Tras más de dos décadas de discusión en torno al tema, que reflotaba frecuentemente a raíz de casos mediáticos, el Congreso de la Nación está a un paso este viernes de sancionar la ley que prevé la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para los adolescentes que cometan delitos.

Luego que el tema se tratara en comisiones entre 2024 y 2025 en la Cámara de Diputados, durante las sesiones extraordinarias de este mes de febrero, el oficialismo decidió motorizar nuevamente el proyecto: el impacto del crimen de Jeremías Monzón y los números más favorables para La Libertad Avanza en ambas cámaras del Congreso fueron clave.

Así, tras la media sanción de la Cámara baja el pasado 12 de febrero, el Senado inició el debate del proyecto este viernes a las 11.32. La iniciativa se encamina a ser ley, un hecho que será remarcado por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del próximo domingo.

La apertura del debate estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Gonzalo Guzmán Coraita, quien destacó que "estamos frente a una jornada histórica". Recordó que la actual Ley de Minoridad rige desde 1980, "anterior a la reforma constitucional de 1994" y la jerarquización de la Convención de los Derechos del Niño por parte de nuestro país.

El salteño aseguró que se trata de aplicar un régimen "moderno, integral y especializado" donde "estén debidamente garantizados los derechos al debido proceso" del adolescente. "Es una reforma que tiene pilares claros", agregó y mencionó que hace más de una década organismos internacionales "instaron a nuestro país a abandonar el modelo tutelar que hoy nos rige".

Luego de afirmar que no solo se trata de una modernización normativa, el libertario dijo que es "saldar una deuda histórica", ya que cuando anteriormente se intentó avanzar los proyectos fueron "descalificados como punitivistas, violatorios de los derechos humanos, regresivos". "Mantener la ley de 1980 es totalmente regresivo. Esa ley puede formar parte de nuestro ordenamiento jurídico", enfatizó y sumó que la legislación actual "no respeta las garantías mínimas".

En esa línea, Guzmán Coraita sostuvo que este régimen "está acorde a los estándares internacionales a los cuales el Estado se ha comprometido". "Estamos avanzando hacia adelante", expresó y se refirió a la cuestión de la edad: "La edad de 16 años no es un derecho ni un estándar en sí mismo. El Comité de los Derechos del Niño ha analizado distintos regímenes donde preponderantemente la edad es de 14 años y no ha dicho que sea contrario a la Convención".

Por otra parte, el legislador detalló datos de la Corte Suprema de Justicia, según los cuales en 2023 hubo 17.551 causas penales con menores involucrados y en 2024 fueron 18.972, "un incremento del 10%". "Detrás de cada número hay un hecho, una víctima, una familia, un adolescente que ha cometido delito y una historia personal", señaló. En su discurso, donde además precisó cada uno de los títulos del proyecto, mencionó que Argentina "junto a Cuba somos los únicos países en la región que mantiene los 16 años".

A su turno, el chaqueño Jorge Capitanich señaló que el problema “son las provincias las que efectivamente tienen que dar cumplimiento a un régimen penal en materia de capacidad instalada, pero también, lugares de alojamiento y las políticas públicas necesarias para observar el problema que separe causas y consecuencias. Su aplicación y ejecución corresponde a las provincias y, si no se garantizan los recursos para su aplicación, puede quedar en letra muerta”.

Además, planteó que es necesario establecer cuáles son el número de casos en donde efectivamente existen personas detenidas: “En Argentina se registran 935 niños y adolescentes detenidas. En Chaco son 23 casos. Es importante remarcar el número y la evaluación de la tasa de homicidios y delitos cometidos en función de la edad porque cuando se hace un análisis riguroso en el país el 97% de niños y adolescentes son nativos, 9 de cada 10 personas son varones y, a su vez, el porcentaje de delitos de menores alcanza el 2%”.

