Tras las críticas políticas y sociales, la Casa Rosada envió al Congreso una versión corregida del Plan de Inteligencia Nacional que borra formulaciones que abrían la puerta al espionaje interno. La información fue revelada por el periodista Hugo Alconada Mon.
En silencio y sin anuncios públicos, el gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con los puntos más sensibles del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), el documento estratégico elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que había quedado bajo fuerte cuestionamiento por su redacción original. Según reveló Hugo Alconada Mon en una investigación publicada por La Nación, la nueva versión enviada al Congreso elimina o reformula los pasajes que habilitaban interpretaciones compatibles con tareas de espionaje ilegal dentro del país.
El PIN original, un texto secreto de unas 170 páginas desarrollado durante la gestión de Sergio Neiffert al frente de la SIDE, fijaba los lineamientos estratégicos de la política de inteligencia argentina. Sin embargo, tras su difusión periodística a fines de mayo, se encendieron las alarmas en sectores políticos, sociales y periodísticos por artículos que colocaban bajo la órbita de interés del sistema de inteligencia a actores que pudieran “erosionar” la confianza pública en el Gobierno, “distorsionar” la percepción social o afectar procesos “cognitivos” de la opinión pública.
De acuerdo con fuentes citadas por La Nación, esas formulaciones fueron suprimidas o acompañadas por aclaraciones explícitas en la versión corregida, que fue remitida nuevamente a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia luego de las elecciones de octubre. “Se eliminaron los aspectos más controvertidos y se receptaron la mayoría de las observaciones de los legisladores”, señaló una de las fuentes consultadas por Alconada Mon.
Uno de los ejes más cuestionados del texto original era la ambigüedad con la que la SIDE definía a los posibles sujetos bajo observación, sin distinguir entre amenazas externas y actores internos como economistas, periodistas, movimientos sociales u opositores políticos. También generaron preocupación las referencias a la manipulación informativa mediante nuevas tecnologías y a la supuesta afectación de procesos electorales, conceptos que, según las fuentes, fueron reformulados para circunscribirlos a acciones de origen extranjero.
Las correcciones habrían sido introducidas antes de la salida de Neiffert de la SIDE, con el objetivo de evitar mayores conflictos políticos y legales. En ese marco, el presidente Milei designó a Cristian Auguadra como nuevo titular del organismo, dando por cerrada una primera etapa de reorganización del sistema de inteligencia y anunciando el inicio de una fase de “modernización técnica y operativa”.
Desde el Congreso, sin embargo, persisten las dudas. La renovación parlamentaria dejó a la comisión bicameral en un limbo institucional, a la espera de la designación de sus nuevos integrantes, que deberán analizar formalmente la versión corregida del PIN. Mientras algunas interpretaciones sostienen que, sin dictamen definitivo, sigue vigente el documento original, otras fuentes aseguran que el Ejecutivo ya considera operativo el texto enmendado, más allá de la revisión legislativa.
La comisión bicameral estuvo presidida hasta el 10 de diciembre pasado por el radical Martín Lousteau; ahora la presidencia pasa a Diputados, donde está ahora el expresidente del radicalismo, aunque está claro que la presidencia de la bicameral estará en manos de un libertario.
La polémica se ve atravesada, además, por el decreto 941/2025, firmado por Milei sin debate parlamentario, que amplió las facultades de la SIDE, incluyendo la posibilidad de realizar detenciones sin orden judicial y el cruce masivo de datos personales. Para sectores de la oposición, ese decreto contrasta con la decisión de suavizar el PIN y mantiene abiertas las preocupaciones sobre el alcance real del sistema de inteligencia.
Según detalló La Nación, la reescritura del Plan de Inteligencia se produjo en paralelo a un acuerdo político poco visible entre legisladores oficialistas y de Unión por la Patria dentro de la comisión bicameral. En una misma reunión, ambas bancadas aprobaron el último año de gestión de la AFI durante el gobierno de Alberto Fernández y el primer año de funcionamiento de la SIDE bajo la presidencia de Milei, en una maniobra que benefició a los dos espacios.
Desde el kirchnerismo defendieron esa decisión en términos contables y presupuestarios, al señalar que no se detectaron irregularidades y que incluso se devolvieron fondos al Tesoro tras la caída de un DNU. Otros legisladores, en cambio, fueron más críticos y describieron el episodio como un entendimiento transaccional sellado al final de los mandatos de la mayoría de los integrantes de la comisión.
La discusión sobre el Plan de Inteligencia Nacional expuso, una vez más, la tensión entre el rediseño del Estado que impulsa el Gobierno libertario y los límites institucionales que fija la ley de inteligencia, que asigna al Congreso la tarea de control parlamentario para garantizar el respeto de las garantías constitucionales. Con el texto corregido aún bajo revisión, el debate sobre hasta dónde puede llegar el poder de los organismos de inteligencia sigue abierto.