En un plenario de comisiones de Diputados hubo asentimiento para llevar a cabo la audiencia forma presencial el 25 de marzo y, vía remota, el 26 para “garantizar el federalismo”. El horario será de 10 a 19 con la flexibilidad de extenderlo si así lo requiere. Habrá un plazo entre la audiencia y el dictamen del proyecto.
El Congreso abrió formalmente el trabajo durante el período de sesiones ordinarias este miércoles en la Cámara de Diputados, en el marco del debate del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares. Fue en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humando; y de Asuntos Constitucionales que resolvieron convocar a una audiencia pública previo al dictamen.
La reunión se llevó a cabo en la Sala 1 del Anexo “A” luego de que el oficialismo puso a consideración el reclamo que elevó el interbloque Unidos para que haya una audiencia pública basándose en el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (arts. 2, 19, 20 y 21) y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566). Esto llevó a un reordenamiento en el cronograma del tratamiento.
En esa línea, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, informó que se incorporaron las propuestas de cambio de la diputada Sabrina Selva (UP), de Maximiliano Ferraro (CC-ARI) que consideró “atinadas”, y precisó:
Mayoraz afirmó: “Queremos respetar Escazú y queremos que se cumpla. No vamos a dejar a nadie sin participación”.
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En su intervención, el diputado nacional Maximiliano Ferraro ratificó el pedido de una audiencia pública que “no solo es en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú, sino también a la Ley General de Ambiente en lo que respecta a preservar principios que están establecidos como el de no regresión y el precautorio”.
“Al estar, no solo comprometida una cuestión jurisdiccional de provincias que pueden tener desarrollo minero en particular, sino comprometidas otras jurisdicciones provinciales como lo marca el 36% de la superficie continental argentina que se encuentran dentro de cuencas alimentadas por el deshielo glaciar abarcando 20 provincias y más de 7 millones de habitantes”, planteó.
Ferraro había propuesto que la audiencia “tiene que realizarse distintos días, tiene que tener un claro criterio federal de participación de las provincias y en el cual puedan ser escuchadas las provincias donde hay comprometida la cuestión de cuencas hídricas. La audiencia pública no puede ser solo un día en la Cámara. Queremos un debate interjurisdiccional”. Así, pidió que sea desarrollada en una cierta cantidad de días en Buenos Aires y, en virtud del artículo 106, la realización de audiencias o plenario de comisiones se hagan en alguna de las provincias que están comprometidas con esta cuestión.
A su turno, la diputada Sabrina Selva (UP) coincidió en llevar a cabo una audiencia pública, pero marcó diferencias en la forma de llevarla a cabo y plantearon una propuesta alternativa porque “no alcanza con que la audiencia sea pública, tiene que ser federal tal como comentó Ferraro. Nuestra propuesta es que sea una audiencia pública, transparente y federal en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas que están en juego con esta Ley de Glaciares. Que la participación sea totalmente abierta para que puedan participar, no se puede cercenar la participación. Si tienen que ser hasta 10 días de audiencias, debe darse”.
Selva ponderó la “buena predisposición política para que la discusión se lleve como marca la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú”, y pidió poner a consideración ambas propuestas con la participación federal en virtud del 114 bis del Reglamento para “garantizar que todos los ciudadanos puedan tener voz en el debate”.
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Al pedir la palabra, la diputada Silvana Giudici explicó que corresponde, por el artículo 114 del Reglamento, que se debe considerar la propuesta de la comisión, si tiene asentimiento, se girará a la presidencia de la Cámara para formalizarla y, en base a ello, pueda tener la publicidad suficiente por todos los medios para que la audiencia sea federal y pidió que se ponga a consideración la propuesta de la comisión.
De forma breve, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, le solicitó al oficialismo que, además del plazo fijado para la audiencia del 25, le den un desarrollo federal para “estar cerca de los lugares y comunidades donde este tema tiene un debate más intenso”.
Mayoraz aclaró que “el plan de trabajo propuesto no es menos federal. El federalismo se garantiza escuchando a todas las voces desde cualquier punto, no es necesario trasladarse. Va a ser mucho más amplio y federal si lo hacemos con el mecanismo de la tecnología”.
“La situación ideal es que no haya audiencia pública”, manifestó la diputada de izquierda Romina Del Plá cuyas palabras llamaron la atención de los presentes, pero aclaró: “Entiendo que no se tendría que debatir esto. Esta media sanción no tendría que entrar en debate, y que lo haya hecho el Senado… es ironía lo que dije. El Senado no tiene la menor idea de lo que han votado porque hemos escuchado senadores que dijeron que los glaciares son rocas congeladas allá arriba lejos. Quiere decir que no tienen ni idea de lo que han votado”.