“La problemática entre 12 a 17 años son 43% porque los delitos están fuertemente asociados a la propiedad 57%, a las personas y delitos de integridad sexual son el 7,5%. El problema es de alta sensibilidad porque existen víctimas y niños, y porque tenemos un problema mayor que tiene que ver con la capacidad de financiamiento y las capacidades estatales sensibles y eficientes para resolver esto”, manifestó el senador del bloque Justicialista.

Capitanich señaló que hay “una sobrepoblación carcelaria que se estima en el 30% en el sistema penitenciario. Es una cuestión compleja”, y se refirió al presupuesto que establece el proyecto: “Ese componente en cifras es equivalente a 24 mil millones de pesos, pero si tomamos alojamientos de 100 personas esto implica una proyección para cada jurisdicción y equivale a 9 años. Este presupuesto es insuficiente porque no puede tarde 9 años un proceso de construcción de capacidades instaladas eficientes”, y cerró: “El exceso de punitivismo no resuelve el problema, solo lo traslada. Hay que atacar las causas para garantizar un ordenamiento jurídico”.

A su turno, la senadora de la UCR Gabriela Valenzuela habló de "una reforma trascendental" en la que "no estamos discutiendo solamente edades o penas, estamos discutiendo qué Estado queremos frente a delitos cometidos por adolescentes. Si uno anclado en normas de la dictadura o uno sostenido en leyes de la democracia, que aporta garantías".

En esa línea, la correntina dijo que la norma vigente "nada tiene que ver con el país que construimos desde 1983" y, por eso, "es una deuda democrática que este Congreso tiene la obligación de saldar". "No podemos sostener un régimen que permite amplias discrecionalidades", insistió.

Yendo al proyecto, la radical remarcó que "un punto central es que la privación de la libertad del adolescente deja de ser una respuesta automática y se convierte en un recurso verdaderamente excepcional". "Los jóvenes necesitan límites claros y oportunidades para su reinserción", añadió.

A continuación, la senadora Alicia Kirchner objetó el presupuesto que se destina en la ley y cómo se destinará hacia las provincias. "En Argentina tenemos 56 lugares de encierro para atender a los niños y niñas que han delinquido. Seis provincias no tienen absolutamente nada, ¿quién las va a apoyar? ¿Las va a apoyar la Nación, les va a derivar los fondos, o todo va a caer de nuevo en las provincias?", se preguntó.

"Yo no digo que la pobreza traiga el delito, pero la pobreza sí importa", subrayó la exministra de Desarrollo Social, para enfatizar que se requieren medidas e inversión en otras áreas, como la salud mental. "Hay artículos que no puedo dejar de compartir, pero sí me preocupa el cumplimiento concreto", manifestó.

La legisladora del bloque Justicialista comparó que en Colombia, donde la edad de imputabilidad es de 14 años, hay "un 25,9%" de menores en encierro, mientras que en Ecuador, donde es de 12 años, "hay 45,1% de menores en encierro, diez veces más por delitos graves que la República Argentina. Evidentemente la edad no es el problema, el problema va más a fondo". Sobre esto, sumó: "No lo dejemos en la punibilidad, no legislemos sin saber cómo vamos a dar respuestas. Hay que tener una mirada más integrada".

En un extenso discurso, la senadora neuquina Nadia Márquez (LLA) sostuvo que la Ley Penal Juvenil actual es “es arcaica, vetusta y vieja. No sirve. No permite solucionar los problemas”, y apuntó contra el kirchnerismo: “Me muero si alguien dice que un chico de 14 o 15 años no entiende o no sabe que robar está mal”.

Avanzado el debate, Beatriz Ávila apuntó que este "es un tema complejo, sensible, pero profundamente necesario" ya que "el Estado no puede estar indiferente frente a delitos cometidos por menores", los cuales previamente, para llegar a esa instancia, "ya han sido desprotegidos por el propio Estado". "Hay que proteger a la sociedad y rescatar a esos jóvenes antes que el delito se convierta en una identidad" y que sean "utilizados por organizaciones delictivas", advirtió.

