución para excluirla de la Cámara baja, al considerar que incurrió en “desorden de conducta” durante la 22ª reunión – 3ª sesión extraordinaria celebrada el 19 de febrero de 2026. Según afirman en el texto, la legisladora desconectó micrófonos utilizados por los taquígrafos y dispositivos vinculados al sistema de audio del recinto, lo que habría interferido con el desarrollo del debate y con el trabajo técnico-administrativo del Congreso.
El proyecto está firmado por los diputados de LLA Gabriel Bornoroni, Sebastián Pareja, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado, Romina Diez, Giselle Castelnuovo, Alejandro Fargosi, Carlos Almena, Johanna Longo, Rubén Darío Torres, Verónica Razzini, Patricia Holzman, Damián Arabia y Alida Ferreyra. Acompañan el texto los diputados del Pro Javier Sánchez Wrba, Martín Yeza, Daiana Fernández Molero, Antonela Giampieri, Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Alicia Fregonese y Fernando De Andreis.
Los legisladores sostienen que el episodio excede cualquier discusión política acalorada y constituye una alteración material del funcionamiento institucional, ya que afecta directamente el sistema de registro taquigráfico, necesario para la validez de las deliberaciones y la confección del Diario de Sesiones.
En los fundamentos, los autores del proyecto citan doctrina parlamentaria para remarcar que la vehemencia política no habilita a interrumpir tareas técnicas esenciales. Consideran además que la gravedad del hecho se vio reforzada por declaraciones de Carignano al día siguiente, cuando en el programa “Segurola y Habana” dijo que actuaría del mismo modo en circunstancias similares. Para los diputados libertarios, esa expresión “convalida” la conducta denunciada y muestra falta de revisión crítica.
También mencionan un antecedente de junio de 2025, cuando —según señalan— Carignano dirigió insultos a otra diputada durante la 9ª reunión – 7ª sesión ordinaria, lo que en su interpretación forma parte de un comportamiento reiterado que vulnera pautas de respeto y decoro parlamentario.
El proyecto propone tres medidas: la exclusión de Carignano en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional, la facultad a la Presidencia de la Cámara para presentar una denuncia penal por posibles delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, y su suspensión preventiva mientras se sustancian las actuaciones, tomando como antecedente el caso del exdiputado Juan Ameri en 2020.
Los autores concluyen que el respeto de las reglas parlamentarias “no es una formalidad vacía”, sino una garantía esencial para el funcionamiento democrático, y solicitan el acompañamiento de los demás bloques para avanzar con el proceso disciplinario.