Un grupo de legisladores de varios partidos viajaron a Mendoza para mantener reuniones con investigadores del IANIGLA y del Centro Científico Tecnológico, en el marco del debate por los cambios que el oficialismo impulsa en la Ley de Glaciares, a los que se oponen por considerar que implican retrocesos ambientales.
Diputados nacionales de la oposición se encuentran este lunes en la provincia de Mendoza, con el objetivo de desarrollar una agenda vinculada a la nueva legislación sobre glaciares que el oficialismo busca impulsar en el Congreso.
El proyecto para modificar la Ley de Glaciares forma parte del temario de sesiones extraordinarias y podría ser tratado esta semana en una de las dos sesiones que se prevén en la Cámara alta.
Como parte de estas actividades, participarán Adriana Serquis, Martín Aveiro, Moira Lanesán (Unión por la Patria), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Esteban Paulón (Provincias Unidas).
Además, se espera que de manera virtual también sean parte de las reuniones con especialistas del IANIGLA los legisladores Gabriela Estévez, Andrea Freites, Ana María Ianni, Sabrina Selva, Pablo Todero (UP), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y María Inés Zigarán (PU), entre otros.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) es el organismo de referencia nacional en el estudio y monitoreo de glaciares. También participarán de los encuentros investigadores del Centro Científico Tecnológico de Mendoza.
El propósito de la visita es interiorizarse en los aspectos técnicos y científicos relacionados con la ley actual, difundir información y generar conciencia sobre las modificaciones que se intentan introducir, además de destacar el valor estratégico de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas naturales de agua esenciales para la vida, los ecosistemas, las economías regionales y el desarrollo del país.
El objetivo, a su vez, es ampliar información precisa del rol del organismo en el registro de la evolución de los glaciares. Los convocantes ya anticiparon su postura crítica al proyecto que impulsa el Gobierno (por pedido de gobernadores de provincias mineras), por considerar que implica retrocesos ambientales.