En su informe anual ante la Asamblea Legislativa, la administración de Javier Milei describió un segundo año de gestión marcado por el ajuste fiscal, la baja de la inflación, la reorganización del Estado y una política exterior alineada con EE.UU. e Israel. El documento reivindica el fin de los piquetes, el superávit fiscal y la modernización administrativa como hitos de la etapa que —según el Gobierno— permitió “estabilizar el caos heredado”.
La presentación de la Memoria del Estado de la Nación 2025 ante la Asamblea Legislativa expuso el balance político, económico e institucional que el Gobierno de Javier Milei considera como la síntesis de sus primeros dos años de gestión. El documento, de más de 300 páginas, funciona como la puesta en escena formal del rumbo elegido por la administración libertaria: orden, austeridad y realineamiento internacional. Según sus propios términos, el Gobierno asegura haber logrado “estabilizar el caos heredado”, impulsando reformas profundas del Estado y un reordenamiento que atraviesa desde la política económica hasta las relaciones exteriores.
El texto abre con una caracterización alarmante de la situación recibida en diciembre de 2023: una economía encaminada —según la narrativa oficial— a una inflación mayorista anualizada del 17.000%, pobreza del 58% y “calles tomadas por criminales y piqueteros profesionales”. Frente a ese diagnóstico, la administración reivindica haber realizado “el ajuste más ambicioso de la historia”, con una reducción de 15 puntos del PBI en gasto del Tesoro y del Banco Central y un recorte del 30% del gasto real de la administración central, junto a la reducción de 18 a 9 ministerios. El Gobierno afirma que esa poda no produjo efectos recesivos y destaca que la economía creció 6% punta a punta en 2024, a la vez que alcanzó superávit fiscal por primera vez en 123 años. También subraya la desaceleración inflacionaria, que —siempre según la Memoria— cayó de 211% anual a 30%.
En materia de seguridad, la Memoria destaca la aplicación de la llamada Doctrina Bullrich, a la que atribuye el fin de los piquetes, y la creación del Departamento Federal de Investigaciones, diseñado bajo estándares del FBI. Sostiene haber iniciado un proceso de “recomposición del imperio de la ley”, acompañado por una reforma migratoria más restrictiva, la ampliación del sistema acusatorio y el anuncio de un proyecto para modificar el Código Penal.
La política exterior ocupa un lugar central en el documento, que reivindica el “retorno a Occidente” con un alineamiento explícito con Estados Unidos e Israel. Se menciona la ruptura con “narco dictaduras” y la redefinición de vínculos internacionales en función de “valores civilizatorios compartidos”. Entre los hitos mencionados figuran la compra de cazas F-16 y la reforma integral del sistema de inteligencia, que incluyó la creación del Centro Nacional Antiterrorista y acuerdos operativos con el FBI.
En el terreno administrativo, la Memoria presenta una reestructuración del Estado que incluye 111 decretos delegados para la reducción del gasto, la simplificación normativa y el rediseño de estructuras. Se detallan avances en digitalización —entre ellos la expansión del sistema de gestión electrónica GDE, la masificación de Mi Argentina y el uso del chatbot Tina— y se afirma que se consolidó una política de “transparencia activa” con mejoras en acceso a la información pública.
Una parte relevante del documento está dedicada a la gestión patrimonial. Allí se destaca la enajenación de más de 15 inmuebles, la recaudación récord de USD 224 millones —un aumento del 857% respecto de años previos—, subastas emblemáticas como la de Cerviño 4820 por USD 127 millones y el lanzamiento de concesiones sobre activos estatales, incluyendo Tecnópolis, cuya explotación privada buscará asegurar ingresos estables durante los próximos 25 años. También se enumeran ahorros por la rescisión de 66 contratos de alquiler y el nuevo programa de relocalización de organismos.
La Secretaría de Comunicación y Prensa presenta su propio proceso de reordenamiento: cierre de la Dirección Nacional de Publicidad Oficial, profesionalización del sistema, unificación de identidad digital y trazabilidad de contenidos. La Memoria registra la producción de 9.312 piezas institucionales, 339 transmisiones presidenciales, 48 conferencias de prensa y más de 200 millones de mensajes enviados a través de Mi Argentina.
En innovación y ciencia, el Gobierno señala la aprobación de lineamientos estratégicos para orientar la inversión pública en I+D a sectores productivos como agroindustria, energía, economía del conocimiento y salud, con impulso a tecnologías como inteligencia artificial, biotecnología y tecnología espacial. Se destacan los avances en satélites SABIA-Mar y ATENEA, el incremento de usuarios en los sistemas digitales del Estado y la incorporación del agente de IA MIA.
La Memoria también repasa la actividad cultural, turística y ambiental, presentando cifras de concurrencia histórica en museos y centros culturales, el impulso al programa “Elegí Argentina” para el turismo interno, premios internacionales y proyectos ambientales financiados por organismos multilaterales.
Otra porción significativa está dedicada al Ministerio del Interior, que reivindica la aprobación del Presupuesto 2026 como prueba de “gobernabilidad y previsibilidad”, la implementación de la Boleta Única de Papel en las elecciones legislativas y mejoras logísticas y tecnológicas en los procesos electorales. El documento subraya avances en la administración de fronteras, obras en pasos internacionales y modernización de los sistemas de control.
En defensa, el Gobierno presenta la modernización de capacidades militares como un eje estratégico: incorporación de F-16, P-3, helicópteros y blindados; incremento del adiestramiento operacional; participación en misiones de paz; reforzamiento del Comando Aeroespacial, Marítimo y de Ciberdefensa; y un crecimiento del 89% en la ejecución del FONDEF. Allí se afirma que la Argentina no busca confrontación pero tampoco “admite la imposición de intereses ajenos a la voluntad nacional”.
La Memoria cierra con un mensaje político: el Gobierno considera cumplida su “primera etapa” —la estabilización— y anuncia que el segundo bienio de gestión estará orientado a completar reformas de carácter estructural, con foco en libertad económica, achicamiento del Estado y expansión del rol del sector privado. Según su perspectiva, el país “hoy es mucho mejor que el recibido” y “lo peor ha quedado en el pasado”.