La demora en la integración del Tribunal Fiscal de Apelación, luego que en la Legislatura se produjeran los "acuerdos" formales para realizar las designaciones preocupa a la oposición.
El Gobierno bonaerense enfrenta un nuevo foco de conflicto debido al retraso en la puesta en funciones de los integrantes del Tribunal Fiscal de Apelación.
La Legislatura prestó acuerdo para la designación de los miembros necesarios para cubrir las vacantes, pero el Poder Ejecutivo, encabezado por Axel Kicillof, aún no ha avanzado con las designaciones de los profesionales elegidos a principios de diciembre de 2025.
Ante este escenario el diputado provincial y presidente del bloque de la UCR+CF Diego Garciarena presentó un proyecto de ley que busca suspender todos los plazos procesales ante el Tribunal Fiscal de Apelación con efecto retroactivo al 1 de octubre de 2025.
La iniciativa propone que esta medida rija hasta que el organismo quede plenamente integrado y pueda operar con normalidad.
La suspensión alcanzaría a actos críticos como la interposición de recursos, el ofrecimiento de pruebas y el dictado de sentencias, evitando así que la inactividad forzada del tribunal derive en una pérdida de derechos o en la prescripción de causas fiscales sensibles para la provincia.
Esta situación de “acefalía técnica” ha generado preocupación, ya que el paso del tiempo sin un tribunal integrado provoca “la caducidad de deudas impositivas, beneficiando a los deudores y perjudicando la recaudación del Estado provincial”.
La parálisis administrativa se extiende ya por casi tres meses desde que se votaron los pliegos, aunque la virtual acefalía del Tribunal data desde mucho tiempo antes e incluso algunos objetan su funcionamiento pues ven cierta superposición con otros organismos del Estado.
Según trascendió desde el ámbito legislativo, la efectiva designación que corresponde al Poder Ejecutivo a través del correspondiente decreto se posterga más de la cuenta e incluso se especula con cierta negativa de Kicillof en avanzar en esas designaciones; no sería el primer caso que la Legislatura preste acuerdo y el Ejecutivo demore o directamente no realice la designación. Por caso, dos acuerdos de Jueces del Tribunal de Casación Penal.
El acuerdo alcanzado el pasado 4 de diciembre entre el oficialismo y la oposición contemplaba el nombramiento de los abogados Virginia García, Gabriel De Pascale, Federico Carozzi, Mariana Rodríguez y Ángel Villegas, junto a los contadores Marcelo Giampaoli, Cecilia Oroz y Fernanda Campo. Todo ellos esperan poder asumir como miembros del Tribunal.