“Ley de Glaciares. Lo logramos, habrá audiencia pública”, destacó este miércoles el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, tras el plenario de las comisiones de Recursos Humanos y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales.

Luego de los pedidos de la oposición para que se escuche a la ciudadanía respecto del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado, el legislador señaló que “el oficialismo en Diputados pretendía avanzar con un tratamiento exprés de la media sanción que modifica la Ley de Glaciares. Frente a eso, solicitamos formalmente la convocatoria a audiencia pública y hoy, en el plenario de las comisiones, logramos que se acepte ese pedido”.

“La audiencia se realizará el 25 y 26 de marzo, ampliando el tiempo para que todas las voces puedan ser escuchadas. Es, además, una aplicación concreta y operativa del Acuerdo de Escazú en materia de participación pública en asuntos ambientales”, destacó el integrante del interbloque Unidos.

Para el porteño, “resulta cuanto menos llamativo (por venir de quienes sistemáticamente relativizan la institucionalidad ambiental) que hoy deban cumplir con un estándar que tantas veces cuestionaron”.

Sobre esa instancia, aseguró que “debe garantizarse una participación verdaderamente federal, abierta y plural, en razón de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas potencialmente afectadas. Que sean oídas las provincias, la comunidad científica, los especialistas en recursos hídricos, los productores y todos los sectores involucrados”.

“Estamos discutiendo reservas estratégicas de agua y un régimen de presupuestos mínimos ambientales. Están en juego los niveles de protección vigentes, competencias interjurisdiccionales entre provincias y la previsibilidad y seguridad jurídica necesarias para futuras inversiones”, sostuvo el diputado que se opone a la reforma que promueve el Gobierno, a pedido de gobernadores de provincias mineras.

El “lilito” sumó que “cualquier modificación que implique una posible regresión en los estándares de protección exige un debate técnico serio, evidencia científica y respeto por el principio de no regresión”.

“Vamos a seguir trabajando para que este debate se dé con responsabilidad institucional y para que se comprenda que una reforma regresiva no solo afecta el ambiente; también compromete el desarrollo sostenible de la Argentina”, finalizó.