Tras el anuncio del Ministerio de Seguridad de la Nación, las legisladoras del Frente de Izquierda de los Trabajadores - Unidad (FIT-U) Vanina Biasi y Andrea D'Atri enviaron a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cuál buscarán repudiar el endurecimiento de los controles migratorios en el distrito capitalino.

"La Legislatura de la Ciudad  repudia enérgicamente los operativos desplegados en territorio de la Ciudad bajo el argumento de 'endurecer los controles migratorios', con participación de fuerzas federales, por tratarse de acciones estigmatizantes, discriminatorias y contrarias a la legalidad vigente, focalizadas en barrios obreros y dirigidas contra la comunidad migrante", comenzaron diciendo en la iniciativa y le exigieron "al Poder Ejecutivo Nacional y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el cese inmediato de dichos operativos y de los discursos oficiales que criminalizan a las personas migrantes, vulnerando derechos fundamentales y promoviendo prácticas xenófobas".

En los fundamentos del texto recientemente presentado, las diputadas advirtieron que "estos operativos, como el llevado adelante recientemente en el barrio de Liniers apuntan a perseguir, estigmatizar y amedrentar a uno de los sectores más precarizados de la población: la comunidad migrante trabajadora, utilizada como chivo expiatorio frente a la grave crisis económica y social generada por quienes gobiernan".

"Estas acciones no constituyen hechos aislados, sino que se inscriben en un rumbo político más general, reforzado por el DNU 366/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional introduce modificaciones a la Ley de Migraciones 25.871 orientadas a restringir derechos, ampliar las facultades discrecionales de control estatal y facilitar la apertura de procesos de expulsión, debilitando las garantías del debido proceso y promoviendo una lógica de persecución y criminalización de la pobreza", aseveraron.

Al mismo tiempo que alertaron que "desde el punto de vista jurídico, este accionar resulta ilegal. La Ley de Migraciones 25.871 establece que la migración es un derecho humano, que la irregularidad migratoria no es delito y que no existe la figura del 'extranjero ilegal'. Incluso ante la existencia de antecedentes o condenas penales, no existen expulsiones automáticas: toda medida de expulsión debe tramitarse mediante un expediente administrativo, con derecho de defensa y control judicial".

"Tanto la Constitución Nacional Argentina como por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizan el debido proceso, la igualdad de derechos y la prohibición de prácticas discriminatorias por nacionalidad. En consecuencia, cualquier operativo que promueva deportaciones automáticas, controles selectivos o persecución por origen nacional resulta inconstitucional, discriminatorio y judicializable", agregaron.

Y concluyeron señalando que "esta Legislatura debe rechazar la orientación impulsada por el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad, exigir el cese inmediato de estos operativos y de la persecución contra los trabajadores y trabajadoras migrantes, y pronunciarse en defensa irrestricta de los derechos humanos y las garantías constitucionales".