La diputada nacional Gabriela Estévez, recientemente designada al frente de la Comisión de Mujeres y Diversidad, presentó un proyecto de ley que propone avanzar hacia la paridad de género en la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La iniciativa establece que al menos el 50% de los integrantes del máximo tribunal deberán ser mujeres y que, además, la presidencia de la Corte sea ejercida de manera alternada por un hombre y una mujer en los distintos períodos.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de las diputadas y diputados María Teresa García, Gabriela Pedrali, Carlos Castagneto, Hilda Aguirre, Sergio Palazzo y Alejandrina Borgatta, y se inscribe en una agenda que busca incorporar de manera efectiva la perspectiva de género y diversidad en uno de los poderes clave del Estado.

Vale recordar que hoy el Tribunal Superior cuenta con solo tres de los cinco miembros que corresponderían -todos varones-, razón por la cual la cobertura de esos lugares con mujeres acercaría el número a una paridad completa. Pero en el articulado, la propuesta señala que el principio de paridad deberá respetarse incluso si se modifica el número de integrantes de la Corte Suprema, y que su cumplimiento se dará a medida que se produzcan vacantes. También dispone que, al momento de las designaciones, se tenga especialmente en cuenta la formación de los futuros ministros y ministras en materia de género y diversidad, bajo el argumento de que las decisiones judiciales tienen un impacto directo y profundo en la vida de las mujeres y de las personas del colectivo LGTTBIQ+.

En los fundamentos, Estévez advierte sobre la histórica ausencia de mujeres en la conducción del máximo tribunal y remarca la falta de reglas claras en relación con la duración de las presidencias. Allí repasa los últimos mandatos y subraya que, en las últimas décadas, la Corte fue presidida exclusivamente por varones, con períodos que en algunos casos se extendieron por más de una década. Frente a ese escenario, la iniciativa propone mantener el sistema de elección vigente, con mandatos de tres años, pero incorporando la alternancia de género como criterio obligatorio.

El proyecto también pone el foco en la necesidad de una “reforma feminista del Poder Judicial”, al señalar que sin perspectiva de género no se garantiza plenamente la protección de los derechos de las mujeres. En ese marco, recuerda antecedentes como la designación de Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay durante la presidencia de Néstor Kirchner, un hecho que marcó un punto de inflexión en la historia de la Corte y habilitó fallos con una mirada más amplia en materia de derechos, resalta la autora del proyecto.

Recordemos también que la primera mujer en integrar el máximo tribunal fue Margarita Argúas, en 1970.

En un país vecino como Chile, Gloria Ana Chevesich se acaba de convertir en la primera mujer presidenta de la Corte Suprema (fue designada el pasado 6 de enero).

La iniciativa suscripta por Gabriela Estévez se apoya en compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Plataforma de Acción de Beijing, que destacan la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de toma de decisiones como una condición básica de la democracia. En la misma línea, se mencionan avances legislativos como la Ley de Cupo Femenino y la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, como parte de un proceso más amplio hacia la igualdad real.

En un contexto en el que existe al menos una vacante en la Corte Suprema y el debate sobre su integración vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política, el proyecto de Estévez busca instalar la paridad como un principio estructural y no como una excepción. Para sus autores, se trata de un paso necesario para democratizar el Poder Judicial y garantizar que la perspectiva de las mujeres esté representada en las decisiones más trascendentes del sistema institucional argentino.