El intento del Gobierno nacional por sumar avales antes del debate legislativo de la reforma de la Ley de Glaciares encontró un freno en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), donde la iniciativa no obtuvo respaldo. Representantes de las provincias analizaron el proyecto que debatió el Senado este jueves y expusieron diferencias profundas sobre su alcance y sus implicancias para la protección de los ecosistemas de alta montaña.

La provincia de Buenos Aires fue una de las voces más críticas. Su subsecretaria de Política Ambiental, Tamara Basteiro, cuestionó la propuesta al señalar que es “incompatible con el principio de no regresividad ambiental” y que entra en conflicto con compromisos asumidos por el país a través del Acuerdo de Escazú. Además, advirtió que el proyecto vulnera el espíritu del artículo 41 de la Constitución Nacional, que fija estándares mínimos de protección ambiental y garantiza el derecho al acceso al agua y a un ambiente sano. También remarcó que el debate se da en un escenario mundial de retroceso acelerado de glaciares, alertado por organismos científicos internacionales.

A su vez, la ministra de Ambiente bonaerense reforzó la postura provincial al afirmar que los glaciares constituyen una “política estratégica” para preservar bienes comunes naturales y garantizar fuentes de agua. Consideró que cualquier reforma debe elevar los niveles de protección, no reducirlos, y planteó que la flexibilización planteada podría favorecer intereses extractivos en detrimento del patrimonio ambiental del país. “Argentina tiene la segunda reserva de agua dulce más grande de Latinoamérica —enfatizó—. No podemos permitir una modificación que habilite su degradación”.

El debate dentro del COFEMA reflejó un mapa fragmentado: entre votos en contra, abstenciones y provincias ausentes, el Gobierno nacional no logró construir una mayoría que respaldara su proyecto. La falta de consenso dejó expuesta la resistencia de varias jurisdicciones a avanzar con una reforma que consideran regresiva y riesgosa para los recursos hídricos estratégicos del país.

Buenos Aires fue una de las principales impulsoras de la oposición y promovió la participación de organizaciones ambientales y especialistas del IANIGLA, el organismo responsable del Inventario Nacional de Glaciares, para enriquecer la discusión técnica.

Sin el aval del COFEMA y con posiciones provinciales abiertamente divergentes, la reforma llegó al Senado en un clima de creciente tensión ambiental y política, donde la disputa por la protección del agua y del ambiente periglaciar se ubica en el centro del debate.