Un grupo de fundaciones ambientalistas presentaron ante la Justicia una medida cautelar para que se le ordene al Congreso "garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos" para las audiencias públicas sobre la reforma de la Ley de Glaciares. Al mediodía de este viernes, último día para anotarse, la lista ascendía a casi 100 mil.

Tal como adelantó parlamentario.com, las organizaciones realizaron la presentación este jueves, la cual recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico.

El escrito fue impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fundación Greenpeace Argentina.

En la presentación, las fundaciones solicitan "la readecuación del cronograma de audiencias previsto para el 25 y 26 de marzo, mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales, así como la adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir la participación oral y efectiva de las personas inscriptas".

"En particular, se requiere que el Congreso se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral -como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a YouTube- por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública", reclamaron en relación al formato diseñado desde las autoridades de las comisiones competentes de la Cámara de Diputados.

Asimismo, solicitaron la designación de veedores judiciales que supervisen el desarrollo de la audiencia, tanto presencial como virtual, "a fin de garantizar su adecuada realización conforme a los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú".

Anticipando que, de no garantizarse la readecuación del cronograma, plantearán la nulidad del formato adoptado y "de toda irregularidad o vicio que acontezca durante la audiencia pública", en el escrito apuntaron que "para el caso de no poder garantizarse de modo inmediato el derecho de participación en condiciones adecuadas, se solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar que disponga la suspensión del trámite parlamentario y del debate en el recinto del mencionado proyecto de ley, hasta tanto se respete el principio de oralidad y la participación social integral".

Además, reclamaron darle celeridad al tratamiento de la medida cautelar ante "el peligro inminente que acecha sobre la participación social y la libertad de expresión de la ciudadanía, la cual podría verse censurada por una ilegal conducta estatal".

"De permitir que esto suceda, las audiencias públicas se verán convertidas la semana próxima en un mero simulacro de participación, atentando contra la democracia ambiental y violando nuestro derecho vigente", agregaron y remarcaron que "resulta sumamente extraño que se apresure tanto el procedimiento cuando no existe ninguna explicación en los fundamentos del proyecto de ley de por qué motivo se busca debatir a las apuradas sobre una cuestión tan elemental como lo es el derecho humano al agua".

En otro párrafo, indicaron que "si bien la extraordinaria cantidad de personas inscriptas configura sin duda un desafío organizativo para el desarrollo de la audiencia pública, tal circunstancia no puede erigirse en fundamento válido para restringir el derecho de participación previamente reconocido a la ciudadanía".