El Ministerio de Justicia inició la actualización de antecedentes penales, fiscales y patrimoniales de los candidatos a jueces, fiscales y defensores. Es el paso previo al envío de los pliegos que deberá remitir el Presidente para cubrir 337 vacantes en el Poder Judicial.
El flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció este domingo que comenzó un proceso integral de verificación y actualización de los requisitos para avanzar en la cobertura de 200 vacantes de jueces, 72 de defensores y 65 de fiscales bajo la órbita del Poder Ejecutivo. La medida se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 588/2003 y constituye el primer paso formal antes del procedimiento de selección y del envío de pliegos que deberá remitir el Presidente de la Nación.
Según informó la cartera de Justicia mediante un comunicado oficial, el objetivo es “habilitar” a los candidatos y candidatas para continuar con las instancias posteriores, lo que incluye controles documentales, antecedentes y cumplimiento de obligaciones legales.
Actualización de antecedentes penales
Dentro del proceso, el Ministerio solicitará al Registro Nacional de Reincidencia la actualización de los antecedentes penales de todas las personas ternadas. El organismo centraliza la información penal de todo el país y certifica la existencia o inexistencia de causas o condenas vigentes.
La actualización de antecedentes es un paso habitual en los concursos para magistrados, pero esta vez se realiza de manera simultánea y masiva sobre más de 300 postulaciones.
El comunicado también establece que se revisará: la situación patrimonial; el cumplimiento de obligaciones impositivas, y el estado de aportes previsionales de quienes eventualmente resulten propuestos.
Estas verificaciones se llevarán adelante en coordinación con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, para asegurar que la información económica de los aspirantes esté completa y actualizada.
Con este procedimiento, el Gobierno pone en marcha una etapa administrativa central para avanzar en la nominación de funcionarios judiciales en un escenario marcado por una alta cantidad de vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías del país. Una vez concluida la revisión documental y legal, el Presidente estará en condiciones de enviar los pliegos al Senado para su tratamiento.