El diputado Pablo Juliano afirmó que el programa económico del Gobierno "evidencia déficits en la implementación de políticas diferenciadas" para las PyMEs". Advirtió puntualmente por la producción olivícola y vitivinícola.
El diputado nacional Pablo Juliano (Provincias Unidas) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que, en un plazo de 30 días, responda "acerca del programa integral de políticas públicas destinado a la sostenibilidad, competitividad, protección del empleo y fortalecimiento de las economías regionales, particularmente respecto de las producciones olivícola, vitivinícola y demás actividades productivas que registran deterioro económico y social".
En ese sentido, la solicitud plantea conocer si el PEN "posee un plan estratégico federal para el desarrollo y sostenimiento de las economías regionales, detallando objetivos, metas, indicadores de evaluación, financiamiento asignado y organismos responsables", y "si se han realizado diagnósticos técnicos y económicos sectoriales sobre las economías regionales en el último año, especificando resultados, metodologías utilizadas y conclusiones alcanzadas".
También, el proyecto de resolución consulta "qué políticas públicas concretas se han implementado o se proyectan implementar para mitigar el impacto del incremento de costos productivos, laborales, logísticos, energéticos y financieros que afectan a las economías regionales" y si el Gobierno "ha evaluado la evolución del tipo de cambio real, la apertura comercial y la estructura tributaria nacional respecto de su impacto sobre la competitividad de las economías regionales".
A su vez, el legislador reclama saber "qué herramientas específicas de financiamiento, asistencia técnica o programas de sostenimiento productivo y laboral se encuentran vigentes para productores, cooperativas, PyMES agroindustriales y trabajadores rurales" y "si se han realizado evaluaciones sobre el impacto social y laboral derivado de la pérdida de rentabilidad en economías regionales".
Finalmente, el pedido de informes indaga sobre "qué mecanismos de diálogo institucional mantiene el PEN con organizaciones representativas de productores, cooperativas, PyMEs rurales, trabajadores rurales y gobiernos provinciales" y "qué medidas se prevén adoptar para garantizar el arraigo territorial, la continuidad de la producción primaria, la sustentabilidad de las PyMEs agroindustriales y la preservación del entramado socioeconómico regional".
En los considerandos del proyecto, el diputado radical señaló que "las economías regionales constituyen uno de los pilares estructurales del federalismo productivo argentino, siendo determinantes para la generación de empleo, el arraigo poblacional, el desarrollo territorial equilibrado y la diversificación de la matriz exportadora nacional".
"No obstante, distintos informes sectoriales, relevamientos productivos y conflictos laborales recientes evidencian un proceso de deterioro económico que compromete seriamente la continuidad de múltiples actividades regionales", advirtió.
Juliano remarcó que "la actual coyuntura económica evidencia que estos actores productivos enfrentan crecientes dificultades para sostener su funcionamiento debido al aumento de costos operativos, la restricción del crédito productivo, la pérdida de rentabilidad y la reducción del consumo interno".
"El debilitamiento o desaparición de estas unidades productivas implica consecuencias estructurales que exceden el plano económico, generando procesos de concentración productiva, expulsión de productores familiares, pérdida de empleo rural y deterioro del tejido social en numerosas comunidades del interior del país", agregó.
Para el legislador, "el actual programa económico nacional, orientado prioritariamente al ordenamiento fiscal y monetario, si bien puede perseguir objetivos macroeconómicos legítimos, evidencia déficits en la implementación de políticas diferenciadas que contemplen la heterogeneidad productiva del país y las particularidades estructurales de las economías regionales, especialmente en lo que respecta al sostenimiento de PyMEs agroindustriales y organizaciones cooperativas".
"Resulta imprescindible que el Poder Ejecutivo Nacional informe con claridad cuál es su estrategia para la inclusión de las economías regionales dentro del programa económico vigente, qué herramientas prevé implementar para sostener la competitividad sectorial y qué medidas se adoptarán para proteger el empleo, las PyMEs rurales, las cooperativas y el entramado social territorial", completó.