El Ejecutivo prorrogó por un año el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, que ahora regirá hasta julio de 2027. Ya se aprobaron 10 proyectos por más de USD 25.000 millones, con una expectativa de 32.500 nuevos empleos. Sin embargo, especialistas advierten que el impacto laboral será gradual y aún insuficiente frente a la fuerte pérdida de puestos registrada en los últimos años.
El Gobierno nacional prorrogó por un año la vigencia del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que ahora se extenderá hasta julio de 2027. La decisión se da en un contexto de marcada debilidad del mercado laboral y de la necesidad oficial de acelerar la creación de empleo genuino. Desde su lanzamiento, se presentaron 27 iniciativas y la autoridad de aplicación aprobó 10 proyectos, que en conjunto implican desembolsos por USD 25.479 millones.
Las inversiones habilitadas se distribuyen entre sectores estratégicos -energía, minería, infraestructura y renovables- y prometen miles de puestos de trabajo directos e indirectos en distintas regiones del país.
El sector minero concentra las mayores proyecciones de contratación. En San Juan, McEwen Copper avanzará con Los Azules, un proyecto de cobre que contempla una inversión de USD 2.672 millones y la generación estimada de 7.391 empleos. También en esa provincia, Minas Argentinas reactivará la mina de oro Gualcamayo a través del proyecto Nuevo Gualcamayo, que demandará USD 665 millones y aportará alrededor de 4.500 puestos laborales.
El litio también tracciona el empleo en el norte del país. Rio Tinto invertirá USD 2.744 millones para expandir Rincón de Litio en Salta, lo que requerirá 1.985 trabajadores. En Catamarca, Galan Lithium pondrá en marcha el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW) con USD 292 millones y una previsión de 670 empleos.
En el segmento hidrocarburífero, el oleoducto Vaca Muerta Sur -impulsado por el consorcio VMOS (YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell)- prevé una inversión de USD 2.900 millones y la creación de 3.108 empleos en Río Negro. En la misma provincia, Southern Energy construirá una barcaza de GNL en el Golfo de San Matías, un megaproyecto valuado en USD 15.156 millones que incorporará 1.900 puestos de trabajo a lo largo de su operación.
El corazón industrial bonaerense también aparece en el mapa del RIGI. La siderúrgica Sidersa anticipa USD 286 millones para una planta de acero “verde” en San Nicolás, con una expectativa de 3.800 empleos.
En energías limpias, YPF Luz avanzará con el parque solar El Quemado en Mendoza, que demandará USD 211 millones y requerirá 384 trabajadores. En Olavarría, PCR y Acindar desarrollarán un parque eólico de USD 276 millones que sumará otros 165 empleos.
El proyecto con mayor impacto laboral hasta ahora proviene del sector portuario. La Terminal Multipropósito Timbúes, impulsada por Terminales y Servicios SA en Santa Fe, prevé una inversión de USD 277 millones, pero estima la creación de 9.700 puestos directos e indirectos, la cifra más alta entre los aprobados.
Pese al impulso que prometen estas iniciativas, el empleo ligado a la minería y la energía aún transita un período crítico. Según el investigador de Fundar Daniel Schteingart, ambos sectores perdieron cerca de 9.000 empleos desde fines de 2023, afectados por la paralización de obras y la desaceleración de la construcción vinculada a estos rubros.
Si bien los proyectos aprobados bajo el RIGI totalizan 32.539 nuevos empleos, el número todavía queda muy por debajo de los 290.600 puestos registrados perdidos en los últimos años. Los especialistas advierten que el impacto laboral de estas inversiones suele ser más lento que en sectores industriales tradicionales: requieren largos plazos de ejecución, habilitaciones técnicas y períodos extendidos de construcción.
Mientras el Gobierno apuesta a que el RIGI funcione como un ancla para reactivar la economía, el desafío de fondo sigue siendo revertir la caída del empleo formal y acelerar la llegada de proyectos que efectivamente generen puestos sostenibles en el tiempo.