Con Maximiliano Ferraro a la cabeza, el interbloque Unidos pidió que se lleve a cabo una audiencia pública debido a que se trata de "una reforma que podría implicar una reducción en los niveles de protección ambiental actualmente vigentes".
Inaugurado el 144° período de sesiones ordinarias, la Cámara de Diputados convocó a la reunión plenaria entre la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y la de Asuntos Constitucionales para buscar el dictamen de la modificación a la Ley de Glaciares, la cual obtuvo media sanción en el Senado.
La convocatoria fue fijada para este miércoles a las 10 con los diputados libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz como titulares de sendas comisiones. El texto impulsado por el Ejecutivo Nacional fue aprobado por la Cámara alta el último jueves con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención.
El texto define el objeto de glaciar y ambiente periglacial y delega “la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias”, es decir los gobernadores pasarán a tener el control y monitoreo.
También, establece que sobre la base de estudios técnico-científicos, las provincias registren cada zona en el Inventario Nacional de Glaciares, donde quedará definido como ambiente glaciar o periglacial. Pero si la zona analizada no cumple con funciones hídricas, el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) lo podrá quitar del Inventario.
El principal argumento en contra de los opositores y organizaciones ambientales es que cuando esa zona queda fuera del Inventario, queda habilitada la posibilidad de exploración y explotación minera e hidrocarburífera que, como establece este proyecto, queda a consideración de cada provincia.
Minutos después de publicarse la convocatoria a plenario, un grupo de diputados nacionales del interbloque Unidos le pidió a los presidentes de ambas comisiones que se convoque a una audiencia pública-invocando al artículo 41 de la Constitución Nacional- por tratarse de "una reforma que podría implicar una reducción en los niveles de protección ambiental actualmente vigentes".
"Entendemos imprescindible garantizar una instancia de participación pública amplia, plural y efectiva porque la modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales (más aún cuando involucra reservas estratégicas de agua) no puede avanzar sin debate técnico, transparencia institucional y respeto por el principio de no regresión ambiental", señalaron.
La nota lleva las firmas de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica; Nicolás Massot de Encuentro Federal; y María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Pablo Farías y Juan Brügge de Provincias Unidas.