El diputado nacional Eduardo Valdés (UP) presentó un proyecto de resolución para solicitar informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre la situación de la salud mental en la Argentina y advirtió sobre el deterioro del sistema y la falta de información oficial. “La crisis de salud mental es alarmante y el Estado no puede mirar para otro lado. Es imprescindible saber qué está haciendo el Gobierno frente a esta situación, si es que está haciendo algo o simplemente está abandonando a su suerte a las personas que necesitan asistencia”, sostuvo.

La iniciativa solicita precisiones al Ministerio de Salud de la Nación sobre el presupuesto asignado y ejecutado en el área, el funcionamiento de la Dirección Nacional de Salud Mental, la implementación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio y las políticas públicas destinadas a abordar el aumento de los padecimientos psíquicos en la población.

En los fundamentos del proyecto, Valdés remarca que la situación se agravó en los últimos años y que existe una creciente demanda en el sistema público. “Estamos ante un escenario de alta vulnerabilidad emocional, con un incremento sostenido de consultas, internaciones y casos vinculados a consumos problemáticos, en un contexto de crisis económica y social”.

El legislador puso especial énfasis en el aumento de los suicidios y de los intentos de suicidio, en particular entre jóvenes, y sostuvo que se trata de un problema estructural. “Requiere políticas públicas urgentes, integrales y sostenidas en el tiempo. No podemos naturalizar cifras que expresan sufrimiento y abandono”.

Entre los puntos centrales del pedido de informes se incluye información sobre la posible interrupción de programas, el acceso a medicamentos, el funcionamiento del Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA) y el estado de dispositivos clave como residencias y redes de atención. También se solicita conocer si existen planes específicos para asistir a las familias afectadas por estas problemáticas.

Valdés advirtió además sobre el impacto del ajuste en áreas sensibles del Estado. “El deterioro de las condiciones de vida, la precarización laboral y el desfinanciamiento de políticas públicas tienen consecuencias directas en la salud mental de la población”.

Por último, subrayó la necesidad de fortalecer un enfoque comunitario y de garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes. “La salud mental es un derecho. El Estado tiene la obligación de garantizar acceso, prevención y acompañamiento. No hacerlo es abandonar a miles de argentinos y argentinas”.