La diputada nacional Roxana Monzón (UP) presentó un proyecto que propone crear el Programa Nacional de Alivio Financiero y Desendeudamiento Familiar con el objetivo de proteger a aquellas personas y sus familias que se encuentren endeudadas con entidades financieras y no financieras, emisoras de tarjetas de crédito, sociedades Proveedoras de Servicios de Pago y sociedades Proveedoras No Financieras de Crédito (Fintech), como consecuencia del consumo esencial de bienes y servicios

El proyecto de ley, fundamenta la diputada Monzón, “busca una respuesta a la crítica situación de sobreendeudamiento que atraviesan las familias argentinas” que se describe como “uno de los principales factores de vulnerabilidad social y un freno estructural para la recuperación económica”.

Según el Informe de Estabilidad Financiera del BCRA (febrero 2026), la morosidad de las familias alcanzó el 9,3%, cifra que triplica los niveles de 2024 y afecta a 6,2 millones de ciudadanos.

En ese sentido, lo que se busca es facilitar la cancelación de pasivos de familias en situación de morosidad o riesgo de insolvencia garantizando el derecho al consumo básico y la estabilidad económica del hogar.

El proyecto propone que las entidades ofrezcan a simple solicitud del titular la reprogramación de las deudas originadas por consumo esencial bajo las siguientes condiciones mínimas:

1. Plan de pago de 36 cuotas mensuales.
2.  El Costo Financiero Total no podrá superar en ningún caso la Tasa Mayorista de Argentina vigente al momento de la solicitud.
3.  Eliminación de punitorios y gastos administrativos asociados.
4.  Período de gracia mínimo de 90 días para el inicio del pago.
5. La adhesión al plan implica la novación de la deuda, extinguiendo los intereses moratorios previos.

Monzón sostiene en el proyecto que “la naturaleza de la deuda ha mutado de forma alarmante. Diversos relevamientos coinciden en que el crédito ha dejado de ser una herramienta de inversión para convertirse en un "ingreso complementario" de subsistencia”.

A su vez sostiene que actualmente, “el 70% de los pasivos se contraen para cubrir necesidades básicas como alimentos, salud, educación y servicios públicos, con una deuda promedio que pasó de representar 1,5 salarios en 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025”, y cerró: “Una economía que obliga a las familias a endeudarse para comer no está funcionando”.