La diputada nacional Mercedes Llano presentó un proyecto de ley que propone la creación de una Evaluación de Idoneidad Psicológica Funcional de carácter obligatorio para quienes aspiren a ocupar los cargos más altos del Estado. La iniciativa alcanza a los legisladores nacionales electos —quienes deberían someterse al examen antes de asumir—, a los aspirantes a cargos superiores del Poder Ejecutivo —previo a su designación— y a los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación, que deberían aprobarla antes de la oficialización de sus postulaciones.

Según el proyecto, la evaluación tiene como finalidad asegurar que quienes ejercen el mando político cuenten con las aptitudes conductuales, emocionales y cognitivas necesarias para el desempeño responsable y constitucional de sus funciones. Se considera dentro de estas capacidades el juicio crítico y ético, la regulación emocional, el autocontrol, la capacidad de autocrítica y la empatía institucional.

El procedimiento quedaría a cargo de organismos especializados e independientes, utilizando pruebas estandarizadas y validadas científicamente en el país. Entre los métodos previstos se incluye la evaluación de rasgos de la llamada “Tríada Oscura” —narcisismo, maquiavelismo y psicopatía subclínica—, así como pruebas de juicio ético y entrevistas estructuradas por competencias. El dictamen final se limitaría a determinar si el evaluado es “Apto Funcional” o “No Apto Funcional”, manteniendo en reserva todos los datos clínicos.

En caso de resultar “No Apto Funcional”, el postulante quedaría inhabilitado para asumir el cargo o sostener su candidatura, aunque la normativa prevé un mecanismo de revisión en un plazo de 24 horas ante un comité técnico interdisciplinario.

En los fundamentos, Llano sostiene que el derecho a elegir y ser elegido no es absoluto y que el sistema constitucional admite requisitos razonables destinados a garantizar la idoneidad para cargos de alta responsabilidad institucional. Afirma que la evaluación no busca diagnosticar enfermedades mentales ni discriminar por razones de salud, sino valorar competencias funcionales vinculadas directamente al ejercicio del poder público.

El texto también argumenta que la medida sería coherente con las exigencias vigentes para cargos técnicos y para múltiples funciones del sector público, donde las evaluaciones psicológicas son habituales. Además, señala que la literatura especializada identifica riesgos institucionales asociados a rasgos disfuncionales de personalidad, como la corrupción, el autoritarismo y la erosión del tejido democrático.

Llano concluye que la evaluación funcionaría como una herramienta preventiva para fortalecer la calidad democrática, mejorar la toma de decisiones en el Estado y preservar la confianza ciudadana en sus representantes.