La diputada de UP Sabrina Selva acusó a las autoridades de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales de alterar la modalidad prevista para la audiencia pública sobre la Ley de Glaciares y de incumplir el Acuerdo de Escazú. En medio de una inscripción récord la oposición reclama ampliar los días de participación y garantizar la transparencia del proceso.
Diputados de la oposición denunciaron que las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados resolvieron limitar la participación en la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares, prevista para el 25 y 26 de marzo. Según afirmaron, los presidentes de ambas comisiones, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, enviaron una nota en la que anticipan que reemplazarán exposiciones presenciales o virtuales por ponencias escritas o videos, una decisión que para la oposición “vulnera” el procedimiento y transforma la audiencia en una reunión meramente informativa.
La diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva sostuvo que esa resolución no se condice con el Reglamento de audiencias públicas ni con el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar participación amplia, efectiva y no restrictiva. “La enorme participación lo requiere”, afirmó, y advirtió que en ningún punto de la convocatoria se establece la posibilidad de modificar la modalidad de intervención de las personas inscriptas de forma discrecional.
La controversia surge en un contexto inédito: a una semana de abierta la inscripción ya se han registrado más de 40 mil anotaciones, tanto presenciales como virtuales. El número supera cualquier antecedente cercano: en 2018, cuando se realizaron audiencias sobre la legalización del aborto, participaron alrededor de mil expositores entre ambas cámaras a lo largo de varios meses.
Las jornadas están previstas para el miércoles 25 de marzo, en modalidad presencial, y el jueves 26, de manera remota. Ante el volumen de inscriptos, la oposición exigió este martes al presidente de la Cámara, Martín Menem, y a las autoridades de ambas comisiones que amplíen los días destinados a las exposiciones. Desde el oficialismo, en cambio, evitaron confirmar si habrá modificaciones y solo señalaron que intentarán “no ser restrictivos”.
La disputa se agravó luego de que diputados opositores denunciaran que el registro de inscriptos no se encontraba disponible públicamente. Menem terminó publicando el listado el miércoles por la tarde en la página oficial de Diputados.
La reforma a la Ley de Glaciares ya cuenta con media sanción del Senado, que la aprobó a fines de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. A diferencia de otros proyectos impulsados por el oficialismo con trámite acelerado, como la Modernización Laboral o el Régimen Penal Juvenil, La Libertad Avanza decidió demorar el avance hacia el recinto en este caso, en medio de advertencias sobre una posible judicialización si no se cumple con las audiencias obligatorias previstas tanto en la Ley de Ambiente 25.675 como en el Acuerdo de Escazú.
La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo a pedido de gobernadores de provincias cordilleranas, propone redefinir qué se considera glaciar y ambiente periglacial, y otorgar a las jurisdicciones el poder de determinar, mediante estudios técnicos, qué áreas deben ser incluidas o retiradas del Inventario Nacional elaborado por el IANIGLA. Para Selva y otros legisladores opositores, la magnitud de la participación ciudadana evidencia la necesidad de ampliar las jornadas y garantizar un proceso sin arbitrariedades.