Buena parte de los bloques de oposición propone suspender el gasto en publicidad Estatal y redirigir esos fondos al saneamiento financiero del IOMA, en medio de reclamos por demoras en pagos a prestadores y farmacias.
Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados bonaerense, que reúne a buena parte de la oposición, propone suspender el gasto en publicidad estatal y redirigir esos fondos al saneamiento financiero del IOMA, en medio de reclamos por demoras en pagos a prestadores y farmacias.
Un grupo de legisladores opositores de distintas bancadas presentó en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que declara “prioritario y urgente” el saneamiento financiero del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y propone suspender el gasto en publicidad oficial hasta regularizar la totalidad de su deuda exigible.
La iniciativa apunta a garantizar la continuidad de prestaciones médicas que, según advierten los opositores, “hoy se encuentran en riesgo”.
El texto señala que la obra social bonaerense mantiene “obligaciones pendientes” con prestadores públicos y privados, hospitales provinciales y nacionales, centros de alta complejidad, farmacias y proveedores de medicamentos e insumos críticos.
Esa situación, argumentan los autores, “compromete la cobertura de tratamientos esenciales para miles de afiliados en toda la provincia”.
La medida central del proyecto establece la “suspensión inmediata” de la contratación y ejecución de gastos en concepto de publicidad oficial, propaganda institucional y pauta publicitaria por parte de la administración pública provincial, entes autárquicos y empresas del Estado. La restricción regiría hasta que el Poder Ejecutivo acredite la regularización integral de las obligaciones del IOMA.
La iniciativa define como publicidad oficial toda acción destinada a difundir actos de gobierno, programas, políticas públicas o imagen estatal en medios gráficos, radiales, televisivos, digitales o redes sociales.
No obstante, prevé excepciones puntuales: campañas de emergencia sanitaria, alertas por desastres naturales, convocatorias electorales obligatorias e información indispensable para acceder a prestaciones médicas esenciales.
En esos casos excepcionales, el proyecto establece que la comunicación deberá ser objetiva, sin elementos de promoción política y debidamente justificada en su carácter imprescindible.
De esta manera, los impulsores buscan evitar que la suspensión derive en la interrupción de mensajes considerados críticos para la población.
Uno de los puntos clave es la “reasignación automática” de las partidas presupuestarias destinadas a publicidad hacia el IOMA. Esos fondos tendrían “afectación específica” para cancelar deudas con prestadores, regularizar pagos a hospitales y farmacias, y garantizar tratamientos de alto costo y enfermedades crónicas.
Además, el texto incorpora mecanismos de control: el Poder Ejecutivo deberá remitir a la Legislatura, dentro de los 30 días de entrada en vigencia y luego de forma trimestral, un informe detallado con el monto total de deuda exigible, el ahorro fiscal generado por la suspensión, el cronograma de cancelación y la evolución mensual del gasto en publicidad oficial.
El debate promete tensiones políticas. Mientras sus autores sostienen que “la salud debe ser prioritaria frente al gasto en comunicación institucional”, desde el oficialismo podrían advertir sobre el impacto de una medida de este tipo en la difusión de políticas públicas.
La discusión ahora quedará en manos de las comisiones legislativas, donde comenzará a definirse si la iniciativa avanza o queda archivada.
La iniciativa llama la atención pues no solo lleva la firma de los diputados de LLA sino que también cuenta con la de los bloques del PRO, la UCR+CF y la CC; no obstante, otros bloques opositores no acompañaron la presentación de la iniciativa.