El informe fue elaborado por el Círculo de Políticas Ambientales donde compara las posiciones asumidas por los gobernadores provinciales durante el debate por la modificación de la Ley de Glaciares, recientemente aprobada en la Cámara de Senadores.
Luego de que el Senado de la Nación otorgara media sanción al proyecto que modifica la Ley de Protección de Glaciares (Ley N.º 26.639), el Círculo de Políticas Ambientales relevó cómo se posicionaron los gobernadores provinciales frente a la iniciativa a través del voto de sus senadores.
Desde la organización, señalaron que la reforma aprobada en la Cámara alta “reduce el nivel de protección vigente para los glaciares y el ambiente periglacial, ecosistemas estratégicos que constituyen reservas fundamentales de agua dulce y cumplen un rol clave en la regulación hídrica y climática de distintas regiones del país y altera las competencias ambientales que establece la Constitución Nacional bajo la lógica del federalismo de concertación”.
En el marco de la discusión legislativa, a través de sus senadores, algunos gobernadores se alinearon tras el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, mientras que otros se posicionaron en contra de modificar la normativa vigente.
Entre quienes rechazaron la reforma y buscan sostener la protección establecida por la Ley de Glaciares sancionada en 2010 se encuentran Martín Llaryora (Córdoba), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Carlos Sadir (Jujuy), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
En contraste, otros mandatarios provinciales acompañaron la modificación, entre ellos Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Hugo Passalacqua (Misiones), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Poggi (San Luis).
La organización busca “aportar mayor transparencia al debate público y facilitar el acceso a información sobre las posiciones adoptadas por los mandatarios provinciales en relación con la reforma”.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto comenzó su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde “aún existe la posibilidad de rechazar la iniciativa y mantener el nivel de protección establecido por la legislación vigente”. Por ello, organizaciones de la sociedad civil han advertido que “cualquier modificación que reduzca los estándares de protección podría afectar ecosistemas estratégicos para la seguridad hídrica del país y comprometer la disponibilidad de agua para millones de personas”.