En la última sesión del período extraordinario, el Senado sancionó el Régimen Penal Juvenil por 44 votos a favor, 27 en contra y la abstención de la cordobesa Alejandra Vigo. Después de siete horas desde el comienzo, el Cuerpo se aboca a la discusión de la Ley de Modernización Laboral que se estima se esté votando pasada la medianoche, a pesar de tratarse de un proyecto que vuelve con modificaciones, y que se esperaba fuera un debate breve.

En su calidad de cámara de origen, el Senado debate los cambios que la Cámara de Diputados introdujo a la Reforma Laboral: el jueves 19 de febrero, La Libertad Avanza aceptó la eliminación del artículo 44 que introducía cambios en el régimen de licencias por enfermedad.

La Cámara alta había aprobado la media sanción durante la madrugada del jueves 12 de febrero, pero rápidamente los aliados del Gobierno nacional salieron a manifestarse en contra del artículo en cuestión.

De todas maneras, el oficialismo movió las fichas para tener la ley sancionada esta noche -primero el Poder Ejecutivo debió extender un día el período extraordinario-, en la antesala de una nueva apertura de sesiones ordinarias que tendrá al presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa este domingo 1ero. de marzo.

El debate en el recinto

Justo antes de comenzar el nuevo debate sobre la ley de Modernización Laboral, el senador peronista Mariano Recalde presentó una moción para que el proyecto volviera a comisión, invocando  el Acuerdo Comercial Mercosur – UE, que en uno de sus puntos establece que ninguna de las partes deberá debilitar eslabones de la producción para tomar ventajas. La moción fue rechazada por 43 votos contra 29, tras lo cual arrancó finalmente el debate.

Le correspondió al chaqueño Juan Cruz Godoy oficiar de miembro informante, y arrancó saliendo al cruce de la preocupación expresada respecto del supuesto debilitamiento de los derechos de los trabajadores, aclarando que “continúan los derechos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo”. Dijo que entre otras cosas, se mantienen las indemnizaciones; se facilita la registración de los empleados de manera formal; se mantiene la obligatoriedad de registración, pero se agiliza el sistema y es más económico.
“Se crea el FAL (Fondo de Asistencia Laboral) como herramienta para dar certeza a empleadores  y empleados. Se establece también cuáles son los servicios esenciales y los considerados de importancia trascendental para establecer una prestación mínima e irreductible”, señaló, apuntando luego que “reconocemos que en nuestro país más del 70% del trabajo es gracias a las PyMEs, por eso es importante el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones) para que se genere más producción y empleo”.

Sobre el final de su exposición, Godoy aclaró que “eventualmente tendremos que volver a discutir esta temática”, en función de los avances de la tecnología, ya con la llegada de la Inteligencia Artificial y la robótica. “Probablemente dentro de 5 o 10 años tendremos que discutir nuevamente una ley laboral”, estimó.

A continuación, el senador Recalde recordó que hace pocas semanas trataron esa misma ley que tenía 219 artículos y hoy vuelve con 218. “Nuestro bloque va a seguir rechazando el contenido de la ley”, adelantó por si quedaba alguna duda. Luego habló de “un modus operandi del Gobierno en materia de leyes”, y lo explicó: “Primero manda leyes ómnibus, que tratan distintos temas. En esta ley, que tiene 26 títulos, se modifican 28 leyes y se derogan 11 leyes. Una ley gigante, monstruosa -aparte por el contenido-. No solo es una ley que abarca muchísimos temas y demás, la tratan de manera exprés. No hubo escucha, no aceptaron ninguna modificación, y un agregado que está siendo una constante en todas las leyes: aparecen modificaciones de último momento, que encima venden como concesiones”.

Recordó que fueron modificados 57 artículos de los 219 originales, y cuestionó que de las modificaciones no tuvieron en cuenta ninguna de las que pidió el bloque que representa la primera minoría. “Pero sí aparecieron cosas horrorosas, como la ampliación del artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, que son las exclusiones y sacan de las leyes laborales al personal de embarcados, sin ninguna explicación, y emitieron una modificación que pasó inadvertida, en el artículo 31, para liberar de responsabilidad a más empresas solidarias. No es un problema, según este proyecto de ley, que hayan incurrido en conducción temeraria”.

“Pero además, otra constante de todas estas leyes y que conspira contra la seguridad jurídica: es un trámite irregular”, aseguró Recalde, que habló de “violación de reglamentos”, y de “votos de legisladores que se supone que representan otros intereses, votando del otro lado”. Y sentenció: “Pasó con la ley Banelco, pasó con la Ley Bases. Compran a los que son de otros bloques… Hoy no sabemos qué otras cosas en la negociación de los votos. Todas estas cosas se haccn cuando una ley va en contra del pueblo. Cuando es a favor del pueblo, no se necesita votarla entre gallos y medianoche”.

