El diputado de Unión por la Patria propuso un nuevo régimen de presupuestos mínimos que amplía definiciones, endurece prohibiciones y fortalece el rol del Inventario Nacional de Glaciares, como respuesta a la iniciativa del Poder Ejecutivo de modificar la Ley 26.639.
En vísperas del tratamiento en el Senado del proyecto del Poder Ejecutivo para reformar la Ley de Glaciares, el diputado nacional Eduardo Valdés presentó una iniciativa alternativa que establece un Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. El texto apunta a “fortalecer, ampliar y garantizar la plena vigencia” de la ley vigente y a reforzar la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua.
El proyecto declara de interés público nacional la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, y considera el agua proveniente de estas formaciones como un recurso natural estratégico que debe gestionarse “por encima de cualquier interés económico particular”.
La iniciativa amplía definiciones clave sobre glaciares descubiertos, glaciares cubiertos, glaciares de escombros y ambiente periglacial, y robustece el rol del Inventario Nacional de Glaciares, cuya actualización obligatoria deberá realizarse cada cinco años bajo la responsabilidad del IANIGLA, organismo dependiente del CONICET.
El artículo 5 refuerza las prohibiciones absolutas ya establecidas por la Ley 26.639, e impide sin excepciones todas las actividades de exploración y explotación minera —metalífera y no metalífera—, la explotación hidrocarburífera y la construcción de obras de infraestructura que alteren el equilibrio hídrico o geomorfológico de glaciares y periglaciares.
Para toda actividad permitida dentro de estos ambientes, el proyecto exige una Evaluación Ambiental Estratégica previa, pública y vinculante, salvo en casos de rescate, investigaciones científicas no invasivas o actividades deportivas no motorizadas.
El texto también incorpora un régimen detallado de competencias para la autoridad de aplicación, quien deberá coordinar con provincias y organismos científicos, garantizar la fiscalización, promover la participación ciudadana y elaborar informes periódicos para el Congreso. Además, establece un sistema de sanciones que incluye apercibimientos, multas de hasta 100.000 sueldos básicos, suspensión de actividades y cese definitivo, con agravantes en casos de reincidencia.
En los fundamentos, Valdés advierte que la propuesta del Poder Ejecutivo constituye, según organizaciones ambientales, “un retroceso significativo en la protección de los glaciares”, al trasladar a las provincias la definición sobre qué áreas proteger, lo que —argumentan— rompería el carácter nacional de los presupuestos mínimos previstos por el artículo 41 de la Constitución.
El diputado recuerda que la Corte Suprema ratificó en 2019 la constitucionalidad de la Ley 26.639 y rechazó los planteos de empresas mineras y de la provincia de San Juan, al sostener que la preservación de los glaciares es un deber concurrente del Estado nacional y las provincias.
Cita asimismo comunicaciones recientes del IANIGLA, que reafirmaron la importancia del Inventario Nacional y señalaron que el organismo no fue consultado oficialmente sobre la reforma impulsada por el Ejecutivo. El proyecto incorpora además datos técnicos del Instituto respecto de la pérdida de superficie glaciar registrada en los últimos años y su impacto en cuencas hídricas estratégicas.
Valdés enumera la preocupación manifestada por organizaciones ambientales, la Fundación Vida Silvestre y la red Encuentro Verde por Argentina, y resalta que comunidades cordilleranas, pueblos originarios y ciudades ubicadas aguas abajo dependen directamente del agua proveniente de glaciares y geoformas periglaciares.
“El contexto de crisis climática global exige reforzar, y no debilitar, la protección de estas reservas estratégicas de agua dulce”, concluye el diputado, quien solicita el acompañamiento de sus pares para avanzar con su propuesta.