La senadora del bloque Independencia aseveró que en la sociedad hay "mucha frustración en ver cómo menores cada vez con mayor facilidad cometen un delito y salen al otro día". "El espíritu de esta norma tiene que ver con responsabilidad y oportunidad", defendió y reflexionó que "cuando un menor comete un delito todos fracasamos. Pero ese fracaso no puede convertirse en impunidad". Además, dijo que "esto no debe terminar solo en esta ley", sino que hay que trabajar en "salud mental, educación, inserción laboral".

En su intervención, la catamarqueña Lucía Corpacci (UP) calificó el proyecto como “una pantalla de distracción” y que “no busca mejorar la inseguridad”. En ese sentido, planteó: “Nosotros somos legisladores, no estamos responder el enojo. Sino para dictar leyes que hagan una sociedad mejor”.

“Quieren acusar a los niños de la inseguridad del país. Las estadísticas dicen que solo el 0,45% del universo de adolescentes tuvo conflicto con la ley y tenemos el menor índice de delitos en toda América Latina. Ustedes nos quieren hacer creer que la mano dura es lo que mejora todo”, expresó y sumó: “La tasa de homicidios es de 3.8% cada 100 mil habitantes. Somos el país menos inseguro. Nosotros estamos para actuar con racionalidad y humanidad”, y preguntó: “¿A quién se le ocurre que encerrar a un niño de 14 años va a construir una sociedad más justa? Solo a gente que cree que lo que no es igual se tiene que destruir”.

Corpacci ratificó que “la baja de edad no soluciona nada. Van a sacar excelentes adultos del delito. Las personas están presas para cumplir un castigo y para ser reinsertado en la sociedad. El presupuesto que proponen no sirve para nada. Solo les importa golpear y castigar. Esta ley no soluciona nada, solo garantiza tener más jóvenes delinquiendo. Esto no es la solución, es la debacle. Este Gobierno quiere encerrar chicos de 14 años y esta ley es invotable”.

Titular del bloque Pro, el senador misionero Martín Goërling, consideró que el Régimen Penal Juvenil “es una ley de sentido común que viene a poner una solución a un problema que es real de hace muchos años en una Argentina donde vemos a menores que delinquen y que matan”. También se dirigió a las familiares de las víctimas presentes en el recinto de la Cámara alta y lamentó que “nunca tuvieron justicia” por sus pérdidas.

Al ratificar el apoyo de su bancada, conformado también por la pampeana Victoria Huala y la chubutense Andrea Cristina, señaló que “el resto de los países de América Latina ya zanjó este debate”, respecto a la baja en la edad de imputabilidad. Luego, explicó que “los chicos salen a delinquir porque el Estado está ausente”, y concluyó: “Si un menor mató a los 15, a los 18 va a estar peor, y esta ley viene a poner blanco sobre negro para darle una nueva oportunidad a esos jóvenes que delinquen”.

Por el bloque Justicialista, el senador rionegrino Martín Soria apuntó con aquellos que utilizan ese “argumento berreta de pedir ‘pena de adulto para delito de adulto’”. Comparó este debate con el trunco del 2025 cuando pertenecía al otro cuerpo: “el análisis que se hizo en la Cámara de Diputados fue distinto a lo que hizo en este Senado, donde muchos artículos fueron modificados e, incluso, eliminados porque contradecían a la Constitución Nacional y a tratados internacionales”.

De todas maneras, el exministro de Justicia de la Nación durante el gobierno del Frente de Todos señaló que “sigue siendo una ley muy mala y quiero que quede claro que no estamos debatiendo si dar una respuesta desde el Estado por si un mejor comete delito, acá estamos convencidos”. “Queremos un Estado que brinde una respuesta integral, y del otro lado únicamente la respuesta es penal: cárcel o bala”, cerró.

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