Recalde advirtió que “seguramente esto va a generar más litigiosidad, sino muchas dudas de los inversores. Esta es una ley que desprotege desde donde se la mire (…) Una ley que empieza excluir de la Ley de Contrato de Trabajo a cada vez más actividades y sujetos. Que va directamente en contra de una disposición constitucional, el artículo 14 bis, que es el que establece que la ley le debe garantizar al trabajador jornada limitada”.

Por otra parte, Mariano Recalde consideró al FAL como “lo más grave y escandaloso”. Incluso advirtió que quienes armaron la ley “dicen que el escándalo de las licencias lo instalaron ellos para esconder y que no se discuta el FAL”, al que calificó como “un curro fenomenal. Porque no solamente subsidia despidos”.

Comparó al FAL con las AFJP, e insistió en calificarlo como “un curro fenomenal con la plata de los jubilados. Ahora no para pagar jubilaciones, sino para subsidiar empresas que despidan. Es estatizar otra vez deuda privada.  La deuda que tiene un empresario con un privado, que es el trabajador, es estatizada. El que despide, nos hacemos cargo todos, con la plata de los jubilados...”. En ese sentido advirtió que propondrán la creación de una bicameral de seguimiento de los fondos de los jubilados. “Si se crea, vamos a investigar qué hacen con la plata de las jubilaciones.  Y donde toquen un peso los vamos a meter presos”.

Tras él, su par rionegrina Ana Inés Marks abonó la hipótesis de que al artículo 44 “lo metieron para proteger la madre de todos los negocios: el FAL”, al que llamó “FAT, Fondo de Asistencia a la Timba”, y concluyó: “Un curro con la plata de los jubilados”.

Brevemente, la senadora pampeana Victoria Huala recordó que “no es un capricho pedir la eliminación de la cuota sindical”. Luego, señaló que “el trabajo de los gremios es representar al trabajador de verdad, pero conozco casos en los que se juntan a colgar carteles cuando no hay un gobierno kirchnerista en el Poder Ejecutivo Nacional”.

En relación a la Ley de Modernización Laboral, la pampeana cargó que “apoyar esta ley no es apoyar a las grandes empresas o a 'patrones malos', como algunos nos quieren hacer creer”. “Apoyar esta reforma laboral es apoyar a las pymes y al empleo real”, cerró.

A su turno, el senador Jorge Capitanich recordó los cuestionamientos del bloque Justicialista al texto oficial. “Primero, la afectación de los derechos del trabajador; segundo, afectación de los derechos colectivos; tercero, un régimen desde el punto de vista de reorganización laboral, y también integra el Fondo de Asistencia Laboral como incentivo a los despidos. También la nueva organización de la justicia de Trabajo y por último una reforma tributaria encubierta”, enumeró.

Entre las propuestas de su bancada, señaló: “¿Por qué existe un Fondo de Asistencia Laboral, que primero era 3% en forma lineal para todas las empresas, sin la diferenciación tipológica de las mismas, y ahora se planteó una diferenciación entre 1 a 2,5%, se trate de grandes empresas o de micro, pequeñas y medias empresas. Y en ese contexto, puede incrementarse a 1,5 o 3%. Lo que nosotros proponíamos era por qué no hacer directamente el ataque desde el punto de vista del régimen de incentivos a las micro empresas, que equivalen a 359 mil en la Argentina, porque efectivamente si poníamos la eliminación de las contribuciones patronales, implicaba que casi el 50% del costo total del costo laboral baja al 20%, que se subordina a los aportes personales. Tiene sentido porque el 77% del empleo informal se incuba en las microempresas. Se puede extender inclusive a medianas empresas y ese régimen puede implicar a cerca de 459 mil empresas”.

Ya en el turno de los cierres, el senador Fernando Salino habló de la “violación de las formas” que para su bancada se dio en el tratamiento de ese proyecto, recordando cuando se pidió el tratamiento de “un proyecto que no estaba en la Cámara de Senadores”, en alusión a cuando se convocó a un plenario para tratar la modificación de Diputados sin que se hubiera aprobado todavía.

“Otra confusión es cuando se dice: ‘Este debate ya se hizo’, siendo que lo único que vale es el tiempo que transcurre en el Senado de la Nación. No podemos computar el tiempo de debate en la opinión pública”, apuntó.

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