“Es una tarea fundamental de Diputados impedir que se haga semejante desastre avanzando en permitir la destrucción de los glaciares y que se pongan en peligro las cuencas. La Cámara de Diputados lo que debería hacer es no avanzar con este tratamiento porque lo que hizo el Senado fue una catástrofe. Los Glaciares no se tocan”, apuntó y compartió que la audiencia sea federal.
En tanto, la jujeña María Inés Zigarán (Provincias Unidas) planteó que “con la complejidad técnica, jurisdiccional, jurídica, ambiental y constitucional de la ley, no alcanzan 5 minutos para exponer, mínimo deben ser 10 minutos. Si se quiere realmente garantizar la participación, no importa si son 6 días que dure la audiencia, pero se tiene que garantizar con la mayor participación”.
Muy activo en todo lo que tiene que ver con la modificación de la ley vigente, que cuestiona vivamente, Ferraro pidió incorporar al tratamiento un tema que, dijo, “durante el debate en el Senado escondieron bajo siete llaves”, en referencia a la asamblea extraordinaria del COFEMA, realizada el pasado 23 de febrero, donde se trató el tema de glaciares y que concluyó “empatada”. “No solo el espíritu federal tiene que ver con la participación de las comunidades; tiene que garantizarse la participación federal de todas las jurisdicciones y que se incorpore (lo hablado en) la reunión del COFEMA”.
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Así, el diputado de la Coalición Cívica propuso entonces un cuarto intermedio para tratar de terminar de ver el borrador que había preparado el diputado Mayoraz, quien por su parte rechazó pasar a un cuarto intermedio, pero sí podían conversar después de la reunión las propuestas, pues la resolución final no debía ser resuelta en este encuentro. “Hemos incorporado todo lo que se habló y enriquecido la propuesta”, aclaró.
A su turno, la diputada Lucía Cámpora (UP) cuestionó la extensión de la audiencia pública, señalando que, si se acotaba con el horario propuesto, con 5 minutos cada uno, habría espacio para 107 expositores, a razón de “cuatro o cinco por provincia”, lo cual le pareció exiguo. Y recordó entonces su experiencia en la Ciudad de Buenos Aires -en la que ella fue legisladora-, donde por la venta de un predio se realizó una audiencia pública “sin límite de tiempo” que se extendió tres meses.
Juan Grabois, por su parte, propuso garantizar la participación de las comunidades originarias afectadas directamente por esa situación, que no tienen acceso a internet y que forman parte del 7% que Nicolás Mayoraz mencionó anteriormente al decir que la gran mayoría de los argentinos sí tienen internet.
El diputado Eduardo Valdés (UP) expresó: “Tenemos que debatir si vamos a preservar el acceso al agua dulce. La ley vigente protege a los glaciares como a los peri glaciares. Glaciar es agua y agua es vida”, y advirtió que “las empresas estadounidenses quieren la entrada preferencial a la minería de litio, cobre y tierras raras, y para eso necesitan las empresas la modificación de la ley de Glaciares”.
En ese sentido, precisó que “cada glaciar tiene una formación de por lo menos cien años, no es una roca perdida en la montaña como dijo algún senador. Hay 17 mil glaciares en todo el país. Solo San Juan tiene 4572, Santa Cruz 2420, Jujuy 255 y Tucumán 122, para citar algunas provincias al azar”.
La cordobesa Gabriela Estévez (UP) reclamó la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo para que expliquen para qué quieren este proyecto: “No hablaron en el plan del cronograma de la participación de representantes del Ejecutivo y qué intereses buscan con esta ley. Pongan sobre la mesa cuándo va a venir el ministro a hablar”.
El texto impulsado por el Ejecutivo Nacional, que fue aprobado por la Cámara alta el último jueves 26 de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención, define el objeto de glaciar y ambiente periglacial y delega “la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias”, es decir los gobernadores pasarán a tener el control y monitoreo.
También, establece que sobre la base de estudios técnico-científicos, las provincias registren cada zona en el Inventario Nacional de Glaciares, donde quedará definido como ambiente glaciar o periglacial. Pero si la zona analizada no cumple con funciones hídricas, el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) lo podrá quitar del Inventario.
El principal argumento en contra de los opositores y organizaciones ambientales es que cuando esa zona queda fuera del Inventario, queda habilitada la posibilidad de exploración y explotación minera e hidrocarburífera que, como establece este proyecto, queda a consideración de cada provincia.