Debido al crecimiento de los casos de grooming, la legisladora de la Unión Cívica Radical - Evolución (UCR-Ev) Aldana Crucitta impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca crear un sistema de alertas y prevención sobre el delito de este tipo de acoso en las redes de Wi-Fi administradas por el Gobierno porteño.

El texto en cuestión plantea que el alerta debe ser un mensaje claro de advertencia sobre los riesgos del grooming, incluir los canales de denuncia y un enlace directo con organismos oficiales competentes.

"El grooming se encuentra tipificado en el artículo 131 del Código Penal de la Nación Argentina, incorporado por la Ley Nacional 26.904, y consiste en el acoso sexual a personas menores de edad, por parte de un adulto, a través de medios digitales. Se trata de un delito que se desarrolla predominantemente en entornos virtuales y que afecta de manera directa la integridad, la libertad y el desarrollo psíquico de niñas, niños y adolescentes", precisó la radical en los fundamentos de la iniciativa.

Al mismo tiempo que explicó que "la expansión del acceso a internet, si bien constituye un derecho y una herramienta de inclusión social, también ha generado nuevos riesgos que exigen respuestas estatales acordes a la realidad tecnológica contemporánea. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza conectividad gratuita en algunos espacios públicos, hospitales, estaciones de transporte y edificios administrativos. Esa infraestructura digital, sostenida con recursos públicos, debe convertirse también en un canal de prevención y cuidado".

Además, Crucitta sostuvo que "incorporar canales de denuncias visibles y accesibles al momento de la conexión digital cumple una función concreta, acortar la distancia entre la situación de riesgo y la intervención estatal. Muchas víctimas desconocen dónde denunciar o a quién recurrir. Esta ley transforma un punto cotidiano de acceso a internet en una oportunidad de prevención activa".

"Las políticas públicas modernas requieren inteligencia institucional, utilizar herramientas ya existentes para generar impacto real sin incrementar el gasto estructural. Este proyecto responde a esa lógica. No interfiere en competencias judiciales en materia penal, sino que actúa en el ámbito preventivo y de información, claramente habilitado a la jurisdicción local", continuó.

Y concluyó planteando que "en una era donde los delitos contra la integridad sexual migran al entorno digital, el Estado no puede permanecer neutral. Debe ocupar el mismo espacio donde se produce el riesgo: la red".