El diputado Luque pidió explicaciones al Gobierno por el proceso de venta de áreas hidrocarburíferas en Chubut, tras la caída de la operación entre YPF y Rovella Capital. El proyecto de resolución exige detalles sobre procedimientos, valuaciones y el rol de la provincia.
El diputado nacional Juan Pablo Luque (Unión por la Patria) presentó un proyecto de resolución para solicitarle al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que informe lo respectivo a la decisión de YPF de desprenderse de áreas hidrocarburíferas en Chubut. El texto hace foco en la situación de Manantiales Behr, en el marco del denominado “Proyecto Andes”.
El pedido reclama detalles sobre cómo se llevó adelante el Proyecto Andes, qué procedimientos administrativos y societarios se utilizaron y cuáles fueron las empresas adjudicatarias. También exige conocer el monto de cada operación y, en particular, la situación actual de la cesión de Manantiales Behr.
El texto recuerda que YPF y Limay Energía —subsidiaria de Rovella Capital— informaron a la Comisión Nacional de Valores que habían acordado la transferencia del 100% de la concesión de explotación y de varios oleoductos vinculados. El precio pactado ascendía a 575 millones de dólares, con un 60% pagadero al cierre.
Además, el proyecto pide explicaciones sobre la designación del Banco Santander como conductor del proceso, incluyendo qué empresas participaron para calificar y cuál fue el costo de esa contratación.
Otro punto clave es el rol de la provincia de Chubut. El pedido pregunta si fue formalmente consultada como propietaria del recurso y qué posición adoptó. También solicita la valuación de los campos en los balances de YPF y la estimación de pasivos ambientales asociados.
Finalmente, se exige información sobre la capacidad técnica, económica y legal de Rovella Capital y Limay Energía, en caso de haber sido consideradas como potenciales operadoras. La Ley 17.319 obliga a acreditar solvencia y presentar planes de inversión, requisitos cuya verificación el Congreso busca esclarecer.
El proyecto concluye que, por el carácter estratégico de YPF y la participación estatal, las decisiones sobre sus activos deben garantizar transparencia y resguardar el interés público, motivo por el cual se reclama una respuesta formal del Ejecutivo.